Procuraduría respalda la emergencia económica del Gobierno Petro, pero pidió tumbar algunas medidas

En medio del estudio que adelanta la Corte Constitucional sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno en marzo, la Procuraduría General emitió un concepto en el que dio su respaldo a la normativa, pero pidió ‘tumbar’ dos de las disposiciones contenidas en la misma.

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En el documento firmado por el procurador Gregorio Eljach, se destaca que, tras la ola invernal que afectó varios departamentos del país, el Decreto Legislativo 222 de 2026 “cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición”. 

Para la Procuraduría, la motivación de la norma se cumple “de manera expresa y suficiente”, y advierte que contiene “una motivación expresa en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de las medidas adoptadas y su vínculo con el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026”.

El ente de control reconoce que se explican las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, así como el grave impacto sobre la infraestructura pública esencial del sector transporte, como cierres totales y parciales en vías nacionales, departamentales y municipales, o la afectación estructural de puentes y otros tipos de infraestructuras. 

“Por consiguiente, la autorización conferida al Invías para ejecutar y administrar recursos extraordinarios orientados a la recuperación vial constituye una medida idónea y necesaria para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, indicó la Procuraduría. 

Sin embargo, la entidad también llamó la atención sobre algunas medidas que, en su criterio, no se ajustan a las condiciones de la emergencia, y responden en su lugar a situaciones estructurales. 

“Se estimó que las circunstancias asociadas a problemáticas estructurales como la crisis financiera del sistema de energía eléctrica y la que tiene que ver con el acceso a la tierra, no superan el análisis de constitucionalidad”, dijo la Procuraduría. 

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Otro punto sobre el cual se refirió la entidad es la segunda medida contemplada en el decreto, que consistía en la autorización a Invías para que pueda adicionar sin límite de valor los contratos de obra. A juicio de la Procuraduría General de la Nación, esa medida “no resulta necesaria desde el punto de vista jurídico” y comenta que, en ese contexto, la contratación directa constituye una excepción al principio de libre concurrencia y competencia.

Hace dos semanas, la Corte Constitucional suspendió parcialmente el cobro parcial del impuesto al patrimonio contenido en la emergencia para las ONG y entidades en liquidación. Por ahora, el alto tribunal continúa estudiando la legalidad del decreto.