Proyecto en el Concejo de Bogotá podría restringir el aborto legal pese a ser un derecho constitucional, denuncian organizaciones

Un proyecto de acuerdo que se discute actualmente en el Concejo de Bogotá ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Se trata del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, promovido por la concejala Clara Sandoval (Partido Liberal), con ponencias de los concejales Julián Forero, más conocido como 'Fuchi' (Colombia Renaciente), y Giovanni Barrios (Centro Democrático), el cual busca crear la llamada “Ruta por la Vida para mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”.

Aunque el proyecto es presentado como un complemento a la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal (RIAS), sus implicaciones reales podrían traducirse, según algunas organizaciones feministas, en nuevas barreras institucionales para acceder al aborto legal en la ciudad, a pesar de que este ya ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental.

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Una ruta que podría revictimizar

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto es su propuesta de exigir valoraciones psicosociales obligatorias antes de acceder a un procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este requisito ha sido calificado como una forma de revictimización que ignora la autonomía reproductiva de las mujeres, así como de otras personas con capacidad de gestar, y que pondría en duda su capacidad para tomar decisiones informadas.

“Este proyecto es inconstitucional e innecesario. El acceso a salud mental ya está garantizado en la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAS) y en la ruta de IVE según la resolución 051 de 2023. El Concejo estaría regulando lo que ya está regulado, en un país que está sobrenormado”, advirtió Laura Castro González, directora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa y referente en temas de salud sexual y reproductiva en el país.

Riesgo de retrocesos en la jurisprudencia

El aborto en Colombia fue despenalizado hasta la semana 24 de gestación por la Sentencia C-055 de 2022, que lo reconoce como un derecho fundamental. Esta decisión se sumó a la jurisprudencia ya establecida en fallos como la Sentencia C-355 de 2006, que abrió el camino para la IVE en tres causales.

Para organizaciones como La Mesa por la Vida, el Proyecto 340 no solo ignora estos avances sino que introduce mecanismos de control que, en la práctica, podrían disuadir a quienes decidan abortar. “Este proyecto pone en riesgo la salud pública. En lugar de avanzar hacia una atención empática, humanizada y sin estigmas, el Concejo está considerando medidas regresivas que solo alimentan la desinformación y la criminalización”, señaló Laura Pedraza, abogada de incidencia de la organización.

Llamado al archivo del proyecto

Por estas razones, la organización ha hecho un llamado urgente al Concejo de Bogotá para que archive el Proyecto 340 de 2025 y se abstenga de aprobar medidas que desconozcan la jurisprudencia constitucional. Asimismo, instan a las entidades distritales a defender de manera activa el derecho a la IVE como parte integral de la salud pública y de los derechos humanos.

CAMBIO intentó comunicarse con la concejala Clara Sandoval para conocer su posición sobre los cuestionamientos al proyecto y también sus argumento, pero hasta el momento de publicar esta noticia no obtuvimos respuesta.