Exclusivo | Parranda de los capos en Itagüí: estas son las reveladoras confesiones de los guardianes del Inpec

La parranda vallenata que el cantante Nelson Velásquez ofreció el pasado 8 de abril a varios privados de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz, de Itagüí, terminó por confirmarle al país lo que, hasta entonces, era un secreto a voces: los beneficios concedidos a algunos de los cabecillas recluidos en ese establecimiento habían llegado a tal punto que, si así lo decidían, podían lograr el ingreso de un cantante y de parte de su comitiva sin que existieran las autorizaciones ni los registros que exige la ley penitenciaria. 

A partir de ese momento, el país captó la dimensión del poder que habían alcanzado algunos de los presos. Pero también empezó a exigir respuestas sobre quién permitió semejantes beneficios dentro de uno de los penales más sensibles de Colombia, donde permanecen recluidos jefes de estructuras criminales que participaron en los acercamientos de la denominada paz total con el gobierno de Gustavo Petro.

Desde el año pasado, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, vienen reconstruyendo –por pedazos– la historia de los beneficios a los presos de la cárcel de Itagüí. En medio de esa tarea, hace apenas unos días, la Procuraduría escuchó a los dos guardianes que permitieron el ingreso del cantante de vallenato Nelson Velásquez. Sus testimonios, conocidos por CAMBIO, se convertirán en una pieza fundamental dentro de las investigaciones, pues sostienen que las garantías otorgadas por el gobierno de ese momento a los privados de la libertad dentro de la fallida paz total, terminaron normalizando ese tipo de beneficios extraordinarios dentro del establecimiento penitenciario.

La declaración de los guardianes es contundente en ese sentido. Uno de ellos aseguró que, debido al proceso de diálogos, "el Gobierno les ha dado ciertas garantías" a esos privados de la libertad. Agregó que las visitas extraordinarias, el ingreso de alimentos y otro tipo de beneficios, se habían vuelto tan frecuentes que, para el personal de custodia, "ese tipo de cosas son normales". 

En otras palabras, los propios guardianes sostienen que los privilegios terminaron normalizándose hasta tal punto que, quienes debían controlar el acceso al penal, ya no tenían margen para impedir ese tipo de ingresos extraordinarios. Según fuentes judiciales, esas declaraciones serán incorporadas a las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre los beneficios concedidos a esos internos. CAMBIO revela la historia.

“El gobierno les ha dado ciertas garantías”: guardián del Inpec

Los primeros en hablar fueron los dos funcionarios que, ese 8 de abril, tenían en sus manos el control del ingreso a la cárcel. Se trata de los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, comandante del pabellón de alta seguridad conocido como Satélite 1, y Juan Camilo Góez David, quien ese día prestaba apoyo en Satélite 2, el punto por donde debían pasar todas las visitas antes de ingresar al penal. Los dos comparecieron el pasado 22 de julio ante la Procuraduría Regional de Antioquia, acompañados por su abogado, y aceptaron que omitieron los registros que exige el reglamento penitenciario. Lo hicieron mediante una confesión disciplinaria que ahora hace parte del expediente. 

La confesión de Vargas Rubio comienza reconstruyendo los minutos previos al ingreso de la agrupación musical de Nelson Velásquez. Según su relato, desde las once de la mañana varios privados de la libertad ya insistían en que ese día tendrían una visita extraordinaria porque la jornada ordinaria de visitas había terminado. Cerca de la una de la tarde apareció un grupo de personas que aseguró que tenía autorización para ingresar al pabellón de alta seguridad. Antes de permitirles el paso, Vargas Rubio decidió verificar la información y llamó al dragoneante Juan Camilo Góez David, quien se encontraba en Satélite 2, el puesto principal de información y control de ingreso al establecimiento. La respuesta, dijo, fue inmediata: 

"Sí, eso ya está autorizado; aquí ya les hice el registro de ingreso y ya les coloqué el sello de seguridad". 

Con esa respuesta, el grupo musical atravesó los controles y entró al penal. Pero, durante la diligencia, Vargas Rubio hizo una afirmación que terminó convirtiéndose en uno de los ejes de la investigación. Explicó que los internos recluidos en ese pabellón son cabecillas de estructuras criminales, que ejercen presión permanente sobre el personal de custodia y que, debido a los beneficios concedidos dentro del proceso de paz total con el gobierno de Petro, ese tipo de autorizaciones extraordinarias se había convertido en una rutina para los guardianes. 

