Ataque a Temístocles Ortega: la violencia marca el prólogo de la campaña política en Colombia

No pinta bien el clima político en Colombia. La violencia extrema está marcando el inicio de la campaña electoral hacia 2026. En las últimas horas, la caravana en la que se movilizaba el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) fue atacada a bala mientras transitaba por el Cauca. El vehículo del parlamentario, exgobernador del departamento y aliado ocasional del presidente Gustavo Petro, recibió al menos seis disparos. Por fortuna, el blindaje evitó una tragedia.

“En el sitio El Túnel, antes de llegar a Popayán, fuimos atacados por delincuentes con armas largas y cortas que se movilizaban en dos carros –uno delante y otro atrás–. El vehículo recibió seis impactos”, afirmó. “Gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y del escolta de la Policía Nacional, que sacaron el carro adelante”.

Sus palabras coinciden con las del gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, cuya caravana fue emboscada esta misma semana con ráfagas de fusil en la vía que conecta Tame y Fortul. “Gracias a Dios salimos bien librados; la camioneta respondió muy bien”, relató. “Un tiro más y matan al conductor”, sentenció.

Las ráfagas impactaron la camioneta blindada en la que viajaba el gobernador, que llegó al poder en una coalición integrada por el Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, Partido ASI y el Partido Alianza Verde. Este hecho muestra una paradoja. Aunque hay un buen número de partidos políticos legales, la vida cotidiana en este departamento la marca con puño de hierro el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se trata de una Toyota con nivel V de blindaje, diseñada para resistir proyectiles de alto calibre. “Dejamos el carro abandonado porque seguimos en rines, y unos diez kilómetros más adelante nos subimos a las otras camionetas”, contó. El vehículo recibió entre 10 y 13 disparos, varios concentrados en el costado izquierdo, donde iba sentado el mandatario.

El estremecedor crimen de Uribe Turbay

Esta estela de violencia ha tenido episodios que han estremecido al país, como el asesinato del senador opositor y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, una de las cartas del Centro Democrático para recuperar el poder en 2026. El senador más votado de la oposición sufrió un atentado el 7 de junio, durante una actividad proselitista en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, Bogotá, en un hecho que quedó grabado en video y que llevó a muchos a recordar las imágenes de los años ochenta, cuando la violencia se llevó la vida de cuatro aspirantes presidenciales y exterminó a todo un partido político: la Unión Patriótica.

Uribe Turbay falleció el 11 de agosto, tras complicaciones derivadas de las heridas causadas por los disparos hechos por un menor de edad que, según las investigaciones, era un eslabón de las disidencias de las Farc que creó Iván Márquez tras traicionar el proceso de paz.

También del Centro Democrático, Yeimar Gamboa Yepes, de 20 años, aspirante a los Consejos Municipales de Juventud en Chigorodó (Urabá antioqueño), perdió la vida durante la campaña a esa instancia de participación de las nuevas generaciones. Él realizaba su actividad política en una geografía donde el ELN y el Clan del Golfo se disputan a muerte el control territorial.

Así mismo, el líder juvenil Edwar Andrés Garrido Ramos fue atacado a bala esta semana en Girardot, Cundinamarca. “No podemos permitir que los líderes juveniles de oposición continúen siendo blanco de la violencia, alimentada por la indiferencia y la complacencia del Gobierno nacional”, señaló el partido en un comunicado.

Para la Misión de Observación Electoral (MOE), este conjunto de hechos muestra un retroceso en las condiciones necesarias para ejercer la actividad política de manera pacífica. La entidad pide especial atención en Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, departamentos que, de celebrarse hoy las elecciones –dice en sus diagnósticos–, presentarían un riesgo alto. Por ello, la organización exige adoptar medidas para un manejo adecuado que blinde la seguridad de candidatos, jurados, funcionarios y ciudadanos.

Marzo, la prueba de fuego

Alejandra Barrios, directora de la MOE, anota que en marzo del próximo año comenzará la primera de las tres jornadas electorales de 2026, en un contexto nuevamente marcado por la violencia. Ella recuerda que hasta septiembre se han registrado 291 hechos contra liderazgos políticos, sociales y comunales, concentrándose la mayoría en liderazgos políticos. Desde 2022 este tipo de violencia ha aumentado y en 2025 representa casi el 57 por ciento de los casos.

Los grupos armados ilegales han incrementado sus acciones: se registran 1.611 acciones armadas y 302 amedrentamientos, los niveles más altos desde 2018. Esto evidencia confrontaciones directas por el control social, político y económico en varias regiones. La violencia se concentra en puntos históricamente marcados por la violencia. Solo Cauca reúne cerca del 21 por ciento de los hechos.

