Los informes secretos de la UIAF sobre Roy Barreras y su círculo político

El 9 de mayo de 2017, a las doce del día, una contratista de obra de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) giró desde su cuenta bancaria un cheque de 150 millones de pesos a nombre de un conductor de la misma entidad que ganaba poco más de un millón de pesos al mes. Ese mismo día, el dinero fue cobrado en efectivo y se atomizó: nunca volvió a aparecer en ninguna cuenta bancaria, fondo o producto financiero a nombre del conductor. Desapareció. Este es uno de los tantos hallazgos que la Unidad de Información y Análisis Financiero –la UIAF, el organismo del Estado encargado de detectar movimientos financieros sospechosos y reportarlos a la justicia– consignó en cuatro informes reservados que entregó a la Corte Suprema entre 2020 y 2023. Lo hizo, en medio de la investigación que ese tribunal adelanta contra el hoy candidato presidencial Roy Barreras y el exrepresentante a la Cámara Faber Alberto Muñoz Cerón por la presunta malversación de recursos públicos en esa institución educativa. CAMBIO revela los detalles de esa investigación financiera y las relaciones políticas entre los responsables de esos manejos y Barreras.

En julio de 2019, denuncias radicadas ante la Corte Suprema y la Fiscalía describían una presunta “empresa criminal” que entre 2014 y 2019 habría saqueado la ESAP a través de 14.009 contratos y convenios interadministrativos por 1,2 billones de pesos, la mayoría adjudicados de manera directa. Ese mismo mes, la Corte decidió que había mérito para abrir la indagación. Barreras dijo que las denuncias eran un 'complot' de la derecha, específicamente, de los funcionarios que el entonces presidente Duque había puesto en la ESAP y también de la DNI.

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A partir de ese año, la Corte fue reconstruyendo el expediente. Le pidió a la UIAF que estudiara la contratación de la entidad en su conjunto –y encontró cheques en efectivo sin justificación y, en una nota al pie casi imperceptible, la primera mención de Barreras–. Luego enfocó la lupa sobre el representante Faber Muñoz Cerón y su esposa (nombrada en una subdirección de la ESAP) –y encontró patrimonios que crecían sin ingresos que los explicaran y donantes de campaña que no tenían cómo haber donado–. Finalmente, en mayo de 2023, el alto tribunal puso el foco sobre Barreras y le pidió a la UIAF un informe que lo incluyera dentro de sus análisis financieros. CAMBIO revela a continuación lo que la entidad encontró.

El conductor que cobró un cheque de 150 millones de pesos

El primer informe de la UIAF, fechado en diciembre de 2020, parte de un dato concreto: tres cheques cobrados en efectivo por personas vinculadas a la ESAP que sumaban 1.350 millones de pesos. Ninguno tenía justificación financiera. Todos habían sido girados desde la cuenta de una misma contratista, que ese mismo año había recibido de la entidad cerca de 5.000 millones de pesos en contratos de obra.

Esa contratista era Diana Darlene Cañola Aguirre. No era una proveedora cualquiera. Desde los primeros años en que la ESAP estuvo bajo influencia política del entonces senador Roy Barreras, Cañola acumuló contratos millonarios. Según fuentes de CAMBIO, además de su actividad contractual, tenía cercanía con el entorno político de Barreras: lo acompañó en campañas, fue una de las grandes contratistas de la ESAP en esa época y, luego, obtuvo varios contratos en Cali, cuando el hijo de Barreras era secretario de Planeación de la ciudad.

Entre 2015 y 2018 firmó contratos con la ESAP por decenas de miles de millones de pesos. Uno de ellos, por 4.996 millones, era para construir la sede de la entidad en Santa Marta. Años después, la Contraloría encontró que esa obra “no cumple ninguna función” y presentaba riesgo de colapso. A eso se suma otro dato relevante: la empresa encargada de supervisar la obra tenía vínculos comerciales con la misma contratista Cañola. En ese contexto aparece el primer cheque.

