Cuatro informes reservados de la UIAF, elaborados entre 2020 y 2023, reconstruyen con nombres, cifras y cheques una red que, al parecer, habría malversado los recursos de la ESAP. En el centro de ese entramado, la Corte Suprema investiga al hoy candidato presidencial Roy Barreras y al exrepresentante a la Cámara Faber Alberto Muñoz. CAMBIO revela los detalles de la investigación.
Mientras el Gobierno insiste en avanzar con las Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo, la Fiscalía sostiene que las órdenes de captura de 29 de sus integrantes —incluidos varios extraditables— siguen vigentes porque aún no hay suficientes garantías. CAMBIO traza un panorama de la pelea política y jurídica que se desató mientras los integrantes del grupo criminal empiezan a reunirse.
El choque entre el presidente y la fiscal por las libertades del Clan del Golfo abrió una discusión de fondo: quién puede suspender órdenes de captura en los procesos de paz y cuáles son los límites que impuso la Corte Constitucional a la Paz Total. Esto es lo que dice el papel y lo que opinan exfiscales generales.
Las declaraciones del mayor Peter Steven Nocua abrieron el único expediente que, hasta ahora, ha puesto contra las cuerdas judiciales a Diego Marín, alias Papá Pitufo. También salpicaron a oficiales de alto rango. Pero mientras sus señalamientos avanzaban, él fue llamado a calificar servicios. ¿Silencio para el testigo clave?
La Fiscalía imputó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Petro, por presuntamente violar los topes electorales y ocultarlos en los informes. Facturas sin reportar, gastos mal registrados y millones por fuera de los informes ante el Consejo Nacional Electoral son algunos de los hallazgos del ente acusador. Conozca los detalles.
Mateo Pérez llegó a la vereda Palmichal, en Briceño, Antioquia. Allí se identificó como periodista y dijo que tenía un medio en Yarumal. No importó. La comunidad presenció lo que vino después. Su cuerpo lleva días en un lugar al que ninguna autoridad ha podido ingresar. Uno de sus familiares narró cómo fue su último recorrido.
Tres elecciones, dos victorias y una cadena de decisiones judiciales que se contradicen entre sí tienen hoy en vilo la alcaldía de Fonseca. Detrás del caso, hay una denuncia contra magistrados del Consejo de Estado y una disputa política que convirtió un proceso electoral en un pulso entre instituciones.
El contralor de Cali es quien vigila cómo se gastan más de 3,5 billones de pesos del presupuesto público. Ese cargo lleva más de cuatro meses sin titular, no por falta de candidatos —hay una terna que superó un concurso— sino porque el proceso quedó atrapado entre inasistencias de concejales, advertencias disciplinarias y decisiones políticas que lo frenaron. Ya el Consejo de Estado dio unas pautas. Así va la puja.
Un acta de la Procuraduría revelada por CAMBIO evidencia que el contrato de los pasaportes no se está cumpliendo a cabalidad en sus primeros 30 días de ejecución. El Gobierno defiende el modelo como una transferencia de capacidades al Estado, pero no reconoce los incumplimientos de cláusulas esenciales del contrato. CAMBIO les explica.
A cuatro días de que venza el contrato del Estado colombiano con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes, una inspección de la Procuraduría en la Imprenta Nacional —cuyos hallazgos revela CAMBIO— expone un panorama desolador. La mayoría de los documentos están siendo fabricados por una empresa investigada por corrupción.
El proyecto del cambio se asfixia en un cuadrilátero judicial. De las recientes denuncias por corrupción entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez hasta los audios de Benedetti, el inventario de la discordia revela que la mayor amenaza para Gustavo Petro podría estar dentro de su propio Gobierno.
La jueza Carmen Luisa Terán, que le concedió la libertad condicional a Carlos Mattos, fue quien en 2023 le permitió continuar su condena desde su lujosa mansión en Barranquilla. CAMBIO recopila las decisiones más polémicas de la funcionaria judicial.
Dos procesos judiciales en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amenazan con suspender el modelo que el Gobierno presentó como un hito histórico. ¿Cuáles son las medidas cautelares que pondrían en riesgo la continuidad del contrato?
El presidente, que hoy niega cualquier vínculo con el mayor contrabandista de Colombia, fue quien primero le abrió la puerta. Mucho antes de que alguno de sus funcionarios se reuniera en secreto con emisarios de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, Gustavo Petro se sentó con el abogado del llamado “zar del contrabando”. CAMBIO revela esa reunión, hasta ahora mantenida en reserva.
CAMBIO estableció que Augusto Rodríguez se reunió con la abogada de Diego Marín, alias Papá Pitufo, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, en medio de una advertencia sobre un supuesto plan para atentar contra el presidente. ¿De dónde provenía la alerta?
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la revocatoria de la suspensión de 16 órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales de Medellín que habían sido beneficiados temporalmente por la Paz Total.
CAMBIO revela el pacto de colaboración entre la Fiscalía y Diego Alejandro Manrique, exasesor del Ministerio de Defensa, quien se comprometió a declarar contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez y otros tres funcionarios clave. Su testimonio describe presiones internas, chats, documentos y reuniones reservadas que, según su versión, inclinaron el proceso contractual a favor de Vertol System Company Inc.
Los últimos cinco días han sido de angustia en ambas entidades porque, a horas de comenzar el nuevo modelo, el contrato no tenía garantías de cumplimiento como lo exige la ley. Así lo revela un intercambio de correos y comunicaciones internas conocidas por CAMBIO. El contrato tuvo que ser modificado dos veces en la última semana echando mano de interpretaciones jurídicas.
El presidente de Ecopetrol rompió su largo silencio en CAMBIO. Roa defendió la compra de su apartamento y su remodelación, cuestionó a sus acusadores y negó las versiones más delicadas del caso, incluidos los supuestos pagos en efectivo. ¿Qué hay detrás de su versión?
La Fiscalía imputó cargos a Juliana Guerrero por presuntamente presentar títulos falsos para posesionarse como viceministra de Juventudes, y sostuvo que “tenía pleno conocimiento” de su falsedad. También fue imputado el secretario general de la Universidad San José.