La MOE advierte que la violencia ha aumentado de manera letal. En un documento de análisis hizo un recuento escalofriante. Entre el 8 de marzo y el 8 de julio de 2025 registró 139 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en desarrollo del calendario electoral. Aunque la cifra general disminuyó frente a 2021, año previo a las elecciones de Congreso y presidenciales, la violencia letal repuntó.

En este panorama hay puntos especialmente críticos. Las zonas más afectadas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), conocidas como Citrep, registraron el 63 por ciento de los asesinatos. Esta cifra muestra las dificultades para consolidar la paz en Colombia. Cuando los actores armados han dejado a un lado sus fusiles y quieren reincorporarse a la vida legal, este obstáculo sangriento impide naturalmente ese propósito.

En total, durante 2024 la MOE documentó 492 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque fue el año con menos registros desde que existe este monitoreo, los ataques letales ubicaron a 2024 como el tercer año más violento para ese periodo. La conclusión es clara: a pesar de la reducción global, persiste una grave amenaza para quienes ejercen roles de liderazgo.

En comparación con 2020 y 2023, la violencia contra liderazgos disminuyó 12,6 por ciento y 34,2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, los hechos letales solo bajaron 7,6 por ciento frente a 2020 y 9,2 por ciento respecto a 2023. Las amenazas fueron la agresión más común (49,8 por ciento), seguidas de asesinatos y atentados (41,9 por ciento). Los liderazgos políticos fueron los más afectados, con 233 hechos, un incremento del 37,1 por ciento frente a 2020, aunque con una reducción del 54 por ciento respecto a 2023.

Violencia letal

Los liderazgos sociales experimentaron una reducción del 54,6 por ciento respecto a 2020 y del 14,5 por ciento frente a 2023. Aun así, la violencia letal contra ellos aumentó 8,3 por ciento. Cauca continúa como el departamento con más hechos letales contra estos líderes, una afirmación que cobra inquietante vigencia con el atentado al senador Temístocles Ortega. Los liderazgos comunales sufrieron 112 hechos de violencia en 2024, un aumento del 62,3 por ciento frente a 2020 y del 60 por ciento respecto a 2023; el 50,9 por ciento de estos ataques fueron letales.

La preocupación es natural y viene de muchos sectores que han lanzado sus voces de alarma ante esta situación. Entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 25 homicidios de firmantes de paz y 34 masacres con 116 víctimas fatales. Desde la implementación del Acuerdo de Paz, entre enero de 2016 y junio de 2025, se han registrado 1.577 asesinatos de líderes sociales.

Casos como el de Uribe Turbay muestran que al país aún le cuesta superar los fenómenos de violencia. Según Leonardo González, director de Indepaz, la persistencia de la violencia política es de extrema gravedad. Aunque algunos afirman que Colombia vive una democracia plena, ejercer la política sigue implicando riesgos graves, anota este investigador, que lleva un juicioso recuento de lo que ocurre en el territorio.

A pesar de las promesas de no repetición tras el Acuerdo de Paz, la violencia política se mantiene. No solo a través de asesinatos: también mediante amenazas, estigmatización, sabotajes, judicializaciones arbitrarias y exclusión de voces incómodas para el poder local o nacional.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, no basta con garantizar la seguridad de los precandidatos visibles. También es necesario proteger a quienes hacen política desde los márgenes: liderazgos locales, mujeres sin respaldo económico, comunidades indígenas y afrodescendientes y sectores sociales que ven la política como herramienta de transformación.

Esta situación ocurre mientras los grupos armados ilegales aumentan su capacidad. Según un reciente informe de inteligencia, estos grupos cuentan hoy con cerca de 25.000 integrantes, 15 por ciento más que a comienzos del año y 56 por ciento más que en 2023.

Una tragedia para un país que repite su historia de manera dolorosa. Y que, como dicen los investigadores y los organismos de derechos humanos, toma conciencia de la gravedad de estos acontecimientos exclusivamente cuando se producen hechos de fuerte impacto mediático, como los sufridos por el senador Ortega, el gobernador Martínez Prada o el senador Uribe Turbay.

Entre tanto, la violencia acecha en esa Colombia profunda y olvidada. Para González, de Indepaz, la historia colombiana está marcada por asesinatos de candidatos presidenciales, líderes opositores, concejales, ediles y voceros populares.

Esta violencia no ha desaparecido: se ha transformado, se ha desplazado hacia los territorios y golpea con mayor fuerza a quienes menos visibilidad tienen.

Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, la mayoría aspirantes a concejos municipales en zonas rurales. Nueve eran mujeres con procesos comunitarios o de base. Una tragedia para un país donde el fenómeno de la violencia no cesa.