Personería abre investigación a directivos de Bomberos de Bogotá por presuntas irregularidades en un contrato millonario de 2022
El ente de control busca determinar si hubo irregularidades en la supervisión y ejecución de un contrato de 2022 por 13.000 millones de pesos para adquirir vehículos operativos destinados a la atención de emergencias en Bogotá.
Por: Manuela Cardozo
Este martes 28 de octubre, la Personería de Bogotá inició una averiguación disciplinaria contra la directora general del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, y tres subdirectores técnicos de la entidad, Gerardo Alonso Martínez Riveros, Mauricio Ayala Vásquez y José Andrés Ponce Caicedo, por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión del contrato No. 588 de 2022.
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Por un valor de 13.557.584.700 pesos, el objetivo del contrato era adquir siete vehículos operativos para la atención de emergencias, como parte de la renovación paulatina del parque automotor. “Se espera que los vehículos estén al servicio de la ciudad, durante el primer trimestre del año 2025”, dijo en julio de 2024 el Cuerpo Oficial de Bombero de Bogotá.
Este mismo contrato ya había sido objeto de advertencias por parte de la Contraloría de Bogotá en un informe de 2024, donde se señalaron falencias en la supervisión y el seguimiento de los acuerdos.
Según explicó la Personeria, la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico adelanta la investigación para verificar los hechos y establecer si hubo posibles incumplimientos o faltas disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados, conforme a lo dispuesto en el Código General Disciplinario.
El proceso busca esclarecer si en la gestión contractual se cumplieron los requisitos de legalidad, transparencia y eficiencia exigidos a los servidores públicos, en particular en lo relacionado con la supervisión y control de los recursos destinados a fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
No obstante, en agosto de 2025 el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ya había asegurado que “la entidad inició nuevamente un proceso sancionatorio buscando determinar si existe o no incumplimiento por parte del contratista, proceso en el que se respetarán todas las garantías procesales”.
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