El 9 de mayo de 2017, Cañola giró 150 millones de pesos a nombre de José Orlando Pinilla Domínguez, un conductor de la ESAP que ganaba poco más de 1,2 millones de pesos al mes. Es decir, en un solo documento, Pinilla recibió el equivalente a casi diez años de salario.

La UIAF incluyó la imagen del cheque en su informe y verificó qué pasó después. El resultado fue el mismo en todos los cruces: el dinero no entró a ninguna cuenta, no se invirtió en productos financieros ni quedó registrado a nombre del beneficiario. Se cobró en efectivo y desapareció. La siguiente pregunta era inevitable: ¿quién era ese conductor?

El análisis de sus movimientos bancarios permitió ubicarlo dentro de la estructura. Pinilla estaba asignado a la Dirección General de la ESAP, que en ese momento estaba en cabeza de Claudia Marcela Franco. Franco no era una funcionaria aislada: hacía parte del círculo político de Roy Barreras y, según fuentes consultadas, había llegado a ese cargo por su cercanía con Gloria Arizabaleta, entonces esposa del senador y hoy representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Pero la conexión no terminaba ahí.

Según el mismo informe, Pinilla pagó durante años las tarjetas de crédito de Rubiela Mercedes Benavides Paz. Benavides tampoco es una figura marginal en esta historia: había sido secretaria privada de Barreras cuando presidió el Partido de la U y luego llegó a la ESAP como asesora de la Dirección Nacional. Entre 2015 y 2018 firmó cuatro contratos con la entidad. Su llegada, de nuevo, se explica por el mismo círculo político.

Para entender por qué un conductor, una asesora y una contratista aparecen conectados en el mismo flujo de dinero, hay que retroceder un paso más.

La historia política de la ESAP

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la ESAP fue entregada a Roy Barreras como cuota política. Desde ese momento, la entidad comenzó a organizarse alrededor de personas cercanas a su entorno. A la dirección llegó Alejandro Larramendi, su hombre de confianza. Con él entró Claudia Marcela Franco. En la Oficina Jurídica fue ubicada Adriana Gómez, familiar del excongresista vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra.

La estructura, según fuentes de CAMBIO, se repartió entre aliados. Barreras le entregó una de las direcciones al entonces representante caucano Faber Muñoz Cerón, quien a su vez ubicó allí a su esposa, Diana Patricia Grueso Zúñiga. Ella ocupó cargos directivos en 2017 tanto en Popayán como en Bogotá.

Fue en ese mismo engranaje donde aparece de nuevo el nombre del conductor. Adriana Gómez pidió vincular a su suegro a la entidad. Ese suegro era José Orlando Pinilla. El mismo que, tiempo después, cobraría el cheque de 150 millones de pesos. Cuando Larramendi salió, Claudia Franco asumió la dirección general.

Esa es la red que la Corte Suprema intenta reconstruir: cómo se distribuyeron los cargos dentro de la entidad y si, a partir de esa distribución política, se desviaron recursos de la contratación pública.

Claudia Franco le dijo a CAMBIO que no tuvo conocimiento del cheque y que no sabe por qué su conductor podía recibir esa cantidad de dinero de una contratista de la ESAP.

Los otros cheques que detectó la UIAF fueron por 200 millones de pesos a Lady Stefanía Gacha Guzmán –amiga de Cañola–, y por 1.000 millones, a Liliana del Socorro Celis Bedoya, representante legal del Consorcio Mantenimiento ESAP, con un contrato de 3.145 millones de pesos para obras en sedes de la entidad. Ninguno dejó rastro financiero. 

“Diana Cañola, la contratista de Roy Barreras”

La revisión de la contratación de Diana Darlene Cañola Aguirre en la ESAP no solo evidencia el volumen de recursos que manejó, sino varios elementos que, según la UIAF, ameritan atención. El informe documenta que Cañola participó de manera reiterada en contratos de obra a través de consorcios y uniones temporales que, en distintos procesos, estaban conectados entre sí por relaciones comerciales o societarias. Ese cruce de actores –los mismos nombres que aparecen en diferentes estructuras contractuales– es una de las señales que la entidad considera relevantes para el análisis, porque puede indicar concentración de contratación en un mismo entorno. La UIAF documenta que su empresa, Ingeniería Civil y Asesorías Técnicas S.A.S., acumuló contratos por más de 44.800 millones de pesos entre 2011 y 2020, con una concentración importante en los años en que la entidad estuvo bajo influencia política del mismo grupo. 

