Contratación pública

A través de consorcios y estructuras empresariales interpuestas, el condenado por corrupción Emilio Tapia habría intentado participar en al menos cuatro procesos licitatorios en distintas entidades del Estado, según reveló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Durante este gobierno, Julio César y Juan Carlos Sánchez Suárez, hermanos del ministro de Defensa Pedro Sánchez, han suscrito 7 contratos con el gobierno Petro por un valor superior a los 735 millones de pesos. Todos por contratación directa y en entidades como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Servicio Geológico Colombiano.

En medio del aumento de contrataciones en distintas entidades del Estado y a las puertas de un nuevo ciclo electoral, la Ley de Garantías vuelve al centro del debate. ¿Qué prohíbe, qué permite y cómo se controla su cumplimiento?

El proyecto científico más ambicioso anunciado por el Gobierno se adjudicó en tiempo récord, con criterios más restrictivos que cualquier otra convocatoria comparable y pese a advertencias sobre la supuesta vulneración de los principios de transparencia, igualdad, y debido proceso. Este es el 'detrás de camaras'.

En una semana —y especialmente en un día— el Estado comprometió recursos como si estuviera rematando fin de temporada. Se detectó un pico contractual del 190 por ciento frente al promedio histórico que ocurrió justo antes de que la Ley de Garantías electorales cerrara la ventanilla.

Desde hace siete meses, el Gobierno está intentando darle un giro a la forma como se almacenan los datos públicos del país, desde procesos de contratación hasta información de las Fuerzas Militares. La puja por los 1,3 billones de pesos que mueve esta operación, y la presencia de empresas chinas tiene a Estados Unidos con las alarmas encendidas y abre un nuevo capítulo de confrontación con la administración de Trump.

Este medio tuvo acceso a documentos que muestran que, bajo el sistema de tercerización de compras creado por Edwin Palma como interventor de Air-e, la empresa pagó millonarios sobrecostos por materiales esenciales para la operación de la compañía. Esta historia se relaciona con la adquisición de unos transformadores de energía incluidos en el polémico megacontrato de compras que las autoridades investigan.

Se trata de 718 contratos firmados por personas o entidades con responsabilidad fiscal o que habrían estado inhabilitados al momento de la contratación. Entre los contratistas se encuentran cajas de compensación familiar previamente alertadas por la misma entidad.

La firma estadounidense finalmente fue elegida para representar a Colombia en el arbitraje contra la minera Continental Gold, a pesar de las denuncias por posible favoritismo y los altos costos de su propuesta.

CAMBIO revela cómo, por la orden de Gustavo Petro de sacar a la empresa Thomas Greg and Sons del negocio de pasaportes, el Gobierno de Colombia terminó prorrogando tres veces el contrato con esa empresa que seguirá haciendo los documentos hasta el 2026. Además, ahora dejará amarrado un acuerdo directo con Portugal por diez años, justo antes de que termine su mandato.

El acuerdo para que la empresa de la familia barranquillera y Audifarma tuvieran la exclusividad en la distribución de medicamentos a entidades públicas se hundió. Detrás hay investigaciones en curso e irregularidades que hasta ahora habían permanecido ocultas. CAMBIO revela la historia.

CAMBIO revela los detalles del direccionamiento de la contratación pública y el negocio de los cupos indicativos por los que el exrepresentante José Carlos Mizger Pachecho acaba de ser llamado a juicio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Un entramado de corrupción, con múltiples protagonistas, cual serie de televisión. Esta es la historia.

CAMBIO revela los detalles de la acusación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del representante a la Cámara liberal y exmandatario del Chocó, Jhoany Carlos Palacios Mosquera, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Una denuncia anónima conocida por CAMBIO destapó presuntas irregularidades en contratos clave como el de las Rutas del Consumidor, que involucran a una exfuncionaria cercana a la superintendente Cielo Rusinque . Esta es la historia.

Salim Kadamani Fonrodona no tiene ninguna experiencia en procesos de apropiación digital y educación virtual. A pesar de eso, en febrero de este año le dieron un millonario contrato para trabajar en la dirección que maneja estos temas en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Contraloría descubrió que el 97 por ciento de los convenios que el DPS entregó desde hace casi 10 años no tiene soporte documental. El rastro del dinero público que debía destinarse a obras sociales en las regiones más pobres del país no aparece. ¿Qué ocurrió?

CAMBIO conoció un correo que podría demostrar la participación de Harold Ramírez, funcionario de Ecopetrol y extrabajador de Helistar, en el proceso que terminó en la decisión de cancelar el contrato con Helicol. Esa empresa denunció también una manipulación del proceso de licitación en favor de su competidor, mientras que Ecopetrol defiende su acción por los incumplimientos.

Desde agosto, las obras del proyecto de 3,2 billones están prácticamente paradas. Ecosistemas del Dique, el concesionario, ya tiene hora cero para iniciar acciones legales. Las comunidades piden mesas de discusión técnica para medir el verdadero impacto ambiental.