La millonaria suma que no ha devuelto ENTerritorio y que puede terminar en una sanción del Banco Mundial a Colombia

Una carta enviada por el Banco Mundial al Ministerio de Hacienda alertó sobre la posibilidad de que esa organización cierre la opción de negociar y otorgar nuevos préstamos al Gobierno nacional a partir del 1 de diciembre de este año. Esto podría traducirse en una posible descertificación a nivel internacional por malos manejos.

El mensaje, que es considerado de trámite por el Banco, dejó en evidencia un enredo administrativo con el préstamo de referencia BIRF 8320, firmado en 2013, entre el Gobierno de Colombia y esa organización de financiación e inversión.

Eso debido a que un millonario saldo de dinero, de los 70 millones de dólares aprobados por el banco, no aparece reportado dentro de los gastos de inversión, ni ha sido devuelto por parte de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – EnTerritorio, la entidad encargada de gestionar el presupuesto. La presidente de EnTerritorio, Lina Barrera, llegó al cargo en 2021 durante el gobierno del presidente Iván Duque y arrastra serios cuestionamientos del manejo de la entidad.

El pasado 30 de septiembre, el gerente del Banco Mundial en Colombia, Peter Siegenthaler, envió una carta al Ministerio de Hacienda. La misiva estaba dirigida a Fabián Díaz Soto, coordinador del Grupo de Desembolsos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y en ella Siegenthaler confirmaba que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene hasta el 29 de noviembre de 2024 para reembolsar los recursos no utilizados y presentar la legalización de gastos vinculados al préstamo BIRF 8320 del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de Entidades Territoriales.

El gerente Siegenthaler, además, subrayó que esa es la fecha máxima otorgada para la devolución y justificación de los recursos, “dado su carácter de excepcionalidad en el marco de nuestra estrecha colaboración”. De no legalizarse o reembolsarse los recursos pendientes del préstamo, explicó, no se podrán realizar más operaciones.

Miguel Ceara, oficial senior de Operaciones del Banco Mundial para Colombia, le dijo a CAMBIO que el monto aproximado que ENTerritorio debe retornar a la Dirección del Tesoro Nacional es de 3.776 millones de pesos, por concepto de recursos no ejecutados.

El problema es que la presidente de EnTerritorio, Lina Barrera, no ha dado razón del destino del dinero, ni de una posible fecha para el reembolso de los recursos.

Una fuente conocedora del funcionamiento de esa entidad dijo que teme “que ese dinero haya tenido otro destino final y que la funcionaria esté encubriendo esto en acuerdo con algunos Representantes a la Cámara, de municipios de algunos departamentos beneficiados”.

CAMBIO no ha podido corroborar esta información de manera independiente.

La telaraña después del préstamo

El Gobierno de Colombia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF suscribieron el acuerdo de préstamo No. 8320-CO el 24 de diciembre de 2013, por los 70 millones de dólares, con el objetivo de financiar la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales PFET.

El proyecto, en el papel, busca desarrollar la capacidad institucional y técnica en municipios con entorno de desarrollo temprano, impulsar la gestión territorial orientada a resultados y crear modelos de gestión pública, apoyados en soluciones tecnológicas, entre otros. Objetivos descritos con largos infinitivos que no suelen ser fáciles de entender ni evidenciar en obras tangibles.

El 27 de diciembre de 2013 fue firmado el Acuerdo Subsidiario entre el Departamento Nacional de Planeación y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), para la ejecución. Ese acuerdo estuvo vigente hasta el 10 de noviembre de 2015, cuando se establecieron las Actas de Terminación Anticipada por mutuo acuerdo del convenio.

Después, el 19 de octubre de 2015, Colombia y el BIRF suscribieron la Enmienda No. 1 de ese acuerdo de 2013, modificando un numeral del Anexo 2 del mismo y pactando que el proyecto en mención sería ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación, con la ayuda de Fonade, hoy ENTerritorio, para lo cual suscribieron un acuerdo subsidiario para el resto de la implementación del proyecto.

El 12 de noviembre de 2015, Fonade y el DNP establecieron, mediante el acuerdo DNP-OR-057-2015, que en ENTerritorio S.A. se comprometía a brindar el apoyo técnico, administrativo, financiero, jurídico y operativo al DNP para la ejecución. Esto quedó oficializado en un contrato interadministrativo ( DNP-OR-060-2015/ENTerritorio 215082).

