Estado colombiano pide perdón por tres décadas de persecución al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

“Como jefe de Estado les pido disculpas por crímenes cometidos por el Estado, por víctimas incluso, dentro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo". De esta forma, el presidente de la República, Gustavo Petro, siguiendo la orden internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por las tres décadas de persecución que sufrieron los integrantes de esa organización de abogados y abogadas que ha representado a víctimas en Colombia.

El evento se realizó en la Plaza de Armas de la Presidencia de la República. Petro, quien ordenó desclasificar los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dijo que quería reconocer con la Cruz de Boyacá a los integrantes del colectivo, quienes por décadas fueron amenazados, intimidados, espiados y, también asesinados tanto por agentes estatales como por organizaciones paramilitares. El exilio y sus implicaciones, así como las consecuencias de la persecución permanecen incluso hoy entre las víctimas.

“A todas las familias acá presentes, mi corazón, mi respeto, los queremos mucho, gracias”, precisó el presidente Petro en la ceremonia. Yessika Yoyos, presidenta del Colectivo de Abogados, apuntó qué el Estado colombiano intentó evitar que hicieran su labor de representación de víctimas y lucha contra la impunidad. “El interés era acabar con el Cajar. Todo esto financiado con impuestos de los colombianos, eso es inadmisible”, dijo.

“No es fácil transitar en un contexto de verdugos y poderosos que han orquestado la muerte, la desaparición forzada, la tortura que sin sonrojo manipulan la justicia para enjuiciar al campesino, al sindicalista, al estudiante, al pobre, al contendor político, al defensor del territorio y a los periodistas que han buscado la verdad. Por eso, integrantes del Cajar, durante décadas, fuimos víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos”, indicó.

Hoyos recordó que los integrantes fueron estigmatizados, incluso por Jefes de Estado en discursos públicos, buscando desprestigiar y neutralizar su trabajo. “Por primera vez se condena a un Estado por violar el derecho a defender los derechos humanos. Ojalá este año tengamos la política de garantía para los defensores”, señaló.

A su turno, Soraya Gutiérrez, primera presidenta del Colectivo, recordó a defensores asesinados como Alirio Pedraza, Eduardo Umaña, Elsa Alvarado, Mario Calderón o Josué Cardona y a los colegas exiliados, al tiempo que agradeció las labores de acompañamiento de organizaciones internacionales. “Nos amenazaron, hacían seguimientos a nuestros hijos, nos vimos obligadas a dejar nuestras viviendas. La inteligencia ilegal alcanzó niveles insospechados”, indicó al señalar que esta persecución buscó forzarlos a dejar su labor y a culparlos a ellos por lo sucedido. 

Por eso, le pidió al presidente Petro hacer ajustes a los organismos de inteligencia “de manera transparente, pública y con nuestra participación efectiva”. Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Cajar, señaló que en el contexto del Estatuto de Seguridad muchas de las personas que representaban, que eran sindicalistas, fueron criminalizados sin mayor motivo y que se consideraron como enemigos del Estado a personas que no cometieron delitos.

“Con el maestro Eduardo Umaña Luna y su hijo José Eduardo Umaña pasamos por diferentes consejos de guerra. Allí nos confesaron miembros de la Fiscalía Penal Militar que conocían toda nuestra historia de vida, que esa era labor cotidiana y esa labor se trasladó a las familias desgraciadamente. Como no podían confirmar que éramos parte de estas organizaciones, decían que nosotros pertenecíamos al comunismo internacional. Era una de las formas de desacreditar nuestra labor”, indicó.

El pedido de perdón

El presidente Petro encabezó el pedido de perdón a nombre del Estado colombiano. “Hay que preguntarse si el Estado sí está aquí, porque una cosa son las normas, las ficciones, los fetiches y otra, la realidad”, dijo al indicar que los responsables de todo esto, aún no aceptan lo que hicieron. También señaló que dio la orden para que, en su gobierno, no se ninguna violación de derechos humanos. 

“La Fuerza Pública debe ser digna descendiente del Ejército de Bolívar”, afirmó el mandatario.

Con un mensaje profundo y fraterno, el Presidente @PetroGustavo pidió perdón a las víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (@Ccajar) y a sus familias, en nombre de la Constitución de 1991 y del Estado colombiano.

“A todas las familias aquí presentes, de quienes… pic.twitter.com/gGj1weeNZF

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 17, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó lo sucedido y “manifestó su absoluta voluntad de dar cumplimiento, en el marco de nuestras competencias, a lo ordenado por la honorable Corte en materia de reparación integral”.

#ParaQueNoSeRepita| El ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, reafirmó el compromiso del sector con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Integrantes de CAJAR vs. Colombia” y “Pedro Julio Mahecha Ávila vs. Colombia”.… pic.twitter.com/9WTE9oR6MB

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La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció la responsabilidad de la Fiscalía, entidad que no realizó labores de investigación de estas violaciones a los derechos humanos ni identificó a los responsables. “La Fiscalía reconoce no haber efectuado esfuerzos por identificar contextos comunes que permitieran determinar patrones de sistematicidad en la actuación de la que fueron víctimas los integrantes del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’”, dijo.

Camargo reconoció que los hechos de violencia cometidos en los actos de los años 90 no fueron investigados, que a las víctimas se les impidió acceder a archivos y señaló que la estrategia para dar cumplimiento a una de las órdenes de la sentencia de la Corte IDH incluye “identificar las investigaciones sobre los hechos victimizantes cometidos contra los integrantes del CAJAR; revisar los archivos de inteligencia del DAS, de los órganos de Policía y los entregados a la JEP por las Fuerzas Militares, para analizar la información allí contenida y verificar los hechos victimizantes, entre otros”.

Pedro Julio Mahecha Ávila, abogado y víctima reconocida en este caso, aceptó el perdón ofrecido este viernes. “Señor Presidente, a usted le corresponde ofrecer responsabilidad y disculpas públicas por hechos que deberían hacerlo nueve gobiernos anteriores, es decir, sin tener velas en este entierro, lo asume. Por ser sinceras sus disculpas, las aceptamos todos, las y los que no están aquí”, señaló.

La sentencia de la Corte IDH que motivó señaló que el Estado colombiano creó un contexto de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas por medio de vigilancia con labores de inteligencia, así como un campo de impunidad ante la falta de investigación y esclarecimiento de responsabilidades por aquellos hechos. 

La decisión ordenó 16 medidas de reparación integral como la realización de este acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como una campaña informativa a nivel nacional respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre violencia contra las personas defensoras.

Además, ordenó adecuar la Ley de inteligencia y contrainteligencia y los manuales militares en la materia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta medida aún no se ha cumplido.

El Cajar informó que actualmente lleva a cabo el acompañamiento de más de 480 casos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos y garantizar la sanción de los responsables. Estos casos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre otros crímenes atroces.