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Thomas Greg and Sons desistió de su demanda contra Colombia por haberle quitado la licitación de los pasaportes en el año 2023.
Poder

Pasaportes en Colombia: el capricho de Petro que acabó en contratos a dedo con Thomas Greg y Portugal

CAMBIO revela cómo, por la orden de Gustavo Petro de sacar a la empresa Thomas Greg and Sons del negocio de pasaportes, el Gobierno de Colombia terminó prorrogando tres veces el contrato con esa empresa que seguirá haciendo los documentos hasta el 2026. Además, ahora dejará amarrado un acuerdo directo con Portugal por diez años, justo antes de que termine su mandato.

Por: Paola Herrera

En la noche del pasado martes, luciendo una ruana blanca contramarcada con el escudo de Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo el siguiente anuncio en el consejo de ministros: “No vamos a seguir con Thomas Greg and Sons porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta y el canciller (Álvaro Leyva), por demorarse en hacerme caso de suspender rápido ese proceso, terminó en un lío que lo sacó del cargo por decisión de la Procuraduría. Ahora quiere vengarse de mí con sus famosas carticas tontas”.

El asunto es que, horas antes, la canciller Laura Sarabia había comunicado que el contrato con Thomas Greg and Sons para elaborar pasaportes se prorrogaría por 11 meses más. El pronunciamiento de Petro reavivó el escándalo alrededor de uno de los contratos más enredados del Gobierno y volvió a poner en evidencia las tensiones entre las decisiones técnicas del gabinete y las posturas políticas del presidente.

Aunque parecía una contradicción frontal entre el presidente y la canciller, ambas partes coinciden en que no hubo una desautorización como tal, sino una insistencia de Petro de rechazar una nueva licitación pública que, otra vez, termine en manos de Thomas Greg and Sons (TGS). Por eso, ha pedido que el proceso se contrate con otro país, por medio de un acuerdo de gobiernos que también le permita a Colombia recibir tecnología y conocimiento.

Esa es la solución definitiva en la que trabaja la canciller, quien perfecciona un acuerdo con Portugal para que ese país se encargue de elaborar los pasaportes: una idea que se está gestando desde hace más de un año, pero que no ha podido concretarse. ¿Por qué? Porque la Imprenta Nacional, la entidad que se encargará del proceso en Colombia, aún no está lista ni cuenta con la capacidad para hacerlo.

Mientras tanto, el Gobierno reconoce que no hay otro operador disponible ni capacitado para asumir la tarea de forma inmediata. Por ese motivo, mantener a TGS, aunque sea de forma transitoria, es la única alternativa para garantizar que los colombianos no se queden sin el documento. En ese sentido, el presidente estaría de acuerdo con una solución temporal, siempre y cuando avance el proceso que permitirá sacar definitivamente a la empresa del negocio y, con ello, que el manejo de los datos quede en manos del Estado.

A pesar de esa visión del presidente, en estos tres años de gobierno ha quedado demostrado que cada intento por sacar a Thomas Greg and Sons del negocio ha terminado, irónicamente, en lo contrario: una nueva prórroga, un nuevo contrato directo y una nueva entrega “a dedo”. No ha habido licitación efectiva, ni plan B viable, ni una solución que rompa realmente con el pasado, como tanto quiere Petro. Pareciera que la única opción para salir de Thomas es volver a Thomas.

CAMBIO revela los hechos que han marcado esta historia que cada vez deja más dudas que certezas. El enredo con los pasaportes ha sido un claro ejemplo de tensión política en Colombia que involucra a múltiples actores con poder. Además, es la prueba de un conflicto sostenido y de decisiones contradictorias que pueden generar consecuencias directas para los ciudadanos que quieran salir del país.

El inicio de un lío de marca mayor

Desde agosto de 2022, cuando llegó al poder, Gustavo Petro manifestó su intención de terminar la relación con la empresa Thomas Greg and Sons, que desde hacía 16 años elaboraba y distribuía los pasaportes en el país.

