Elecciones bajo asedio: los grupos ilegales enturbian y toman el protagonismo de la campaña
Un supuesto audio atribuido a las disidencias de ‘Calarca’, objeto de debate entre los candidatos a 15 días de ir a las urnas. Fotoilustración: Kimberly Vega - CAMBIO.
A 15 días de las elecciones presidenciales, el CNE, la MOE y la Defensoría le exigen al Gobierno mayores esfuerzos para evitar el constreñimiento electoral. El candidato Iván Cepeda reitera su rechazo a supuestos apoyos de organizaciones armadas ilegales. Sus rivales aprovechan un audio y arremeten contra él.
Por: Armando Neira
En la campaña de Iván Cepeda están convencidos de dos cosas: que van a ganar las elecciones presidenciales y que, en ese camino, sus adversarios pondrán todos los obstáculos posibles para impedirlo.
En ese contexto explican que la controversia generada en las últimas horas —tras conocerse unos audios en los que un supuesto jefe de las disidencias en Guaviare, subordinado a ‘Calarcá’, dice: “Ojalá gane el compañero Cepeda”— corresponde a uno de los palos en la rueda que le atravesarán al aspirante del Pacto Histórico.
“Primero señalaban que no habría elecciones y que el presidente Petro se quedaría en el poder suspendiendo el calendario electoral”, recuerda el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, uno de los hombres fuertes en el equipo del candidato de izquierda. “Ahora que estamos a dos semanas de la primera vuelta y los colombianos elegirán un nuevo jefe de Estado, pretenden deslegitimar el triunfo de Iván Cepeda por supuestas presiones de grupos armados en algunas zonas del país”, afirma.
Cristo y Cepeda coinciden en que hay que investigar cualquier denuncia y en que el candidato ya había rechazado cualquier intromisión de organizaciones criminales. “Reitero la posición que hice pública en días pasados: Iván Cepeda Castro denuncia presiones de grupos armados para influir en el electorado y exige sanciones”, escribió el senador, quien encabeza la intención de voto en todas las encuestas. “Habrá elecciones seguras y transparentes”, asegura Cristo.
Pero una cosa es lo que se dice en las declaraciones oficiales y otra la que se vive en los territorios. En el departamento del Guaviare, por ejemplo, a sus habitantes no los desvelan unos audios, por más escandalosos que suenen, sino la guerra por el control del territorio entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Allí, en ocasiones, es difícil saber quién disparó, como ocurrió en el reciente ataque en el que murieron cuatro militares en una zona rural de San José del Guaviare.
Todos contra Cepeda
Lo cierto también es que la presión de los grupos armados fue el tema central de este jueves, a solo 15 días de que los colombianos vayan a las urnas, y del que intentaron sacar provecho todos los rivales de Cepeda. Parodiando a Lope de Vega: “Como en Fuenteovejuna, ¡todos a una!”.
Así, por ejemplo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, se mostró convencida de que su rival es beneficiario de la presión armada. “‘Ojalá gane el compañero Iván Cepeda’, dicen las disidencias de ‘Calarcá’, mientras obligan a votar a punta de fusil. La Paz Total se volvió la herramienta de campaña de Petro y su candidato”.
Claudia López, desde el centro político, le puso cifras al asunto: “Iván Cepeda, cinco millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias Calarcá invita abiertamente, a través de sus lugartenientes, a votar por su candidatura”.
Enrique Gómez, de la campaña de Abelardo de la Espriella, ironizó: “No le duró ni una hora la mentira a Benedetti”, en referencia a que el ministro del Interior había dicho en Manizales, durante una sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que la transparencia del proceso estaba garantizada.
Al margen de las grabaciones —que comenzaron a circular en chats comunitarios de zonas rurales del Guaviare, y en las que se escucha a un hombre identificado como Rogelio Benavides hablando sobre controles territoriales, cobros económicos, reuniones obligatorias y amenazas contra campesinos de la región, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades—, existe una preocupación creciente entre distintos observadores. Todos coinciden en que el Gobierno nacional debe redoblar esfuerzos para evitar el constreñimiento de los electores.
Un territorio de riesgos
No la tiene fácil, como advierte el analista Carlos Arias, experto en comunicación política, quien subraya que en vastos sectores los informes recientes pueden ser interpretados “como aterradores y riesgosos para la democracia”. ¿Por qué? Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el Clan del Golfo tiene injerencia en 296 municipios, el ELN en 258 y las disidencias en 227, lo que consolida un total de 386 municipios en riesgo por factores de violencia.
Para este experto, estos indicadores eclipsan las garantías electorales y evidencian que los grupos armados ilegales —que han negociado durante los últimos cuatro años con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la Paz Total— pueden intervenir y afectar la decisión de voto en favor del candidato oficialista.
“No se trata solo de los datos en frío, sino de que muchos de esos grupos están a la expectativa de que continúe la paz total y, eventualmente, de impulsar una Constituyente para blindarla”, asegura.
En efecto, la MOE ha encendido sus alarmas con creciente intensidad para garantizar que cada ciudadano vote en absoluta libertad. El 4 de febrero presentó su libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones Nacionales 2026, elaborado por 37 analistas de 17 instituciones.