"Ellos manejan grupos al margen de la ley, además están en un proceso de paz total con el Gobierno; el Gobierno les ha dado ciertas garantías como para visitas extras e ingreso de alimentos; entonces uno ya entra en esa rutina que a ellos les autorizan. Para nosotros es normal", declaró el guardián Vargas Rubio. 

Después, el dragoneante intentó explicar por qué nunca quedó rastro del ingreso en los libros oficiales. Aseguró que no buscó ocultar información y atribuyó la omisión a una mezcla de estrés, carga laboral y presión permanente de los internos. Según dijo, en ese momento apenas dos guardianes atendían el pabellón mientras el resto del personal almorzaba. También describió el ambiente con una frase que, para la Procuraduría, explica el contexto en el que trabajaban. El guardián afirmó que los intimidaban constantemente y les repetían una advertencia que se había vuelto habitual dentro del penal: 

"Ustedes mandan acá, pero nosotros mandamos en la calle". 

Sin embargo, la confesión fue más allá del episodio de la parranda con el cantante Nelson Velásquez. El guardián Vargas Rubio aseguró que esos permisos extraordinarios no eran excepcionales. Según declaró, durante el tiempo que llevaba trabajando en esa cárcel había visto ingresar ⎯con autorizaciones similares⎯ mariachis, cantantes de reguetón, visitas especiales para celebrar el Día de la Madre, el Día de la Mujer y familiares que ingresaban por fuera del horario ordinario. "Uno ya eso lo toma como normal", admitió el dragonentante en su declaración a la Procuraduría. 

Luego fue el turno del dragoneante Juan Camilo Góez David. Su versión complementó la de su compañero y permitió reconstruir, paso a paso, cómo se autorizó el ingreso de la agrupación de música vallenata. 

Góez contó que hacia las 12:30 de la tarde un grupo de personas llegó a Satélite 2 solicitando autorización para entrar al pabellón de alta seguridad. Como no tenía ninguna orden firmada, llamó al comandante de vigilancia, el teniente Fredy Ciprián Díaz, quien le pidió esperar la autorización escrita. Minutos después, relató, el propio Díaz descendió hasta el lugar y le entregó un documento firmado por él para permitir el ingreso del grupo. Pero, además, le pidió que buscara la firma del director encargado del establecimiento, el teniente León. El guardián Góez caminó hasta la casa fiscal del director, obtuvo la segunda firma y regresó con la autorización ya suscrita por ambos oficiales. 

A partir de ese momento, según declaró, el procedimiento continuó como si se tratara de cualquier otra visita extraordinaria autorizada. El personal fue requisado, pasó por el control de los perros, recibió el sello de seguridad y comenzó a ingresar. Incluso explicó que, cuando varias personas llegaron minutos después, verificó que también aparecían incluidas en la autorización y permitió su entrada. La explicación que entregó sobre la ausencia de registros fue prácticamente la misma que había dado Vargas Rubio: aseguró que ese tipo de ingresos ya era habitual dentro del establecimiento y que por eso no le pareció una situación extraordinaria. 

Pero hubo un detalle que terminó llamando especialmente la atención de la Procuraduría. El dragoneante Góez David aseguró que, horas después, el teniente Fredy Ciprián le pidió devolver la autorización firmada. Según su relato, él se la entregó personalmente porque el oficial le dijo que más tarde la regresaría al puesto de control. Eso, afirmó, nunca ocurrió. "Me manifestó que luego me la regresaría al puesto y nunca me la regresó", declaró. 

Y fue al contrastar ambas confesiones con el resto de las pruebas cuando apareció una segunda irregularidad. La Procuraduría estableció que ese día ingresaron 13 integrantes de la agrupación musical, pero solo nueve quedaron registrados oficialmente. Entre las cuatro personas cuyo ingreso nunca fue anotado aparece, precisamente, Nelson Velásquez, el cantante principal, además de su asistente personal, una integrante de su equipo y el road manager. Tampoco existe registro del ingreso ni de la salida de los instrumentos musicales –consola de sonido, micrófono, caja vallenata, güira, bajo electrónico y guitarra eléctrica– utilizados durante la presentación en la cárcel.

Las declaraciones en contexto

Las declaraciones de los dos guardianes no pueden leerse de manera aislada. Sus versiones coinciden con una de las denuncias más explosivas que existen hoy sobre los beneficios concedidos a los cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí: la de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago. 

