“Riesgo de ejecutar inocentes”: Israel aprueba ley impulsada por la extrema derecha que permitiría la pena de muerte contra palestinos

El Parlamento israelí, conocido como Knéset, aprobó una enmienda al Código Penal que impone la pena de muerte a personas que hayan cometido asesinatos en un acto de terrorismo. La condena, que se ejecutará por ahorcamiento, deberá cumplirse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

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La norma fue aprobada en su última lectura con 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención. Entre quienes votaron a favor estuvo el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Aunque el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, quien impulsó la iniciativa junto a su partido de extrema derecha, Otzma Yehudit, celebró con botellas de champaña a las afueras del Parlamento la aprobación de la ley, no todos comparten su entusiasmo. La nueva normativa ha generado críticas, dado que, además de ser considerada discriminatoria, viola el derecho internacional e implicaría la ejecución de palestinos.

¿En qué consiste la ley?

Según Amnistía Internacional, la nueva ley establece dos marcos jurídicos para la aplicación de la pena de muerte en Cisjordania ocupada, excluyendo Jerusalén oriental, y en Israel.

Por un lado, los tribunales militares de Cisjordania ocupada están autorizados para imponer la pena de muerte a los ciudadanos no israelíes ni residentes de Israel condenados por homicidios premeditados en actos tipificados como terrorismo. Según la normativa, la facultad de un tribunal militar para imponer esta pena no está condicionada a la solicitud de la Fiscalía, a una decisión unánime del jurado ni a que el rango de los jueces sea inferior al de teniente coronel.

El comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona no puede indultar, conmutar ni reducir una sentencia de muerte impuesta en virtud de este delito. Sin embargo, no todos los casos funcionan de esa manera: el tribunal militar puede optar por una pena de cadena perpetua si determina que “existen circunstancias especiales”.

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Por otro lado, en Israel y Jerusalén oriental, los tribunales civiles pueden dictar la pena de muerte a cualquier persona condenada por asesinar intencionalmente a otra con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel. “Este requisito ideológico de intencionalidad implica, en la práctica, que la ley está diseñada para atacar a los palestinos”, explicó la organización. En estos casos, la persona podría ser sentenciada a muerte o a cadena perpetua.

Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel aclaró que esta ley no se aplica a los terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre. “Serán juzgados bajo una ley diferente, específica para ellos. La ley de pena de muerte a la que se hace referencia aquí se aplicará únicamente a los delitos cometidos después de su entrada en vigor”, anotó.

Discriminatoria, cruel e inconstitucional: las críticas a la ley de pena de muerte contra terroristas

Tras aprobarse la ley de pena de muerte contra terroristas, la ONU la rechazó de inmediato. Según el organismo internacional, Israel debe derogarla lo antes posible, “ya que contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional”.

“Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley violaría la prohibición del derecho internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes”, dice un breve comunicado de la organización.

Según la ONU, esta ley afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, dado que se aplicaría exclusivamente a los palestinos, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos.

“Resulta sumamente difícil conciliar semejante castigo con la dignidad humana y conlleva el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, declaró el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, cuando la propuesta aún estaba en debate en el Parlamento.

“Tales propuestas son incompatibles con las obligaciones de Israel en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En particular, la introducción de la pena de muerte obligatoria, que no deja margen de discrecionalidad a los tribunales, viola el derecho a la vida”, agregó.

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También se pronunció Amnistía Internacional, que instó a la comunidad internacional a ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen de inmediato la ley, eliminen por completo la pena de muerte y desmantelen las normas y prácticas que sostienen el sistema de apartheid contra los palestinos.

Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, dijo que esta ley es “una muestra pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los derechos humanos” y que “desmantela las garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo”.

“Durante años, hemos presenciado un alarmante patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros asesinatos ilegales de palestinos, con los perpetradores gozando además de una impunidad casi total. Esta nueva ley, que permite las ejecuciones con el aval del Estado, es la culminación de dichas políticas”, agregó.

Incluso el director ejecutivo del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, Yuli Novak, declaró: “Israel está alcanzando un nuevo nivel de deshumanización hacia los palestinos, consagrando su trato cruel en la legislación estatal. Ya asesina palestinos sistemáticamente y no se le exige que rinda cuentas. Bajo el liderazgo de sus ministros, el sistema israelí se está convirtiendo día a día en un sistema que normaliza el asesinato y las lesiones infligidas a seres humanos”.

Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (Acri) presentó una petición ante el Tribunal Superior de Justicia contra la ley, en la que solicita la anulación de la ley y la emisión de una orden provisional que congele su aplicación en espera de un fallo. La organización sostiene que la norma es inconstitucional y afirma que el marco normativo promulgado por la Knéset, en la práctica, está dirigido a los palestinos.