Formulan cargos al gobernador de Caquetá por irregularidades en contratos de regalías

La Procuraduría le formuló pliego de cargos a Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador de Caquetá, y al secretario de infraestructura, Jairo Alberto Gómez Roa, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de un proyecto financiado con recursos de regalías que supera los 14.000 millones de pesos.

El objetivo del proyecto era mitigar los daños causados por el desbordamiento de la quebrada La Perdiz, que atraviesa la ciudad de Florencia, de las inundaciones que generó la ola invernal de 2021, así como prevenir futuras inundaciones.

El Ministerio Público encontró que las falencias en la ejecución del contrato comenzaron desde la etapa inicial. Esto, porque se aprobaron diseños de la obra que no tuvieron en cuenta el tipo de suelo en el que se iba a desarrollar la obra.

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A raíz de esa primera falla, fue necesario cambiar las características de la cimentación del muro que encauzaba la quebrada. Lo que no solo generó retrasos en la obra sino que aumento los costos.

“Estas fallas causaron demoras y obligaron a modificar el presupuesto en medio de la emergencia invernal, cuando la prioridad era mitigar rápidamente el riesgo de nuevas inundaciones”, como explicó el Ministerio Público.

La obra se entregó en mal estado

Los problemas no solo llegaron hasta ahí. “Lo más grave es que, por cuenta de estos cambios, la obra fue entregada y recibida a satisfacción por la Gobernación, a pesar de que la plata solo alcanzó para construir una parte del muro; los metros restantes se completaron con una estructura de tierra apisonada, conocida como jarillón, que no ofrece la solidez necesaria para contener las aguas en caso de una nueva creciente. Esto encendió las alarmas de la Procuraduría para iniciar acciones disciplinarias contra los presuntos responsables”, dijo la Procuraduría.

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Así las cosas, los cargos que el Ministerio Público formuló tienen que ver con la aprobación de un proyecto de inversión sin los requisitos técnicos adecuados, “desconociendo los principios de eficacia, economía y celeridad de la función administrativa, además de no haber vigilado adecuadamente la ejecución del contrato”.

Las faltas fueron calificadas provisionalmente como graves. En el caso del gobernador, a título de culpa grave, mientras que para el secretario a título de dolo.