¿Qué está pasando en Ecuador?: tensión social y ataques contra el presidente Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa enfrenta una de las crisis más complejas que se han registrado en Ecuador desde su llegada al poder en noviembre de 2023. Una decisión polémica, que ha generado protestas masivas en otras administraciones, en este caso también derivó en una serie de manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. 

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El pasado 12 de septiembre, el mandatario ecuatoriano confirmó su decisión de eliminar los subsidios al diésel, que han regido en el vecino país por más de cinco décadas. A través del decreto ejecutivo 126, Noboa ordenó suspender el apoyo económico entregado desde 1974 para enfrentar el déficit fiscal y redireccionar los recursos hacia programas sociales. 

La ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, ha reiterado que la iniciativa busca garantizar un ahorro en el gasto estatal superior a los 1.100 millones de dólares. Así mismo, la administración del vecino país explicó que el dinero destinado a los subsidios sería destinado a incentivos productivos y medidas más eficientes que los subsidios vigentes.

El Gobierno de Noboa ha insistido en que implementará una compensación económica para evitar un aumento significativo en el valor de los pasajes de transporte público y respaldar la labor de los transportadores. Sin embargo, la eliminación de subsidios provoca un aumento del precio final del 55,5 por ciento: el hidrocarburo comercializado en estaciones de servicio pasó de costar 1,80 dólares a ser vendido en 2,80. 

En rechazo a la medida, organizaciones sociales e indígenas han convocado movilizaciones en diferentes ciudades para exigir que los subsidios se extiendan. De hecho, colectivos como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador han exigido medidas adicionales para atender los incrementos en el valor de alimentos, transporte y servicios básicos. 

¿Por qué las manifestaciones en Ecuador se han extendido por más de tres semanas?

En respuesta a las movilizaciones convocadas desde el pasado 15 de septiembre, el presidente Noboa declaró estado de excepción en las provincias en las que se han registrado mayores enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Sin embargo, pese al despliegue de tropas, las movilizaciones por el aumento en el precio del diésel persisten a nivel nacional. 

Germán Camilo Prieto, miembro del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales en América Latina, explicó a CAMBIO que la medida contaría con justificación técnica para reducir el déficit fiscal. No obstante, al afectar directamente las finanzas de los ciudadanos, la medida ha provocado un descontento generalizado entre la población, que percibe la decisión como un golpe al bolsillo. 

“Este tipo de decisiones siempre generan rechazo social, especialmente cuando no hay claridad sobre cómo se emplearán los recursos liberados. Los ciudadanos temen que los fondos destinados a aliviar el déficit fiscal no lleguen a programas sociales o proyectos que realmente beneficien a quienes más lo necesitan, y esa incertidumbre alimenta la protesta”, explicó Prieto. 

A la ciudadanía: pic.twitter.com/I2luBwP4sV

— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 6, 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas ha defendido la decisión como una medida necesaria para que los recursos se destinen a sectores vulnerables y no a quienes cuentan con una alta capacidad económica. En contraste, las organizaciones sociales que han promovido las manifestaciones insisten en que la eliminación de los subsidios afecta de forma desproporcionada a trabajadores, transportadores y familias de menores ingresos. 

Por el momento, la administración Noboa ha descartado negociar la restauración de los subsidios al diésel por considerar que una gran parte de esos recursos terminaba beneficiando a contrabandistas. En ese sentido, el gobierno del vecino país ha optado por mantener el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. 

Eliminar los subsidios al diésel: la decisión que ha puesto en jaque a otros gobiernos

La decisión de suprimir el apoyo económico en la compra de diésel ha generado disputas incluso entre sectores técnicos en Ecuador. Expertos del sector han defendido la medida por su potencial para reducir el déficit fiscal que enfrenta el vecino país, mientras que instituciones económicas han advertido sobre el impacto inmediato en la economía.  

Un estudio del Observatorio del Trabajo de la Universidad Central encontró que las familias ecuatorianas necesitan 103 dólares más en sus ingresos mensuales para compensar el dinero que ahora deben destinar a cubrir el precio total del diésel. En la investigación, se estableció que el incremento en el costo del transporte se trasladará al consumidor final, afectará la cadena productiva e incidirá en el valor de productos de la canasta familiar. 

Por su parte, la Universidad San Francisco elaboró un informe en el que se plantea que el aumento en productos básicos sería mínimo si se implementan los programas alternativos anunciados por el gobierno de Noboa. Según la institución, el impacto leve se debería a que los subsidios focalizados y las transferencias directas a los sectores más vulnerables podrían compensar el incremento del precio del hidrocarburo. 

David Varela, doctor en Asuntos Internacionales de Johns Hopkins University, explicó a CAMBIO que más allá de las disputas técnicas, el Gobierno debe considerar el contexto político de la medida. En ese sentido, enfatizó en que las protestas reflejan un descontento que podría afectar la estabilidad del Ejecutivo si no se abren canales de diálogo claros y se implementan medidas compensatorias que generen confianza entre los ciudadanos.

La iniciativa de eliminar los subsidios al diésel ha sido una estrategia fallida en los últimos gobiernos ecuatorianos. En 2019, por ejemplo, el entonces presidente Lenín Moreno derogó el decreto en el que se establecen los parámetros de su decisión tras protestas masivas. Un par de años después, Guillermo Lasso también reversó su política de aumento en el precio del hidrocarburo tras una ola de movilizaciones que paralizaron el país.

Denuncias por violaciones a los derechos humanos y ataques contra Daniel Noboa

El pasado 7 de octubre, el gobierno de Ecuador denunció un atentado en contra del presidente Daniel Noboa durante el desarrollo de las movilizaciones en contra de su administración. El ataque se registró en la llegada de la comitiva del primer mandatario a un evento social programado en el municipio de El Tambo, en la provincia de Cañar. 

Esta mañana en Cañar la caravana presidencial sufrió ataques violentos obedeciendo órdenes de radicalización. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de obras destinadas a mejorar la vida de comunidades en esta provincia.

Atacaron la integridad del presidente… pic.twitter.com/Mu4f82MgFU

— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 8, 2025

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que un grupo de personas lanzaron piedras y vidrios al vehículo en el que se movilizaba el primer mandatario ecuatoriano, quien resultó ileso. Unos minutos después del ataque, las autoridades confirmaron la captura de cinco personas, que serán judicializadas por los delitos de terrorismo e intento de asesinato. 

Manuel Camilo González, experto en gobernanza y relaciones internacionales, explicó a CAMBIO que las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos en desarrollo de las protestas han aumentado las tensiones en el país. Por ello, para el docente universitario, resulta fundamental establecer mecanismos para garantizar la seguridad y prevenir una escalada mayor en el conflicto social.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador reveló que, durante las movilizaciones masivas, se han registrado 183 afectaciones a los derechos humanos. En ese sentido, colectivos indígenas han exigido al gobierno de Noboa garantizar la integridad física de quienes han participado de forma pacífica en las movilizaciones y han solicitado la implementación de mecanismos de protección frente a posibles detenciones arbitrarias o agresiones por parte de la fuerza pública.   

Ante la negativa de Noboa a revisar la medida de eliminación integral de los subsidios al diésel, los analistas consultados coinciden en que la situación podría generar un aumento del descontento social y prolongar las protestas. Por eso, advierten que las manifestaciones podrían debilitar la imagen del Ejecutivo y complicar aún más la gobernabilidad en las provincias más afectadas.