“Están recorriendo el mismo camino que Venezuela”: Human Rights Watch tras aprobación de reelección indefinida de Nayib Bukele

Con 57 votos a favor y solo tres en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado 31 de julio una serie de reformas constitucionales que eliminan las restricciones a la reelección presidencial. La medida fue impulsada por el oficialismo y permitiría que Nayib Bukele se mantenga en el poder de forma indefinida, pese a las críticas de la comunidad internacional.

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El paquete de reformas aprobadas por los parlamentarios salvadoreños incluye ampliar el periodo presidencial —que pasará de cinco a seis años— y la eliminación definitiva de la segunda vuelta electoral. Asimismo, se aprobaron modificaciones clave para sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en todo el país desde 2027.

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea de El Salvador y exasesor del presidente Bukele, confirmó que también se avaló la separación de su país del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en el que se discuten temas clave relacionados con la integración regional, el desarrollo económico y la defensa de la democracia.

“No es de utilidad para la nación, no produce ningún beneficio a la población y ha servido como refugio a políticos señalados de corrupción. Fueron millones de dólares que se pudieron utilizar para obras que beneficiarían a la gente, pero fueron a parar al Parlacen”, afirmó el parlamentario Giovanny Zaldaña, quien integra el partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele.

En la sesión ordinaria número 66, la Asamblea de El Salvador estableció que la ciudadanía podrá decidir si un mandatario permanece de forma indefinida en el cargo. En ese sentido, el actual periodo presidencial finalizará de forma anticipada el primero de junio de 2027, para permitir la convocatoria a nuevas elecciones que definan si Bukele continuará en el poder bajo las nuevas disposiciones.

“Ha muerto la democracia en El Salvador”: parlamentaria de oposición tras la aprobación de reelección indefinida de Nayib Bukele

La aprobación de las reformas a la Constitución de El Salvador son una muestra del control que ha mantenido Bukele sobre el parlamento desde su primera elección en junio de 2019. Por eso, la mayoría de congresistas de su país defendieron las modificaciones como una forma de entregar más poder a la ciudadanía, promover la estabilidad política y garantizar la continuidad de sus proyectos.

"Muchas veces, hemos sigo juzgados y muchos nos odian, pero recordarán que quisimos defenderlos, esa gente que menospreciaron, siempre les dijo la verdad. Cuando votan, están tomando decisiones a futuro y esto pasa cuando se le da el poder a una sola persona". Diputada @Villabull pic.twitter.com/9iMTcszetV

— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) August 1, 2025

Pese a la mayoría con la que Bukele domina la Asamblea Legislativa, en la más reciente jornada parlamentarios de oposición cuestionaron las reformas por considerar que representan un riesgo para la democracia, la alternancia en el poder y el equilibrio de los poderes del Estado. De hecho, alertaron que las reformas podrían consolidar un sistema autoritario y debilitar las instituciones encargadas de supervisar al ejecutivo.

“Ha muerto la democracia en El Salvador. Las reformas se aprobaron un día antes de vacaciones, para que la gente no se acuerde de cómo cambiaron la Constitución en una tarde de la forma más burda y cínica. Ya se quitaron las máscaras. Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad”, afirmó Marcela Villatoro, diputada opositora del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), por su parte, reiteró que el paquete de reformas constitucionales aprobadas en los últimos dos días representa graves vulneraciones a los límites del poder en El Salvador. Además, insistió en que se trata de una “manipulación gradual que podría conducir al desmantelamiento de la democracia en el país centroamericano".

El diputado Francisco Lira, quien ha ejercido oposición al Gobierno Bukele, cuestionó que la iniciativa se haya realizado sin una discusión profunda para evaluar sus implicaciones democráticas. Por eso, pidió a organismos internacionales mantener su supervisión para evitar retrocesos institucionales y posibles tendencias autoritarias como las que se han presentado en otros países de la región.

“Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”: Human Rights Watch

En Colombia, el jefe del Despacho presidencial, Alfredo Saade, fue uno de los primeros funcionarios que se pronunció tras la aprobación de la reelección indefinida en El Salvador. En su declaración, el excandidato presidencial reiteró su polémica iniciativa de que el presidente Gustavo Petro debería tener la posibilidad de ser reelegido en 2026.

En respuesta a las reformas aprobadas, Human Rights Watch advirtió que la reelección indefinida representa una amenaza para la democracia y alertó que El Salvador podría seguir el camino de otros regímenes autoritarios en América Latina. Asimismo, reiteró que la concentración de poder en una sola figura debilita los contrapesos institucionales y afecta los derechos fundamentales.

“Están recorriendo el mismo camino que Venezuela. Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, afirmó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien enfatizó en que las reformas constitucionales se aprobaron de forma exprés sin el debate público requerido.

Con la aprobación de la reelección indefinida, El Salvador se sumó a Nicaragua y a Venezuela en la lista de países que han modificado sus constituciones para permitir la permanencia indefinida de sus mandatarios en el poder. Por eso, organizaciones internacionales advirtieron sobre la consolidación de regímenes con tendencias autoritarias en la región.

Con respecto a iniciativas de reelección indefinida, la Corte IDH ha reiterado la obligación de los Estados de garantizar la transparencia, integridad e independencia de las instituciones electorales y el respeto irrestricto por la voluntad popular. Además, ha advertido que, en la mayoría de casos, los candidatos del oficialismo utilizan los recursos del Estado para fines proselitistas con el objetivo de perpetuarse en el poder.