Desde entonces comenzó un enfrentamiento político con la poderosa firma de Felipe, Fernando y Camilo Bautista, conocidos como “los hermanos Bautista”, empresarios con fuerte influencia en varios sectores del poder. Según el presidente, este grupo ha mantenido un monopolio del negocio de los pasaportes, y también de otros procesos sensibles, como la contratación para elecciones. Las críticas no eran nuevas, pero con Petro en el poder subieron de tono alcanzando nuevas proporciones.

A pesar de su intención de romper con Thomas Greg and Sons, Petro no pudo evitar que, apenas un mes después de asumir la Presidencia, la Cancillería tuviera que otorgarle a esa empresa la primera prórroga del contrato vigente para elaborar los pasaportes. El servicio no podía interrumpirse mientras se definía un nuevo proceso de contratación. Así, apenas comenzó su mandato, el presidente perdió el primer pulso para sacar a TGS del camino.

La decisión que le costó a Álvaro Leyva el puesto

El año 2023 trajo una serie de enredos que ni el propio presidente Petro habría anticipado. El entonces canciller, Álvaro Leyva, abrió una licitación pública para adjudicar el nuevo contrato de pasaportes. Sin embargo, en ese proceso solo quedó habilitada la misma empresa que el presidente no quería. Según las denuncias y observaciones de otras compañías interesadas, las condiciones estaban hechas a la medida de TGS, y desde la misma entidad que Leyva dirigía se habrían acomodado los pliegos para favorecer a la firma de los Bautista.

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Foto: Colprensa

Por eso, los entes de control comenzaron a investigar el proceso y, debido a la falta de pluralidad de oferentes, que contrariaba la instrucción presidencial, la Cancillería decidió declarar desierta la licitación en octubre de 2023. Aunque técnicamente era una figura válida, la decisión fue interpretada como una jugada política. La empresa que siempre argumentó que cumplió con todos los requisitos y obtuvo el máximo puntaje respondió con amenazas de demanda.

Fueron varias las irregularidades denunciadas en más de 500 observaciones que hicieron otros posibles oferentes. Por eso, la permanencia de Leyva en la Cancillería fue insostenible y, en enero de 2024, la Procuraduría lo suspendió provisionalmente. En su reemplazo fue designado canciller Luis Gilberto Murillo, quien halló un panorama sin salidas claras: no había nueva licitación, no había operador alternativo y el contrato con TGS otra vez estaba a punto de vencerse.

Ante esa situación, Murillo autorizó una segunda prórroga directa con Thomas Greg and Sons. Mientras tanto, empezaba a sonar una idea que ya venía circulando en los pasillos del poder: buscar un acuerdo internacional con otro país que permitiera resolver el problema sin recurrir a una licitación convencional en la que la empresa, a la que el presidente le declaró la guerra, pudiera volver a participar.

Pasó otro año y el contrato con otro país no avanzó: la polémica entre Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo

En enero de 2025, Laura Sarabia llegó a la Cancillería y encontró una carpeta aparentemente lista para firmar un acuerdo con Portugal. Sin embargo, según su versión, lo que había no era más que un memorando de entendimiento sin respaldo financiero ni técnico. Por eso, señala al excanciller Luis Gilberto Murillo por haber dejado el tema empantanado.

Sarabia asegura que ni siquiera hubo empalme. Según ella, Murillo simplemente se negó a hacerlo. Además, Sarabia dice que en el informe de gestión que le entregó, de varias decenas de páginas, ni una sola vez aparece la palabra “pasaporte”. Ante eso, la nueva canciller le pidió una aclaración formal. Pero la respuesta solo llegó cuatro meses después, el 28 de abril, cuando el problema ya estaba desbordado.

