Saray Robayo, Emilio Tapia y la relación que puso en riesgo el patrimonio de la congresista
Saray Robayo, representante a la Cámara, y Emilio Tapia, contratista condenado. Fotoilustración: Yamith Mariño-CAMBIO.
La representante a la Cámara por el Partido de la U le entregó a la justicia las pruebas con las que pretende desvirtuar la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una sociedad patrimonial con el condenado contratista.
Por: Ana María Cuesta
En 2018, Saray Robayo Bechara participó en el Concurso Nacional de Belleza. Años después llegó a la Cámara de Representantes con una de las votaciones más altas del Partido de la U en Córdoba. Hoy su nombre aparece en un proceso de extinción de dominio relacionado con el caso Centros Poblados y con su relación sentimental con el condenado contratista Emilio Tapia.
La Fiscalía dictó medidas cautelares contra cinco bienes de Saray Robayo en medio del proceso que persigue el patrimonio relacionado con el caso Centros Poblados, el contrato por un billón de pesos para llevar internet a escuelas rurales del país que el Ministerio TIC del gobierno de Iván Duque le adjudicó en 2020 a una unión temporal que Tapia controlaba en la sombra.
CAMBIO revela en esta historia los detalles de la defensa jurídica con la que Robayo intenta proteger sus inmuebles en un proceso en el que la vinculan exclusivamente por su relación sentimental con el contratista Emilio Tapia. Una defensa que, además, terminó exponiendo ante la justicia aspectos de la antigua relación de la congresista con el exembajador y hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.
Los bienes en disputa
Entre los inmuebles afectados por las medidas cautelares hay un predio rural de 2.100 metros cuadrados en San Bernardo del Viento, Córdoba, adquirido en marzo de 2022 por 22 millones de pesos. También aparecen cuatro bienes comprados en un 50 por ciento junto a su medio hermano Raymundo Elías Méndez Bechara.
Entre ellos figuran una finca de 31 hectáreas en Montería, adquirida en 2021 a su madre Ilse Bechara por 395 millones de pesos, y un penthouse en Coveñas, Sucre, de 338 metros cuadrados con dos parqueaderos, por los que pagó 280 millones de pesos ese mismo año.
Crédito: redes sociales de Saray Robayo.
La Fiscalía sostiene que, aunque se trata de bienes de procedencia lícita, estos podrían haber sido utilizados para ocultar o blindar un patrimonio relacionado con las maniobras corruptas del caso Centros Poblados.
En la demanda, el ente acusador recordó que Tapia acordó el pago de 4.000 millones de pesos para obtener la experiencia de dos empresas necesarias para cumplir los requisitos del contrato adjudicado por el Ministerio TIC. También señaló que, después de esas operaciones, el contratista adquirió vehículos, obras de arte, horas de vuelo y pagó préstamos personales con recursos presuntamente provenientes del contrato.
La Fiscalía advirtió que las medidas cautelares se sustentan en la figura de la “probabilidad jurídica fundada probatoriamente”, que permite afectar bienes de familiares o personas cercanas cuando existen indicios de mezcla patrimonial con recursos derivados de actividades ilícitas.
La tesis de la defensa
La respuesta de la congresista llegó a través de varios escritos radicados por su abogado, Andrés Pastás, ante la jueza del caso.
La estrategia jurídica busca desmontar un punto central de la Fiscalía: la idea de que entre Robayo y Tapia existe o existió una sociedad patrimonial de hecho capaz de vincular el patrimonio de ambos.
Para hacerlo, la defensa manifestó que la relación sentimental entre los dos comenzó en 2024 –sin especificar cuándo– y que nunca existió convivencia suficiente para configurar una unión marital de hecho, pues entre 2020 y finales de 2023, Robayo “ni siquiera conocía a Tapia”.
El abogado también argumentó que Tapia sigue casado legalmente con Natalia Morales Arzayuz, con quien contrajo matrimonio en 2016, circunstancia que impediría reconocer otra sociedad patrimonial.
Pastás también sostuvo que Robayo no conoció a Tapia durante el tiempo en el que el contratista incrementó su patrimonio con los recursos relacionados con Centros Poblados, cifra que un juez acreditó en 5.063 millones de pesos.
“Nunca existió apoyo mutuo económico, moral ni espiritual”, afirmó el abogado en uno de los escritos presentados ante la jueza.
La defensa insistió en que Robayo adquirió los bienes cuestionados antes de iniciar cualquier relación con Tapia y sostuvo que la representante tenía ingresos suficientes derivados de su actividad profesional y política. Para ello, aportó las declaraciones de renta de la congresista en las que se reportan, para 2020, un patrimonio de 1.929 millones de pesos, para 2021, de 1.795 millones, y para 2022, de 2.061 millones.
Según el expediente, Robayo trabajó en la Universidad del Sinú, institución fundada por su abuelo Elías Bechara Zainúm, y en 2020 estuvo siete meses en el Ministerio del Interior, como secretaria ejecutiva de la entonces ministra Alicia Arango, previo a aterrizar en la Cámara.
La cárcel de Barranquilla
Uno de los puntos más llamativos de la estrategia jurídica gira alrededor de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, donde Tapia permaneció recluido entre junio de 2022 y el 14 de abril de 2025.
La defensa aportó una certificación del Inpec según la cual Saray Robayo no ingresó al centro penitenciario antes del 2 de mayo de 2024.
El documento busca desmontar la posibilidad de que hubiera existido convivencia previa entre ambos y, por tanto, impedir que la Fiscalía configure una sociedad patrimonial de hecho.
