El Gobierno recuperó más de 1.000 hectáreas de los hermanos Castaño en Córdoba: así fue el proceso

Tres décadas después de que los hermanos Carlos y Vicente Castaño fundaran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Córdoba, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la recuperación definitiva de terrenos utilizados por diferentes estructuras paramilitares para consolidar su poder territorial y financiar sus operaciones ilegales. 

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Como parte de la política de reforma agraria, el Gobierno nacional completó el proceso de extinción de dominio de los predios obtenidos por los hermanos Castaño mediante despojos o transacciones irregulares. En total, se recuperaron 1.069 hectáreas que, a finales de 1990, se convirtieron en bases de operaciones para las AUC en el norte de Córdoba.

El director de la ANT, Felipe Harman, reveló que uno de los predios recuperados es la finca San Pedro, que comprende un amplio terreno que los miembros de las estructuras paramilitares consolidaron como un enclave estratégico. Según el funcionario, en esa propiedad se coordinaban desplazamientos forzados y se almacenaban recursos logísticos de las AUC.

“En estos terrenos, los señores Vicente, Fidel y Carlos Castaño fundaron las Autodefensas y también manipularon al Estado con entregas de parcelas para esconder la gran cantidad de tierra que llegaron a tener en esta zona del país”, explicó Harman, quien acudió a las propiedades para verificar el estado de los predios y supervisar el proceso de restitución.

El Gobierno nacional confirmó que los predios recuperados serán entregados en los próximos meses a campesinos afectados por el despojo y la violencia paramilitar con el fin de promover el desarrollo rural en ese territorio. Se espera que, una vez se complete el proceso de entrega, las comunidades accedan a líneas productivas para impulsar proyectos de siembra.

Así fue el proceso de recuperación de tierras de las Autodefensas en Córdoba

El director de la ANT, Felipe Harman, reveló además que uno de los predios recuperados por el Estado en Córdoba fue propiedad de Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, uno de los testaferros de las AUC. Según el funcionario, ese terreno integraría la lista de inmuebles que fueron utilizados para ocultar bienes adquiridos con recursos del paramilitarismo.

La Comisión de la Verdad ha documentado que las estructuras de las AUC en Córdoba consolidaron su poder a través del despojo y la apropiación masiva de tierras, empleando el testaferrato y las falsas transacciones como mecanismos para legalizar su dominio. Para Harman, la adquisición del predio San Pedro sería uno de los casos de esa estrategia de control territorial.

En 2017 se inició el proceso de extinción de dominio de los predios recuperados tras determinar que habían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilegales y figuraban a nombre de testaferros. Sin embargo, solo ocho años después el trámite judicial y administrativo culminó con la recuperación definitiva de las tierras y su transferencia al Estado.

La ANT reveló que en las propiedades, ubicadas en el municipio de Valencia (Córdoba), se encontró evidencia de explotación irregular por parte de terceros que no figuraban como propietarios. En ese sentido, se adelantarán investigaciones para establecer por qué habrían utilizado las tierras para actividades agrícolas y ganaderas sin autorización del Estado.

La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, explicó que los predios recuperados deben superar un proceso de reglamentación para garantizar su transferencia masiva a las entidades encargadas de su administración temporal y posterior entrega a las víctimas del conflicto reconocidas como beneficiarias en procesos de restitución.

El proceso de entrega de tierras de antiguas estructuras paramilitares a campesinos

Una vez recuperadas las 1.069 hectáreas de predios ubicados en Córdoba, se iniciará el proceso de adjudicación de tierras a comunidades campesinas y víctimas del conflicto, como parte de iniciativas de reparación. Para eso, la ANT contempla la transferencia jurídica y material de los predios con el fin de completar su posterior entrega a las familias.

Con la formalización de la transferencia, los nuevos propietarios deberán recibir acompañamiento técnico y social para poner en marcha proyectos agrícolas sostenibles. El Ministerio de Agricultura indicó que promoverá líneas de crédito especiales, programas de asistencia técnica y mecanismos de impulso productivo para facilitar la siembra de cultivos.

El proceso también contempla un componente de seguimiento y control para garantizar el uso adecuado de las tierras. La ANT, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, verificará que los terrenos adjudicados sean utilizados para fines productivos, de conservación ambiental y de seguridad alimentaria para asegurar que los predios contribuyan al bienestar de las comunidades.

“Fincas en las que encontramos ocupación por parte de familias de políticos, paramilitares y narcotraficantes ahora pasarán a manos de campesinos de Córdoba, como parte de la reforma agraria. Ahora necesitamos verificar la entrega efectiva para promover la seguridad alimentaria y apoyar procesos de reparación histórica”, explicó el director de la ANT.

El Ministerio de Agricultura ha reiterado que la restitución de tierras debe integrar también procesos relacionados con la creación de alianzas entre los campesinos, las cooperativas rurales y las entidades territoriales. Para la cartera, la ausencia de esos mecanismos ha dificultado la consolidación de economías locales fuertes y sostenibles en territorios afectados por el conflicto.