Otro de los puntos que cuestionó el informe es una operación inmobiliaria directamente relacionada con la ESAP. En junio de 2016, Cañola –a través de su empresa– compró un lote en Girardot, Cundinamarca, por 2.714 millones de pesos. Ese mismo predio fue vendido meses después a la ESAP por 4.171 millones, es decir, con una diferencia de más de 1.400 millones de pesos. El terreno, identificado con matrícula inmobiliaria específica y ubicado en esa ciudad, quedó vinculado a la entidad como parte de sus activos. Para la UIAF, este tipo de transacciones –compra privada seguida de venta a la misma entidad pública con la que se contrata– constituye una señal de alerta, especialmente cuando se cruza con otros factores como la concentración de contratos, las relaciones entre empresas y las inconsistencias en la información reportada. En conjunto, estos elementos dibujan un esquema que no necesariamente prueba una irregularidad por sí solo, pero que sí justifica, según el informe, un análisis más profundo sobre cómo se asignaron y ejecutaron los recursos públicos en ese periodo.

En ese mismo informe, en una nota al pie, el nombre de Barreras apareció por primera vez: el 6 de marzo de 2014, el entonces senador le giró a Rubiela Benavides un cheque por 20 millones de pesos desde su cuenta del BBVA, cobrado en efectivo el mismo día. Un año antes de que ella comenzara a trabajar en la ESAP como asesora de la dirección general. Esa transacción confirma la relación financiera entre Barreras y Rubiela Mercedes Benavides.

El patrimonio que creció sin explicación

En el segundo informe, del 28 de julio de 2021, la UIAF encontró que el patrimonio bruto de Faber Alberto Muñoz Cerón casi se triplicó entre 2014 y 2020 –de 467 millones de pesos a 1.215 millones– sin ingresos que lo explicaran. Además, dice el informe, terceros le depositaron en efectivo más de 297 millones en su cuenta bancaria sin origen verificable. El periodo de ese incremento es revelador porque fue entre 2014 y 2017, antes de llegar al Congreso como representante por el Cauca –cargo que ejerció entre 2018 y 2022–. Es decir, Muñoz Cerón construyó su fortuna política desde el Cauca, donde fue concejal, diputado y secretario de Hacienda. Fue precisamente durante 2017, el año en que su esposa ocupó simultáneamente la dirección de la seccional de Popayán y la subgerencia de la seccional de Bogotá de la ESAP, cuando el patrimonio del congresista registró el salto más acelerado. La UIAF no pudo establecer el origen del dinero que lo explica.

La Corte había pedido ese informe para investigar a Muñoz Cerón y a su esposa Diana Patricia Grueso Zúñiga –quien desde 2010 era representante legal de la Asociación Mutual, la entidad sin ánimo de lucro que según la UIAF actuaba como la caja registradora del esquema–. En palabras simples: la misma mujer que tomó decisiones en la ESAP durante 2017 era la cabeza de la organización que recibía el dinero de esa misma institución educativa.

La triangulación es fácil de explicar: la Asociación Mutual recibió en 2017 más de 592 millones de pesos provenientes de la Universidad de Pamplona que –a su vez– había recibido 2.000 millones de la ESAP mediante un convenio suscrito para socializar los Acuerdos de Paz en el norte del Cauca. La plata de la paz, es decir, el dinero del Estado supuestamente para la paz, llegó a la cuenta de la familia del que, un año después, se convirtió en congresista: Faber Muñoz. Y no se quedó ahí.