El estudio destacó que, mientras en 2022 había 131 municipios en riesgo por coincidencia de factores de fraude y violencia, para 2026 la cifra subió a 170, un incremento del 29,7 por ciento. Lo más alarmante: los municipios en riesgo extremo pasaron de 49 a 81, un crecimiento del 65,3 por ciento.
Un problema que crece
De esos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Los focos críticos se concentran en Arauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano —Meta, Caquetá y Guaviare— y el medio y bajo Putumayo.
En un informe del 4 de marzo, la MOE reportó que los municipios en riesgo consolidado aumentaron de 170 a 185, de los cuales 94 están en riesgo extremo. La directora Alejandra Barrios Cabrera llamó especialmente la atención sobre Cauca, con 21 municipios en riesgo extremo, y Antioquia, con 20.
Aunque en las elecciones del 8 de marzo no hubo reportes de presión decisiva de grupos ilegales, en su actualización con corte al 30 de abril la MOE insistió en que no hay que bajar la guardia: identificó 386 municipios en riesgo por factores de violencia, equivalentes al 34,4 por ciento del país. De ellos, 139 están en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio. Los departamentos más afectados son Cauca, con 28 municipios en riesgo extremo, y Antioquia, con 17.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también ha venido elevando el tono de sus alertas y señalando una brecha persistente entre los riesgos identificados y la respuesta institucional del Estado. Sus preocupaciones se centran en las gobernanzas armadas ilegales, las amenazas contra líderes sociales, la violencia política de género y el deterioro del debate público.
Tanto la Defensoría como la MOE coinciden en advertir sobre el aumento de narrativas desinformativas que buscan desacreditar el sistema electoral, mediante acusaciones de fraude y supuestas manipulaciones de la Registraduría.
La defensa del ministro
Como si no fuera suficiente, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, manifestó en las últimas horas su profunda preocupación por el deterioro del orden público y la ausencia de garantías suficientes para el desarrollo de la jornada electoral. A través de una carta dirigida al ministro Benedetti, Prada advirtió que el panorama actual representa un riesgo inminente para la transparencia y la libertad del sufragio en distintos puntos del país.
Según el documento, las condiciones de seguridad se han deteriorado por el avance de grupos armados ilegales y la falta de una estrategia de protección integral que brinde confianza tanto a candidatos como a ciudadanos. Benedetti respondió de manera tajante: “Su declaración parece más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”.
La analista política María Lucía Jaimes señala que esta situación vuelve a poner en evidencia dos problemas graves de cara a las elecciones. Por un lado, el aumento de la violencia y las presiones de grupos armados en plena campaña preelectoral, lo que termina afectando la libertad con la que la gente puede votar en muchos territorios. Y, por otro, los vacíos institucionales que persisten para controlar realmente la financiación y la infiltración de dineros ilegales en las campañas.
Jaimes advierte que hoy el CNE tiene capacidades limitadas y, además, una fuerte politización, lo que dificulta el seguimiento efectivo de este tipo de situaciones. Por eso, el debate no es solo de seguridad, sino también de inteligencia, control territorial y transparencia electoral. A dos semanas de las urnas, el gran reto sigue siendo garantizar que la gente pueda votar libremente y que exista confianza en el proceso democrático.
“Es un ambiente indeseado por los colombianos, pero provocado por los grupos criminales que quieren hacer presencia armada con incidencia electoral”, dice el analista Pedro Viveros. Para él, estas organizaciones buscan incidir en el resultado y, al mismo tiempo, dejar claro en época electoral que ellos gobiernan esos territorios. “Son delincuentes que buscan protagonismo en las elecciones”.
En este escenario, a Cepeda le cae parte del costo político porque sus rivales aprovechan para endilgarle que es el arquitecto de la paz total. “La mala estrategia de la Paz Total potenció el apetito de las bandas criminales para ejercer presión en el proceso electoral”, sostiene Viveros.
Y es que el mensaje escuchado en los audios es inquietante. Para él, no hay rechazo que valga: lo único que garantiza estabilidad en esas zonas es la recuperación estatal mediante presencia militar y social. No hay posibilidad de que el voto sea limpio cuando los discursos y las promesas de un nuevo gobierno son reemplazados por la coerción de un balazo.
¿Es responsable la Paz Total?
El también analista Gabriel Cifuentes considera que lo señalado por los diferentes informes es preocupante y pone en grave riesgo la libertad electoral en diversos territorios, haciendo imposible el proselitismo en varias regiones. “El constreñimiento al elector mina la democracia y es inaceptable, opacando cualquier resultado electoral. Es claro que a los grupos armados no les conviene la llegada de un candidato que los enfrente de manera frontal. Durante los últimos años, al amparo de la política de paz total, han crecido y se han enriquecido”, afirma.
En este contexto, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, la sensación es que muy poco puede hacer el Gobierno para evitar que se materialicen hechos de constreñimiento electoral. No basta con reforzar la seguridad en los territorios, donde además la violencia parece desbordada.
Cepeda, por su parte, se mantiene firme en sus argumentos: “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presión al elector. Ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo, en mi condición de candidato presidencial, aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”.
En síntesis, el episodio ha agudizado la polarización entre los candidatos a pocos días de la primera vuelta: los rivales de Cepeda lo han utilizado para atacarlo con todo políticamente, mientras él ha optado por rechazar cualquier injerencia armada y pedir investigaciones.
Era, lamentablemente, lo que faltaba: que los grupos armados ilegales terminaran siendo los protagonistas de la campaña electoral.
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