Sylvia Charry

El capitán Óscar Leandro Mojica, procesado por las chuzadas a Marelbys Meza, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se comprometió a declarar que Laura Sarabia dio la orden de practicar el polígrafo a su exniñera. El acuerdo también involucra al coronel Carlos Feria y al mayor Duván Muñoz en la reconstrucción de las decisiones que desencadenaron chuzadas ilegales.

La exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, dijo en medios de comunicación que algunas fuentes le dijeron que el coronel Óscar Dávila no se había suicidado. El presidente, irresponsablemente, ha señalado a una periodista de este medio de acosarlo y de llevarlo al suicidio. CAMBIO recuerda la última llamada del coronel.

La elección del próximo contralor ya tiene favoritos, pero la historia de este cargo sugiere desconfiar de ellos. Cuatro nombres han empezado a despegar del resto, mientras una demanda en el Consejo de Estado podría cambiar las reglas de la contienda. En el pasado, el elegido no siempre fue quien llegó primero, sino quien consiguió los apoyos políticos necesarios. ¿Cómo se está jugando esta partida tras bambalinas?

La diligencia quedó programada para el 10 de agosto a las 10 de la mañana. Tras dos años de investigación, la Fiscalía 219 Seccional recalificó los hechos denunciados en octubre de 2024 por la contratista Viviana Vargas: de acoso sexual pasaron a acto sexual violento por los tocamientos sin consentimiento. El ente acusador no pedirá medida de aseguramiento.

La disputa entre el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, y su sucesor, Javier Pava, destapó una controversia: Carrillo dijo que Pava preguntó, apenas llegó, por cuatro contratos en Santander vinculados al director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez. CAMBIO revisó esos expedientes y halló un patrón de coincidencias territoriales, empresariales y políticas en contratos por 357.725 millones de pesos.

La ANT comprometió más de 36.000 millones de pesos y giró anticipos por 14.300 millones para adquirir cuatro predios que, de acuerdo con los estudios técnicos del propio proceso, no cumplían las condiciones para la reforma agraria campesina. CAMBIO reconstruyó cómo se autorizaron esas compras y por qué hoy están bajo la lupa de la Procuraduría y la Contraloría.

La controversia sobre las cifras de la reforma agraria dejó de ser un debate político. CAMBIO revela un informe preliminar de la Procuraduría y una auditoría de la Contraloría que encontraron inconsistencias en las cifras registradas en los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras y pusieron la lupa sobre la forma en que el Gobierno ha ejecutado y reportado los avances de su principal apuesta rural.

El expresidente rindió una versión libre ante la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la hacienda de su familia donde, según la investigación, comenzó a consolidarse un bloque paramilitar. CAMBIO revela el relato con el que Álvaro Uribe se defenderá el 24 de julio en la indagatoria, cotejado, línea por línea, con lo que dicen los jueces, los paramilitares y los financiadores de la guerra.

El Ministerio de Justicia podría desaparecer como entidad independiente si prosperan los planes de reorganización estatal que estudia el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La idea no es nueva: Colombia ya fusionó Justicia e Interior a comienzos de siglo y terminó separándolos ocho años después.

El triunfo de Abelardo de la Espriella se definió por poco más de 250.000 votos en una jornada en la que también hubo 250.262 sufragios que no contaron para ningún candidato. Fueron votos nulos o tarjetones sin marcar que quedaron a apenas 568 papeletas de igualar la distancia entre el ganador y el perdedor.

En 2016, la Dian encontró en tres empresas de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno diferencias por más de 40.000 millones de pesos, proveedores inexistentes y movimientos de efectivo sin rastro financiero. Tras remitir el caso a la Fiscalía hoy, diez años después, el expediente sigue en el mismo punto. ¿Qué explica que una investigación de esta magnitud no haya producido decisiones de fondo? 

La semana en que Gloria Arizabaleta intentó suspender a Gustavo Petro, el país creyó estar viendo una pelea por participación en política. No era eso. Detrás del choque entre la representante y el presidente había una investigación mucho más profunda: una búsqueda de información en Estados Unidos sobre posibles aportes ilegales a la campaña que llevó al hoy mandatario a la Casa de Nariño. Esta es la historia que nadie había contado.

La batalla jurídica entre Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta escaló un peldaño más. CAMBIO conoció los detalles de la denuncia penal con la que el presidente busca que la Corte Suprema investigue si la congresista utilizó su cargo para ejercer presiones indebidas sobre miembros del Gobierno.

CAMBIO conoció el proyecto de la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta en el que propone suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro al considerar que habría cometido una falta gravísima por su presunta participación en política en la campaña electoral de 2026. Para efectuarse, todos los integrantes de la Comisión deberán votar.

La Fiscalía anunció que radicó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público. La noticia se conoce dos días después de que CAMBIO revelara que durante el año electoral de 2022 por las cuentas del exgerente de la campaña Petro circularon 7.000 millones de pesos de los que no se conoce ni el origen y el destino.

Un informe reservado de la UIAF y reportes bancarios obtenidos en exclusiva por CAMBIO muestran cómo Ricardo Roa mezcló sus cuentas personales con las de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Existe un desfase de 7.000 millones de pesos entre la cifra reportada como gasto oficial y el valor total que ingresó a las cuentas de Roa. Esta es la historia.