Así quedaron determinadas las responsabilidades del millonario proyecto. Y, además, quedó establecido que este se regiría por las normas aplicables a la Banca Multilateral y que la asistencia se haría a través de la línea de negocios denominada Gestión de Proyectos de ENTerritorio, financiado con los recursos del préstamo.

El contrato tuvo como fecha de inicio el 25 de noviembre de 2015 y el plazo inicial para la ejecución fue establecido el 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la expedición del registro presupuestal. Después de múltiples cambios, dicho plazo se extendió hasta el 31 de marzo de 2024.

Aplazamientos y modificaciones

Como puede ocurrir en este tipo de contratos, los detalles de ejecución y de presupuesto han sido modificados y adaptados de acuerdo a diferentes variables, esto incluye más de 14 otrosíes, adiciones presupuestales y devoluciones de recursos. Sin embargo, según el balance oficial, con corte al 15 de diciembre de 2023, el valor del contrato Interadministrativo entre el DNP y Fonade “será por la suma de 198.501 millones de pesos, de los cuales 184.652 millones corresponden a recursos de inversión y 13.848 millones a la cuota de gestión de ENTerritorio”.

Entre otros detalles, durante todos estos años ha habido modificaciones porque en la justificación de fondos se evidenciaron reintegros de algunos municipios y, en otros casos, no se cumplió con la ejecución de los contratos locales.

Según la fuente que denunció la situación a CAMBIO, a pesar de que desde marzo el DNP ha insistido en más de tres ocasiones en que hay que devolver los recursos, “la presidenta de ENTerritorio se niega a hacerlo con falsos argumentos y apoyada en el trasfondo por varios parlamentarios”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y el DNP le han hecho saber a Barrera que el Banco Mundial podría declarar al Estado colombiano en incumplimiento de compromisos, que traería como consecuencia la suspensión de los desembolsos a la nación. Esto, a su vez, afectaría la inversión social de la administración del presidente Gustavo Petro.

¿Por qué no han devuelto el dinero?

CAMBIO le preguntó a Barrera por qué no se había hecho el reembolso de los recursos. Al cierre de este artículo, la presidente de ENTerritorio respondió que teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se extendió hasta el 31 de marzo de este año, “nos encontramos en la etapa poscontractual de liquidación bilateral, según lo establecido en la cláusula decimoctava”.

Barrera agregó que, coincidencialmente, junto al DNP “se acordó un cronograma que estima que el acta de liquidación se suscriba por ambas entidades el próximo 23 de octubre”. A partir de la firma del acta, según lo argumentado por Barrera, tienen 15 días hábiles para reintegrar los remanentes que resulten con relación al valor presente del contrato.

Ceara, del Banco Mundial, dijo que la entidad ya se ha sentado en varias oportunidades con los representantes del MinHacienda, el DNP y ENTerritorio, con quienes han dialogado sobre el procedimiento para la posible devolución, por lo que confían en que se van a cumplir los plazos. De allí que se haya establecido como nueva fecha para el reembolso el 29 de noviembre.

“Es un trámite normal que hace el banco y la consecuencia que se pone en la carta, es una cláusula normal que se aplica a todos los países que están en esa situación. Antes de enviarla y después, hemos tenido múltiples conversaciones con el DNP para asegurarnos que el marco del nuevo límite se devuelva el dinero. La solicitud de extensión del plazo se dio porque el tiempo que ellos requerían para pasar los recursos entre las entidades y luego al tesoro iba a tomar un tiempo que no les iba a permitir cumplir”, explicó el representante del Banco Mundial.

El escenario ideal es que los 3.776 millones de pesos que no fueron utilizados sean devueltos en el nuevo plazo establecido. Si no, estaríamos hablando de una situación inédita en las relaciones entre el Banco Mundial y Colombia.

Ceara reitera que, como quedó señalado en la solicitud del reembolso, están con la voluntad para seguir colaborando con el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de apoyar el desarrollo y la implementación de políticas públicas que promuevan el crecimiento sostenible y el bienestar social del país. Sin embargo, la presidente Barrera sigue sin dar señales.