La sed como botín electoral: la crisis detrás del intercambio de agua por votos en Aguachica

Leydy Torres llevaba más de dos semanas sin agua en su casa. Cada día, como muchos vecinos de Aguachica, dejaba los baldes listos a la espera de que el escaso líquido finalmente llegara. Pero aquel día, mientras un carrotanque cargado de agua recorría las calles de su barrio, la manguera pasó frente a su puerta sin derramar una sola gota.

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Salió a observar el carrotanque de 12 llantas que avanzaba lentamente por las estrechas calles de su barrio y observó que el vehículo estaba cubierto de un cartel que ocupaba casi toda la carrocería de lado a lado. A la izquierda, el rostro de Didier Lobo, senador que busca repetir cuatrienio con el aval de Cambio Radical; a la derecha, el de ‘Ape’ Cuello, candidato conservador a la Cámara de Representantes por el Cesar.

El conductor y el encargado de la distribución del agua, ambos con camisetas y gorras de las campañas de Lobo y Cuello, ayudaban a los vecinos a llenar sus baldes y a llevarlos hasta la puerta de sus casas. Antes de abrir las mangueras, se repartían formularios para que los habitantes consignaran su información personal, reconocieran ser beneficiarios y confirmaran su respaldo a los aspirantes al Congreso.

La aguachiquense Leydy Torres explicó a CAMBIO que a su casa ni siquiera llegaron con las planillas. Al ver el afiche de otro candidato colgado en su fachada, el carrotanque continuó su recorrido por el municipio. Según los habitantes, gran parte de la comunidad también se quedó sin acceso al líquido debido a su respaldo a otras campañas locales.

“Ellos vieron que en nuestras casas había niños, pero no importó. Es decir, que solo por el voto repartían agua. Todos necesitamos el agua, que es para sobrevivir. Entonces, tenemos que montar a los candidatos que nos digan para que nos den una gota de agua”, explicó otra habitante del municipio en un video, conocido por CAMBIO, en el que denunció el uso político del recurso hídrico.

Víctor Roqueme, el empresario detrás de los carrotanques y el poder local

Junto al rostro y número en el tarjetón de los candidatos Lobo y Cuello aparecía también el nombre de un empresario reconocido en Aguachica y otros municipios del Cesar. En la parte baja de los carteles pegados en los carrotanques que recorrieron el municipio durante más de una semana se leía claramente: “Apoya: Víctor Roqueme”.

El financiador de la distribución de agua en plena época de escasez no solo es un empresario influyente en el departamento. Es padrino político y tío de Greisy Tatiana Roqueme, actual alcaldesa de Aguachica, y padre del anterior mandatario municipal, quien llevaba su mismo nombre. Víctor Roqueme hijo fue el mandatario más joven del país electo en 2023 y falleció por leucemia en agosto de 2024.

Líderes comunitarios de Aguachica coinciden en que Víctor Roqueme ha liderado iniciativas para entregar agua, kits escolares y artículos de primera necesidad a comunidades vulnerables durante los últimos años, más allá de la época electoral. Sin embargo, también sostienen que su respaldo a candidaturas locales es considerado como fundamental por los aspirantes debido a su influencia política en el territorio.

“Hoy quieren deslegitimar mi trabajo social a punta de mentiras y engaños, como bien saben hacerlo en épocas electorales. Siempre tienen que ser criticados los actos de amor, porque no pueden con hechos tumbar el amor que tengo por Aguachica”, respondió a través de sus redes sociales Roqueme, quien también difundió reportes de medios locales que lo presentaron como “un empresario con una vida dedicada a servir y transformar corazones”.

En diálogo con CAMBIO, el presidente del Concejo de Aguachica, Elmer Contreras, cuestionó que en este caso los candidatos aprovechen la escasez de agua que enfrenta el municipio desde inicios de año para obtener réditos electorales. Además, rechazó que mientras los hogares carecen de agua, los carrotanques accedan a fuentes hídricas del municipio para distribuir el recurso de manera selectiva.

