
Colombia votó en tranquilidad: dos candidatos capturados y cerca de 4.000 millones de pesos fueron incautados
Los organismos de control entregaron un parte de tranquilidad tras el cierre de las urnas en Colombia. Veintisiete puestos de votación fueron trasladados y al menos 100 personas capturadas, incluidos dos candidatos fueron los picos de la jornada. Balance.
La captura de dos candidatos al Congreso de la República es el hecho más relevante en materia de seguridad en la jornada electoral que vivió Colombia este domingo en los comicios para Senado, Cámara de Representantes y las consultas para definir candidatos presidenciales.
El primer detenido fue el exgobernador del Amazonas, Víctor Hugo Moreno, quien realmente fue capturado en la noche del sábado con 15 millones de pesos en efectivo en su carro, que intentó arrojar a una zona boscosa cuando los patrulleros de la Policía se acercaron a hacer un control. Moreno habría intentado sobornar a los agentes de Policía y, por eso, fue imputado por la Fiscalía por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Moreno no aceptó el cargo y el juez de control de garantías que dirigió la audiencia le impuso medidas no privativas de la libertad como presentarse ante la autoridad cuando sea requerido, observar buena conducta, no comunicarse con determinadas personas y, en este caso concretamente, no acercarse a los policías que participaron de su captura.

El segundo candidato detenido fue Freddy Camilo Gómez Castro. Su caso no tiene que ver con las elecciones, sino por el proceso investigativo que se adelanta en contra de la red de corrupción del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Gómez Castro fue detenido cuando fue a votar por supuestamente ser un articulador entre la red ilegal y funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y de la Rama Judicial.
Según las pesquisas, se buscaba que, a cambio de dinero, los uniformados permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal. Por estos mismos hechos fueron detenidos los exagentes de Policía José Luis Olaya Caicedo, Édgar Humberto Bacca Sánchez, Faudel Luis Salazar Piñeros y Juan Miguel Jaramillo Mora. Estas personas serán imputadas por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado
Reportes de quejas e irregularidades
La Policía Nacional reportó, por su parte, con corte a las cuatro de la tarde, la captura de 88 personas por delitos electorales y la incautación de 3.761 millones de pesos. La mayoría de ese dinero fue incautado en Montería, Córdoba, con 434 millones de pesos, seguido de Sincelejo con 275 millones de pesos; Puerto Triunfo y La Pintada en Antioquia con 243 y 212 millones de pesos respectivamente.
Igualmente, en Palmira se incautaron 184 millones de pesos, en Buenaventura 162 millones, en Urabá 150 millones y en Barrancabermeja 137 millones, entre otras ciudades. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, hizo “un llamado a las organizaciones políticas a fortalecer sus procesos de selección de candidatos y a asumir su responsabilidad ética y política en la entrega de avales”.
Igualmente, la Fiscalía reportó 19 capturas por delitos electorales en Bogotá, Antioquia, Tolima, Bolívar, Cauca y Caldas; así como otras 18 capturas por orden judicial, es decir, de personas que ya tenían cuentas pendientes con la justicia.
Con corte a las cinco de la tarde, la Procuraduría indicó que recibió 1.379 denuncias o quejas relacionadas con presuntas posibles irregularidades electorales en todo el territorio nacional, así como se recibió información de que al menos 10.329 jurados no asistieron a los puestos asignados.
Entre tanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que debido a la temporada de lluvias que atraviesa el país fueron trasladados en total 27 puestos de votación.
“El día de hoy en la mañana fueron trasladados siete de estos. Cinco en el departamento de Cauca, en los municipios de Caldono, López de Micay y Corinto; uno en Antioquia, en el municipio de San Andrés de Cuerquía. En la jornada de la tarde se reportó el traslado de uno más en el municipio de San José del Palmar, en el Departamento del Chocó. Estos traslados afectaron por lo menos a 77.559 personas habilitadas para votar”, dijo la MOE.
Los partidos políticos Mira y el Pacto Histórico hicieron reportes sobre dificultades para el acceso de testigos electorales a los puestos de votación debido a fallas en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. “En algunos casos, los testigos aparecían registrados en puestos o municipios diferentes a aquellos para los que fueron acreditados”, indicó Barrios.
Además, el Centro Democrático y el Grupo Significativo de Ciudadanos Imparables informaron que durante la jornada electoral persistió la desinformación en torno al tarjetón de la consulta de precandidaturas presidenciales.
De otro lado, la MOE recibió 449 reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades y delitos electorales, provenientes de 151 municipios, distribuidos en 22 departamentos y Bogotá, además de ocho reportes registrados en el exterior. El 39 por ciento de los reportes tienen que ver con supuestos incumplimientos en los procedimientos por parte de algunos jurados de votación, como entrega incorrecta de tarjetas electorales, uso de celulares durante la jornada o ausencia de jurados en determinados puestos.
“El 30 por ciento de los reportes corresponden a casos relacionados con la entrega de material de campaña durante la jornada, la permanencia de publicidad en inmediaciones de los puestos de votación, actos de proselitismo político acompañados del uso de prendas o símbolos asociados a candidaturas, así como la instalación de comandos de campaña cerca de los puestos de votación”, indicó la entidad.
Y el 26 por ciento de estos reportes corresponden a posibles afectaciones a la libertad del voto como presuntas entregas de dádivas, presiones o intentos de inducir el sentido del voto. También se reportan posibles entregas de dinero en cercanías de los puestos de votación, otros casos refieren la toma de fotografías al voto, práctica que podría utilizarse para verificarse el sentido del voto a fin de ser pagado.
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