El Estado se salva de pagar 465.000 millones de pesos: Consejo de Estado tumba millonaria demanda por la Ruta del Sol III

El Consejo de Estado desestimó una demanda interpuesta por el consorcio Concisa S.A.S., que reclamaba una indemnización de 465.000 millones de pesos por parte del Estado.

La empresa también solicitaba la anulación del contrato de concesión otorgado a Yuma Concesionaria para ejecutar el sector tres de la Ruta del Sol, correspondiente al tramo San Roque-Ye de Ciénaga y El Carmen de Bolívar-Valledupar.

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Según el demandante, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) evaluó de manera errónea su capacidad financiera, lo que habría provocado su exclusión injustificada del proceso licitatorio. De acuerdo con su argumento, dicha exclusión impidió que su propuesta, presuntamente más favorable, fuera considerada como la mejor opción.

No obstante, el alto tribunal concluyó que la descalificación del consorcio fue legal y se ajustó a criterios técnicos exigentes. La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que la evaluación de los requisitos financieros, incluyendo el cupo de crédito, se llevó a cabo con base en estándares internacionales, como los definidos por Standard & Poor's y el Banco Mundial, que exigen un índice de riesgo crediticio mínimo de BBB, el cual Concisa no alcanzó.

“Ante la falta de comprobación de todas las exigencias para tener como hábil al consorcio Vías de la Competitividad - Ruta del Sol, carece de fundamento la petición para estudiar si debió ser adjudicatario, condición cuya acreditación materializa el interés jurídico para poder acceder a la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación proferido en el marco del proceso de selección”, establece el fallo.

Gracias al trabajo conjunto entre la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la @ANI_Colombia, el Consejo de Estado negó una demanda por $464.000 millones.

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— Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (@AgenciaDefensaJ) June 11, 2025

¿Qué dice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

Tras conocerse la decisión, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Cesar Palomino, expresó en declaraciones a W Radio que el pronunciamiento judicial reafirma la legalidad de las actuaciones de la administración pública y respalda la posición defendida por el Estado. Además, destacaron que la decisión permitió proteger las finanzas públicas, al evitar el pago de una millonaria indemnización.

“La decisión confirmó la legalidad de la actuación administrativa y respaldó la postura defendida por el Estado, lo que permitió evitar un impacto económico considerable sobre los recursos públicos”, reiteró el director de la entidad.

También destacó la rigurosidad del trabajo jurídico al afirmar que “detrás de cada proceso hay un trabajo técnico y riguroso que busca lo esencial: defender al Estado con argumentos sólidos y decisiones responsables”.