Didier Lobo y ‘Ape’ Cuello: los rostros de la campaña en Aguachica, en medio de la crisis hídrica

Didier Lobo Chinchilla nació en Becerril (Cesar). Comenzó su carrera política como concejal de La Jagua de Ibirico en 2008, antes de ser elegido alcalde de ese mismo municipio tres años después. Llegó al Senado en 2018 con el respaldo de Cambio Radical y del Clan Gnecco, y fue reelegido por esa misma colectividad en 2022 tras obtener cerca de 70.000 votos.

En marzo de 2020, la Procuraduría sancionó a Lobo por sobrecostos de más de 3.000 millones de pesos en paquetes para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes. Según el Ministerio Público, el exalcalde vulneró los principios de economía y de responsabilidad al firmar un contrato que derivó en un detrimento patrimonial.

‘Ape’ Cuello es representante a la Cámara por el Cesar y uno de los congresistas con mayor estructura territorial en el departamento. Cuenta con 17 alcaldes aliados de los 25 que integran la región y ha consolidado a su ‘Equipo azul’, una red política propia que en 2022 le permitió obtener más de 55.000 votos y ser el representante más votado en la historia de Cesar.

En la más reciente legislatura, Cuello respaldó iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso, coordinó apoyos y logró acuerdos entre bancadas. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Cuello es uno de los congresistas investigados por la Corte Suprema por el presunto desvío de fondos del OCAD Paz, la instancia del Sistema General de Regalías encargada de aprobar proyectos de inversión para iniciativas del Acuerdo de Paz.

Cuello cerró su campaña al Congreso con concentraciones multitudinarias en el departamento y, según su equipo, el último encuentro realizado en Valledupar reunió a más de 30.000 personas. CAMBIO conoció que el acto público llevado a cabo en el departamento, que contó con parranda vallenata y presencia en tarima de otros aspirantes del ‘Equipo azul’, también recibió el apoyo económico del empresario Víctor Roqueme.

“Nos obligan a elegir entre el agua y el voto”: Francisco Peláez, el abogado que denunció el caso de los carrotanque en Aguachica

Francisco Peláez conoce de cerca la escasez de agua en Aguachica. “Aquí el líquido llega cada 15 o 20 días, a veces incluso cada mes. No es de ahora, esto sucede desde hace 30 o 40 años”, explicó. Para él, la distribución de carrotanques por parte de la empresa de servicios públicos era una medida necesaria para mitigar la falta del servicio en los barrios, hasta que la situación se politizó.

El abogado, uno de los primeros en denunciar los hechos en redes sociales y quien posteriormente interpuso una denuncia ante la Fiscalía, relata que el mecanismo consistía en negar el agua a quienes no apoyaban a ciertos candidatos. “Si en la ventana había un cartel de otro aspirante, decían que entonces eran esos candidatos quienes debían enviar el agua. Eso es constreñimiento del sufragante”, insiste.

En diálogo con CAMBIO, Francisco aseguró que estas acciones lo pusieron a él y a su familia en riesgo. Después de hacer pública la denuncia, recibió amenazas directas: desconocidos llegaron a su casa, un hombre armado merodeó su predio, y una fuente anónima le advirtió que él y su hermano estaban en la mira de organizaciones como el Clan del Golfo.

El jurista explica que luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara a la Policía capturar a los autores materiales e intelectuales del presunto delito, la entrega de agua comenzó a regularizarse y los carrotanques con propaganda electoral dejaron de circular. Sin embargo, advierte que la presión electoral no se limita a los recursos hídricos: hay denuncias de compra de votos, un presunto caso de constreñimiento en entidades públicas y alertas por el posible trasteo de votos en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Tras presentar la denuncia, Peláez solicitó medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección y también entregó información adicional a la Fiscalía sobre las recientes amenazas que ha recibido. Además, explicó que agentes de la DIJIN llegaron desde Bogotá para recopilar evidencia, pero que la investigación se ha retrasado debido a que los habitantes se niegan a dar acceso a cámaras de seguridad o a testificar por temor a represalias. “Denunciar penalmente puede ser arriesgado, pero es necesario para que dejen de usar el agua con fines electorales”, concluye.