Hay más de 700 contratos estatales suscritos con personas inhabilitadas, advierte la Contraloría

La Contraloría General de la República encontró que 718 contratos suscritos con el Estado fueron firmados por responsables fiscales inhabilitados. El hallazgo se produjo tras un cruce de información, realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), entre las bases de datos de contratación pública (Secop I y II) y los registros de responsables fiscales en el Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (Sibor).

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El análisis incluyó contratos firmados entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025, así como aquellos cuya ejecución continuaba vigente a corte del 31 de mayo de 2025.

“Se relacionaron personas naturales y jurídicas con fallos de responsabilidad fiscal debidamente identificados en Sibor (número de fallo, boletín, proceso e identificación), verificando si a la fecha de suscripción del contrato dichas personas registraban una inhabilidad vigente o en curso”, explicó la entidad.

Gracias a este cruce de datos, la Contraloría identificó 30 contratos en ejecución, firmados por 24 responsables fiscales, con un valor agregado de 20.247 millones de pesos.

También detectó 688 contratos, por un valor total de 737.871 millones de pesos, suscritos por 287 contratistas que habrían estado inhabilitados al momento de la firma contractual. Sin embargo, la entidad observó que estas personas posteriormente resarcieron su obligación fiscal o fueron excluidas del boletín Sibor tras la ejecución de los contratos.

Cajas de compensación familiar entre los contratistas inhabilitados

Un hecho que llama la atención es que dos de los contratistas inhabilitados al momento de la firma del contrato ya habían sido identificados en alertas emitidas por la Contraloría en vigencias anteriores, debido a observaciones en la ejecución contractual u otras situaciones de inhabilidad.

Uno de los casos corresponde a la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, que se encontraba inhabilitada al momento de suscribir un contrato con la Fiscalía - Regional Centrosur, por un valor de 159.977.528 pesos.

El otro caso involucra a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), también inhabilitada al momento de firmar un contrato con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por un valor de 47.949.700 pesos.

La Contraloría informó que estos y demás resultados serán entregados a las entidades competentes, y que “emitirá las alertas correspondientes y continuará ejerciendo control fiscal concomitante y preventivo sobre estos casos, con el objetivo de advertir posibles riesgos en la contratación pública y promover el cumplimiento del régimen de inhabilidades”.