Como si eso fuera poco, las conversaciones entre ambos países se enfriaron justo cuando más se necesitaba, porque en esa misma época murió el embajador colombiano en Lisboa, José Fernando Bautista. Esa situación también contribuyó a que el proceso quedara congelado durante meses.

¿Qué dice Luis Gilberto Murillo?

En medio de este rifirrafe, Luis Gilberto Murillo ha dicho que las afirmaciones de Laura Sarabia son falsas. El excanciller afirmó haber dejado todo listo para que el convenio con Portugal pudiera implementarse. Además, dice que a la administración que lo reemplazó le entregaron todos los documentos estratégicos, que incluían los convenios con la Imprenta Nacional y Migración Colombia.

Para Murillo, la urgencia manifiesta que se declarará para prorrogar el contrato con Thomas Greg and Sons no se debe a una falta de información sino a una falta de continuidad. “El modelo estaba listo para entrar en operación en septiembre, con producción nacional, transferencia tecnológica e inversión extranjera” aseguró el exfuncionario.

A pesar de las explicaciones, los hechos parecen contradecir esa afirmación. El memorando firmado no incluía recursos garantizados, ni vigencias futuras aseguradas. Portugal también tenía que aprobar el contrato y eso solo pasó hasta febrero de este año, cuando Sarabia ya estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, CAMBIO conoció que cuando la nueva canciller comenzó a revisar los detalles, encontró otro problema mayor: el esquema propuesto era económicamente inviable. Los pasaportes se imprimirían en Portugal y luego se enviarían a Bogotá, con costos calculados en euros. Solo el transporte hacía inviable la operación. Por eso, Sarabia tuvo que sentarse de nuevo con las autoridades portuguesas y renegociar todo el esquema.

Así, la que parecía una solución definitiva al histórico enredo terminó convertida en un punto muerto. Una fuente al interior del Gobierno que conoció todo el proceso le dijo a este medio que en la Cancillería nunca han querido hacer una nueva licitación porque eso es lo que no quiere el presidente.

Por esa razón, Luis Gilberto Murillo estudió varias opciones de países con los que podía firmar un acuerdo como España y Francia, pero solo en Portugal encontró una verdadera opción que calmara las aguas. Entre tanto, con una nueva prórroga del contrato logró convencer a Thomas Greg and Sons de retirar la demanda contra Colombia y, además, garantizó la prestación del servicio.

¿Qué viene ahora?

Como ya se mencionó, la Cancillería declarará en los próximos días la urgencia manifiesta para extender, por 11 meses más, el contrato por 208.000 millones de pesos con Thomas Greg and Sons, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de este año. Será la tercera prórroga consecutiva con la empresa y se dará para evitar que la entrega de los documentos colapse.

En paralelo, según informó la propia ministra Laura Sarabia, en las próximas semanas se firmará el esperado contrato entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia, que busca reemplazar de forma definitiva a TGS. No obstante, el nuevo esquema no arrancará de inmediato: las dos entidades requieren un proceso de alistamiento técnico y logístico que durará cerca de un año. Esto supone que el nuevo sistema estaría listo el 31 de julio de 2026.

En ese momento faltarán apenas siete días para que termine el Gobierno de Gustavo Petro. Cuando eso ocurra, Colombia estrenará un contrato firmado por diez años con otro país, entregado de forma directa y que costará más de 10 billones de pesos.

Aunque el Gobierno colombiano garantiza que los datos de sus ciudadanos estarán en poder del Estado y que Portugal también transferirá tecnología y conocimiento para que en 2036 el país sea autónomo en la elaboración de las libretas, es paradójico que se le deje a la siguiente administración un contrato amarrado por tanto tiempo.

Es justo eso lo que tanto ha criticado el presidente Gustavo Petro en su relación con Thomas Greg and Sons: contratos firmados a largo plazo, entregados a dedo y sin competencia real. ¿Será este el final del enredo con los pasaportes en Colombia o apenas el comienzo de un nuevo lío mucho mayor?

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