El Congreso extendió los PDET por diez años: ¿cómo quedó la hoja de ruta y qué implica para los territorios?

En la conmemoración de los nueve años del Acuerdo Final de Paz, el Congreso aprobó la extensión por una década de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Para organizaciones defensoras de los derechos humanos, la iniciativa representa un nuevo paso para asegurar la continuidad de las transformaciones prometidas en los territorios más afectados por el conflicto.

Con 56 votos a favor, la plenaria aprobó el proyecto que establece mantener el programa creado en 2016 para respaldar proyectos en territorios afectados por la violencia, las economías ilícitas y la pobreza. La decisión llega cuando al esquema original solo le quedaban dos años de vigencia, por lo que la prórroga redefine el horizonte de su ejecución con las comunidades.

Ante los impactos diferenciados del conflicto armado en el país, el Acuerdo de La Habana definió 16 subregiones PDET para orientar intervenciones de largo plazo en territorios con una débil presencia institucional. En ese sentido, el proyecto de ampliación de vigencia busca consolidar los proyectos en curso para alcanzar impactos sostenibles en 19 departamentos y 170 municipios.

Carlos Benavides, ponente de la iniciativa, explicó a CAMBIO que la prórroga busca mantener el apoyo a estrategias comunitarias para mantener vivo uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Con la nueva ley, se busca que los PDET operen de forma articulada con el Plan Nacional de Desarrollo para contar con una ruta de financiación estable.  

“Los recursos destinados a los PDET no pueden reemplazar la inversión social ordinaria que necesitan los territorios. Ahora, los municipios reconocidos en el programa podrán acceder a créditos en condiciones favorables para desarrollar proyectos de infraestructura, transporte, educación y servicios básicos con enfoque regional”, explicó el congresista.

La nueva hoja de ruta de los territorios PDET

El decreto 893 de 2017 establecía que en mayo de 2027 terminaría la vigencia de los PDET en el país. Sin embargo, los municipios priorizados continúan enfrentando brechas sociales profundas, por lo que organizaciones de víctimas del conflicto armado solicitaron ampliar el plazo para garantizar que las intervenciones de largo aliento puedan consolidarse en el territorio.

El representante Diógenes Quintero, quien ocupa una de las curules transitorias de paz, explicó a CAMBIO que la prórroga permitirá aumentar el apoyo a municipios que requieren atención preferencial del Estado. En ese sentido, destacó que más de 6 millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes podrán participar en procesos de planificación y seguimiento de los proyectos que buscan transformar sus territorios.

La nueva ley busca fortalecer el marco de articulación entre los PDET y los distintos instrumentos de planeación nacional y territorial. Con la adición al artículo 6 del decreto original, los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) deberán armonizarse con planes municipales para evitar duplicidades y garantizar que las inversiones destinadas a los PDET se integren en una estrategia de desarrollo rural.

Para el congresista Carlos Benavides, otro de los puntos centrales de la iniciativa es la ampliación de las fuentes de financiación. La actualización del artículo 9 establece que los recursos para los PDET y los PATR podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías y la cooperación internacional.

La ley también incorpora un programa para fortalecer la capacidad institucional de los municipios priorizados. Además, el Departamento Nacional de Planeación deberá estructurar un sistema de seguimiento y presentar informes periódicos al Congreso sobre los avances, los ajustes normativos necesarios y el cumplimiento de las metas previstas.

Más allá de la prórroga: los retos pendientes para consolidar los PDET

En la fase inicial de los PDET, se realizaron consultas comunitarias para conocer las necesidades territoriales que se deberían priorizar para consolidar proyectos regionales. En esas jornadas, se plantearon más de 33.000 iniciativas relacionadas con educación, reactivación económica, reconciliación, infraestructura y salud rural.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha advertido que, aunque la extensión de la vigencia de los PDET es positiva, por sí sola no garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados. Por eso, organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento han reiterado que se deben priorizar los proyectos que realmente contribuyan a reducir las brechas sociales. 

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, plantea que los territorios PDET deben recibir un acompañamiento sostenido que vaya más allá de la asignación de recursos. En ese sentido, destaca la necesidad de implementar medidas para la protección efectiva de las comunidades que buscan participar en el proceso de transformación territorial.

Uno de los puntos más cuestionados de la nueva ley sobre los PDET corresponde a la ampliación de su cobertura. Especialistas como Felipe Zarama, investigador de la FIP, han advertido que sumar nuevos municipios sin haber consolidado los avances en los 170 inicialmente priorizados podría dispersar recursos y esfuerzos, debilitando el impacto de los programas.

El articulado aprobado en el Senado establece que el Gobierno nacional debe promover un estudio técnico en un plazo menor a un año para promover la ampliación a municipios que quedaron excluidos de los PDET en 2017. No obstante, organizaciones y expertos sostienen que el verdadero desafío no estará solo en sumar más territorios, sino en garantizar la calidad de las intervenciones actuales.