Tribunal del Meta exige decisión de fondo al CNE sobre denuncias de presunto trasteo de votos para curules de paz en el Guaviare

Días atrás, el Tribunal Administrativo del Meta admitió una tutela de la Asociación Red de Mujeres Vereda La Y (Asoyerural) contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil por no realizar labores de verificación en un caso de presunta trashumancia electoral en el departamento del Guaviare. Este 3 de marzo, el tribunal les dio la razón y amparó sus derechos al debido proceso electoral, la participación política, la igualdad y los derechos de las víctimas.

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La trashumancia electoral, también conocida como trasteo de votos, es una modalidad de fraude que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al de residencia. De comprobarse, puede dar lugar a la anulación de esas inscripciones y acarrear penas de prisión de cuatro a nueve años, además de multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Como explica en la tutela, Asoyerural evidenció un inusual incremento en las inscripciones de cédulas en puestos de votación del sector rural del departamento, particularmente en zonas donde se eligen las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) para la Cámara de Representantes.

Las Citrep corresponden a 16 curules destinadas exclusivamente a víctimas o habitantes de territorios con alta incidencia del conflicto armado. Cada una representa un territorio.

En este caso, Asoyerural alerta sobre la Citrep 7, es decir, el territorio que comprende ocho municipios del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa. Y cuatro municipios del departamento del Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

Lo llamativo es que en estas curules no votan los ciudadanos de las cabeceras municipales. Solo pueden hacerlo quienes residen en las zonas rurales de los municipios que integran cada Citrep. Por eso, la asociación sospecha que el aumento irregular de inscripciones estaría relacionado con la elección de la curul Citrep 7 en los comicios del 8 de marzo.

Para ponerlo en cifras, el grupo de mujeres denunció que, mientras el censo electoral general del Guaviare tuvo un crecimiento del 24 por ciento entre 2019 y 2023, de ese año a las elecciones de 2026 algunos puestos rurales específicos presentan incrementos superiores al 1.500 por ciento. La denuncia se refirió particularmente a estos puestos, todos dentro de la Citrep 7:

• Institución Educativa Agua Bonita, sede Santo Domingo, San José del Guaviare.
• Institución Educativa Agua Bonita, sede Rafael Pombo, San José del Guaviare.
• Institución Educativa Puerto Arturo, San José del Guaviare.
• Institución Educativa San Isidro Uno, El Retorno.
• Cerritos, El Retorno

El Tribunal del Meta hizo sus propios cálculos sobre el presunto aumento irregular de votos

El tribunal realizó su propio análisis del censo electoral de la Citrep 7 y concluyó que, entre el censo electoral de esa circunscripción para las elecciones legislativas de 2022 y el potencial censo electoral para los próximos comicios del 8 de marzo de 2026, existe un aumento considerable de ciudadanos inscritos en los municipios que la integran. Se destacan los siguientes casos:

• Uribe, con 1.475 inscripciones más en relación con el censo electoral de marzo de 2022.
• San José del Guaviare, con 4.855 inscripciones más en relación con el censo electoral de marzo de 2022.
• Calamar, con 1.751 inscripciones más en relación con el censo electoral de marzo de 2022.
• El Retorno, con 1.643 inscripciones más en relación con el censo electoral de marzo de 2022.

También examinó la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la población mayor de 18 años en las zonas rurales de los municipios que integran la Citrep 7 y la contrastó con el número de personas inscritas en el potencial censo electoral para los comicios de marzo. Con este análisis, el tribunal evidenció un desfase en San José del Guaviare. Según el tribunal, allí se registran 2.611 inscripciones más que las proyectadas.

Ante estos hallazgos, el tribunal determinó que sí existen indicios suficientes de un presunto aumento irregular de votos para iniciar, ya sea de oficio, las investigaciones relacionadas con la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en dichos municipios.

El Tribunal del Meta jaló de las orejas al CNE

Según el tribunal, durante el trámite de esta tutela el apoderado adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial del CNE argumentó que la Citrep no corresponde a una elección de autoridad local y, por tanto, el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía (establecido en la Resolución 2857 de 2018) no se aplica en este caso.

El tribunal, por su parte, contraargumentó esta afirmación: “Contrario a lo afirmado, sin soporte alguno, por el apoderado del CNE, que las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz no son propiamente unas elecciones nacionales que están excluidas del procedimiento breve y sumario de trashumancia electoral, sino que, por el contrario, tienen un impacto local que implica que el fenómeno de la trashumancia puede afectar su legitimidad”, dijo.

Y en otra parte del fallo se lee: “En otras palabras, ha sido la inacción del CNE en el cumplimiento de sus atribuciones, al no definir de manera oportuna el procedimiento por él mismo previsto respecto de la inscripción de cédulas, quien ha conducido a la situación que debió resolver esta Sala”. 

Por eso, el tribunal ordenó al CNE que, en el término de los dos días siguientes a la notificación de esta providencia profiera una decisión de fondo en el caso del aumento irregular de inscripciones de cédulas y remita las decisiones que emita a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, ordenó a la Procuraduría verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia de tutela.

Según el fallo, si ninguna de las partes presenta una impugnación, entonces el expediente deberá enviarse a la Corte Constitucional para su eventual revisión.