
Trabajo bajo amenaza de muerte: nuevos casos después del crimen de una vendedora de chance en Cesar
Marlén Mozo, de 19 años, fue asesinada a bala mientras atendía a dos clientes. Jhony Meza, asesor legal de Supergiros, dice que no van a agachar la cabeza ante la delincuencia.
Por: Rainiero Patiño M.
A las 10:30 de la mañana del pasado lunes, mientras dos hombres esperaban ser atendidos, un sicario entró a un punto de venta de la empresa Supergiros del barrio Los Almendros, en el municipio de Bosconia. Y sin mediar palabra disparó directo a la cabeza de Marlén Mozo, una trabajadora de solo 19 años que murió de manera inmediata.
Después de disparar con un arma con silenciador, el sicario lanzó sobre el cuerpo un panfleto, salió caminando y subió a una motocicleta que lo esperaba en la puerta, ante la indiferencia de los dos clientes, quienes salieron del local sin auxiliar a Mozo.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) se atribuyó el ataque en el panfleto dejado por el sicario y este sería una represalia por negarse a cerrar el local. Porque, horas antes, el EGC había hecho circular otra amenaza en la que advertía que los puntos de venta de Supergiros en el municipio debían permanecer cerrados hasta que la empresa llegara a un acuerdo para el pago de extorsiones.
“Debido a la negación de la empresa Supergiros que opera en todo el territorio, que ejercemos control a hacer un arreglo con nuestra organización de aporte de guerra. La orden directa a todas las unidades militares es llevar el siguiente mensaje: que todas las oficinas en sus zonas a partir de las doce de la noche del 31 de octubre del presente año no podrán prestar servicio al público. Al hacer caso omiso al cierre de esos establecimientos se atenderán a las consecuencias por tal negativa”, se podía leer en el documento divulgado por el grupo criminal, que ahora firma con el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La de Bosconia es solo una de las decenas de amenazas registradas en los últimos días en todo el país a nombre de EGC. Esta semana, por ejemplo, hombres armados dispararon contra la sede de las oficinas de Supergiros en el Piñón (Magdalena).
El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía del Cesar, dijo que de manera inmediata se desplegó un equipo especial de investigación judicial para esclarecer el crimen. Y la Gobernación ofreció una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los criminales que acabaron con la vida de Mozo.
“Vamos a seguir adelante”
Como respuesta a los ataques y amenazas, Jhony Mena, asesor legal de Supergiros, dijo que la empresa “no se iba a quedar en el suelo” y no podían enviar un mensaje de derrota a la ciudadanía, sino que tienen que salir adelante”.

“Y no hay un mensaje más plausible y digno para toda la ciudadanía del Cesar que seguir adelante. Porque estos bandidos no podemos dejarlos como si fueran los que mandaran en el país. Lo que estamos pidiendo al Gobierno nacional es que, si están en una mesa de paz, que toquen estos temas tan delicados, porque los que están sufriendo son del pueblo”, indicó Mena, en diálogo con Emisora Atlántico.
Para el asesor de la empresa de juegos de azar, es injusto que le quiten la vida a “una niña de 19 años que lo único que hacía era trabajar dignamente y le quitan la vida”, por lo que dijo que se van a reunir con la Policía Nacional y el Ejército Nacional para tomar las medidas necesarias.
Al igual que Mena, distintos líderes del país, le han pedido al Gobierno nacional que replantee las negociaciones anunciadas con el autodenominado EGC, al considerar que no se puede estar en la misma mesa con una organización que al mismo tiempo asesina a personas inocentes.
Como señal de lo delicado de la situación, la mañana de este martes, el coronel Jhon Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico, alertó sobre otros dos casos de amenazas a trabajadores de Supergiros en este departamento.
Uno de estos casos fue registrado en un establecimiento localizado en el municipio de Luruaco, en el sur del Atlántico. El alto oficial relató que hasta el lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y que, aunque no mostraron ningún arma, sí le ordenaron a los trabajadores que tenían que cerrar.
“El día jueves (31 de septiembre) tuvimos una situación en la zona rural del municipio de Luruaco. Salimos de manera inmediata junto con las autoridades hacia el sitio, inclusive el señor alcalde también estuvo con nosotros. Evaluamos las circunstancias de esta amenaza”, señaló el coronel, en una rueda de prensa.
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