El dinero de la paz convertido en billetes

En el tercer informe, del 19 de enero de 2022, la UIAF documentó a la Corte Suprema cómo más de 434 millones de pesos salieron en efectivo de las cuentas de la Asociación Mutual entre el 22 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018 –menos de un mes–, plata proveniente de universidades financiadas por la ESAP, sin que nadie haya podido explicar a quién le llegaron. Dinero que se atomizó un par de meses antes de los comicios en los que fue elegido como representante por el Cauca, Faber Muñoz.

El mismo informe identificó a 14 aportantes de la campaña de Muñoz Cerón en 2018 que dieron más de 313 millones en efectivo. Estas personas, identificadas con nombre propio, no tenían las personas sin capacidad para justificarlo. El caso más elocuente: una mujer llamada Claudia Sánchez, clasificada en el Sisbén con pobreza moderada, y quien donó 10 millones de pesos en efectivo el primero de marzo de 2018

Esta mujer vivía de ingresos mínimos provenientes de la ESAP y de una asociación mutual; en los registros oficiales, figuraba como pobre. Aun así, donó a la campaña. Y el único dinero que había recibido –según la trazabilidad disponible– provenía del mismo círculo hoy bajo investigación. La UIAF detectó, además, otros 13 casos con el mismo patrón. El ciclo era mecánico: la ESAP le pagaba y las personas donaban a la campaña. 

El informe sobre Barreras

En el cuarto informe, fechado el 21 de julio de 2023 –un mes antes de que Roy Barreras fuera nombrado embajador de Colombia ante el Reino Unido–, aparece por primera vez un análisis financiero dedicado exclusivamente a él. Ya no como una mención al pie, sino como objeto central de la investigación, en cumplimiento de una solicitud de la Corte del 29 de mayo de ese año.

El análisis confirmó el cheque de 20 millones que Barreras le giró a Benavides en 2014, su exsecretaria y luego asesora de la Dirección Nacional de la ESAP, cobrado en efectivo el mismo día. La cadena es la que le da su peso: Benavides era la misma mujer a quien el conductor Pinilla –que cobró un cheque de 150 millones de pesos girado por una contratista de la entidad cercana a Roy– le pagaba las tarjetas de crédito. Aquella mujer que llegó como asesora de Claudia Franco, en la dirección de la ESAP, gracias a su cercanía con la exesposa de Barreras, Arizabaleta.

Lo que los números revelan y la justicia no ha terminado de procesar

Lo que los cuatro documentos muestran no es un episodio aislado, sino un patrón: una entidad asignada como cuota burocrática, una cadena de nombramientos entre personas cercanas, contratación concentrada en los mismos actores, recursos públicos que salen del sistema en efectivo y una asociación que intermedia esos flujos sin trazabilidad clara. Ese circuito, además, termina conectado con financiación política a través de aportantes que no registran capacidad económica para respaldar los montos entregados, en un proceso que coincide con la elección a la Cámara de 2018.

Casi siete años después de que la Corte abriera la investigación, el expediente permanece en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Según fuentes del alto tribunal, la etapa de indagación previa ya concluyó y el despacho evalúa testimonios y pruebas para definir si procede a vincular formalmente a Roy Barreras o si archiva el caso.

En ese mismo escenario, Barreras –cuya investigación sigue sin decisión de fondo– es hoy candidato presidencial para 2026. Y mientras la Corte delibera, el exsenador que presidió la coalición de gobierno avanza en su aspiración electoral. Barreras puede decir que las responsabilidades penales son individuales, pero que los movimientos de plata, presuntamente irregulares, hayan salido de una entidad de la que él tenía el control burocrático dice mucho más. Incluso, es más diciente que los relacionados con esos movimientos financieros sean tan cercanos a él. En todo caso, es responsabilidad de la justicia investigar y vincularlo al proceso o descartar que él supiera que sus nombrados terminaron en presuntos actos de corrupción.

Roy Barreras y Faber Muñoz no han sido llamados a responder formalmente por el proceso y, mientras tanto, todos los movimientos financieros detectados son solo datos que duermen en el expediente judicial.

CAMBIO buscó las versiones de Roy Barreras y Faber Alberto Muñoz Cerón, pero a la fecha ninguno ha contestado los mensajes.