Pero llama poderosamente la atención que, para el 18 de abril de 2024 y, supuestamente, sin haber conocido a Tapia, Saray Robayo le haya solicitado al Inpec la información de sus ingresos a esa cárcel específica en que se encontraba él.
El abogado Pastás afirmó que esa certificación permite inferir que Robayo y Tapia no compartieron “cama, techo y lecho”, una expresión utilizada varias veces en el expediente para insistir en la inexistencia de convivencia.
La discusión no es menor. En Colombia, la unión marital de hecho puede producir efectos patrimoniales después de dos años de convivencia permanente.
Por eso, una de las principales disputas del proceso gira alrededor de una pregunta aparentemente simple: ¿cuándo comenzó realmente la relación entre la congresista y el contratista?
El nombre de Benedetti
Para reforzar la tesis de que Robayo no conocía a Tapia antes del 2 de mayo de 2024, la defensa introdujo en el expediente otro nombre con peso político: Armando Benedetti.
Según los documentos aportados por el abogado, la congresista sostuvo una relación sentimental con el hoy ministro del Interior entre 2022 y 2023.
La defensa anexó enlaces de prensa y certificaciones de vuelos privados realizados por Robayo y Benedetti entre Barranquilla y Caracas durante 2023.
Los trayectos fueron realizados en aeronaves operadas por las compañías Helistar, Helijet y Río Sur.
Para el abogado Pastás, esos documentos resultan útiles para demostrar que durante ese periodo Robayo mantenía una relación con Benedetti y que, por lo tanto, aún no conocía a Emilio Tapia.
La aparición del ministro en el expediente convirtió un proceso patrimonial en una historia con implicaciones políticas adicionales.
Benedetti es uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno de Petro y una figura acostumbrada a ocupar el centro de las controversias públicas. Que su nombre apareciera en la defensa de Robayo llamó rápidamente la atención dentro y fuera de los círculos judiciales.
Las fechas en disputa
Uno de los aspectos que más inquietudes genera dentro del expediente es la ausencia de fechas precisas sobre el inicio de la relación entre Robayo y Tapia.
Aunque la defensa sostiene que el vínculo comenzó en 2024, evita señalar un día concreto.
El abogado Pastás pidió incluso que sean los propios Robayo y Tapia, además de los abogados del contratista, quienes declaren ante la jueza para explicar cuándo empezó la relación.
La precisión temporal resulta clave para el proceso porque la Fiscalía necesita demostrar si existió una unión patrimonial capaz de conectar los bienes de la congresista con los recursos investigados.
En junio de 2025, durante una entrevista concedida a la periodista española Eva Rey, Robayo aseguró que su maternidad había sido “planeada y concebida” en prisión junto a Tapia.
La entrevista nunca fue publicada de manera completa después de la controversia generada por algunos fragmentos divulgados en redes sociales.
En el expediente judicial no aparece el registro civil de nacimiento de la hija de la pareja, pero sí documentos relacionados con el matrimonio anterior de Tapia y el nacimiento del hijo que tuvo con Natalia Morales.
La defensa parece orientada a obligar a la Fiscalía a probar con exactitud el origen y la duración de la relación sentimental.
Cuando CAMBIO consultó al abogado Pastás sobre la fecha exacta del inicio del vínculo entre Robayo y Tapia, el jurista respondió que esa información hacía parte de su estrategia de defensa.
El 18 de abril de 2024, Robayo le aseguró a Caracol Radio que no sostenía una relación sentimental con el condenado contratista, en respuesta a una publicación de la sección ‘Los Confidenciales de las 12’, en la que este medio informó desde esa fecha sobre el supuesto vínculo entre ambos.
Desde esa fecha, Caracol habló de presuntas salidas de la cárcel, por parte de Tapia, que habrían estado relacionadas con encuentros con la representante Robayo. Por esas supuestas salidas, la Procuraduría anunció una indagación preliminar contra funcionarios por establecer del Inpec.
Del reinado a la política
Antes de convertirse en congresista, Saray Robayo era conocida principalmente en Córdoba por su participación en concursos de belleza y por pertenecer a una familia con influencia regional.
Su abuelo fundó la Universidad del Sinú en 1974 y su madre, Ilse Bechara, ocupó la rectoría de la institución durante dos periodos.
La congresista también pertenece al mismo círculo político de su primo Erasmo Zuleta Bechara, actual gobernador de Córdoba, y de su hermano Raymundo Méndez Bechara, quien perdió su investidura como representante a la Cámara en 2018.
En las elecciones legislativas de 2022, Robayo obtuvo una de las votaciones más altas del Partido de la U para la Cámara.
Sin embargo, su actividad legislativa ha quedado eclipsada por la exposición pública de su relación con Emilio Tapia y por las repercusiones judiciales derivadas del caso Centros Poblados.
El expediente de extinción de dominio abrió ahora una nueva etapa en esa historia.
La jueza del caso deberá determinar si la Fiscalía logra probar que existió una sociedad patrimonial entre Robayo y Tapia y si los bienes de la congresista pueden quedar vinculados jurídicamente al patrimonio del contratista.
La discusión, en apariencia técnica, terminó revelando detalles íntimos, vuelos privados, relaciones sentimentales y silencios estratégicos alrededor de una de las tramas de corrupción más grandes de los últimos años.
Mientras avanza el proceso, el expediente deja una imagen difícil de ignorar: la de una congresista que llegó al Capitolio como una de las nuevas figuras políticas de Córdoba y que hoy intenta convencer a la justicia de que, durante los años en que Emilio Tapia acumuló el patrimonio investigado por la Fiscalía, ni siquiera lo conocía.
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