Antes de abandonar el gobierno, a comienzos de 2025, Buitrago advirtió que recibió presiones para flexibilizar el régimen penitenciario de los privados de la libertad que participaban en la denominada paz total. Después llevó esos señalamientos a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, donde, según conoció CAMBIO, amplió su declaración, reiteró sus acusaciones y entregó nuevas pruebas. Una de ellas apunta nuevamente a la senadora Isabel Zuleta. En conversación con este medio, Buitrago aseguró que fue precisamente Zuleta quien la presionó para conceder beneficios extraordinarios porque, según le manifestaba, tenía autorización del entonces presidente Gustavo Petro. 

"La congresista que yo denuncié decía que era autorizada por el presidente", afirmó la exministra de Justicia.

En conversación con CAMBIO, Buitrago aseguró que los testimonios de los guardianes terminan reforzando las advertencias que ella hizo desde cuando estaba al frente de la cartera. 

"No se puede normalizar. Mientras fui ministra, la instrucción siempre fue la misma: no hay privilegios, no hay concesiones y el régimen penitenciario debe cumplirse a rajatabla", afirmó. 

Sin embargo, Buitrago explicó que, en la práctica, empezaron a presentarse presiones de personas que ni siquiera pertenecían al Ministerio de Justicia o al Inpec. "Iban directamente a las cárceles y decían que tenían permiso. Eran personas con poder político. Muchos guardianes me decían: 'Si esto viene recomendado porque es del presidente, del comisionado o de quien corresponda, ¿entonces nosotros qué hacemos?'", relató.

La exministra aseguró que nunca aceptó esas solicitudes porque el presidente no tiene competencia para ordenar excepciones al régimen penitenciario. "Yo le dije a la congresista: puede ser el presidente, pero él no puede dar esas órdenes porque quien manda en el régimen penitenciario es el Inpec y los jueces de ejecución de penas". También advirtió que, mientras desde el ministerio se mantenía la instrucción de no otorgar privilegios, a nivel regional existían canales paralelos que terminaban facilitando ese tipo de beneficios. Incluso recordó que la entonces directora de la cárcel de Itagüí, Ana Sofía Hidalgo, fue declarada insubsistente después de permitir actuaciones que, en su criterio, nunca debieron autorizarse.

Buitrago aseguró que esa fue, precisamente, una de las razones que precipitaron su salida del Gobierno. Según le dijo a CAMBIO, las presiones buscaban otorgar beneficios extraordinarios a los grupos que participaban en las negociaciones de paz. "Cuando yo me retiro es porque quieren generar privilegios para ciertos grupos que estaban en la mesa de negociación: Clan del Golfo, Comuneros y los privados de la libertad recluidos en Itagüí". En su criterio, ninguna negociación de paz podía justificar excepciones al régimen penitenciario establecido por la ley.

Para Buitrago, justamente allí radica la gravedad de las declaraciones conocidas por CAMBIO. Que un guardián afirme bajo juramento que visitas extraordinarias, ingresos de alimentos y otras concesiones se habían vuelto "normales" dentro del penal no demuestra, según ella, que esos beneficios fueran legales, sino que terminó instalándose una práctica contraria al régimen penitenciario. "Ellos no pueden normalizar el incumplimiento de la ley. Una cárcel no es un parque público. Toda persona que ingresa debe ser registrada, identificada y requisada", dijo. Incluso recordó que ella misma, siendo ministra de Justicia, debía cumplir esos controles cada vez que ingresaba a un establecimiento penitenciario.

La exministra fue más allá. Aseguró que durante su administración varios guardianes que intentaron hacer cumplir las reglas terminaron siendo objeto de presiones, amenazas e incluso retaliaciones por negarse a conceder beneficios irregulares. 

"Los ponen entre la espada y la pared. Había quienes querían cumplir la norma, pero también había quienes recibían amenazas por hacerlo", explicó la exministra Buitrago. 

La deuda institucional

Las declaraciones de los guardianes dejan una pregunta crítica. Si dos funcionarios del Inpec sostienen bajo juramento que las visitas extraordinarias, el ingreso de alimentos y otro tipo de beneficios se volvieron "normales" porque hacían parte de las garantías concedidas a los cabecillas vinculados a la paz total, ¿quién tomó la decisión de flexibilizar, en la práctica, el régimen penitenciario dentro de la cárcel de Itagüí y quién permitió que esos beneficios terminaran convirtiéndose en una costumbre?

La respuesta no puede recaer únicamente sobre los guardianes que hoy reconocen haber incumplido los protocolos de seguridad. Sus propios testimonios describen una cadena de mando en la que las autorizaciones llegaban firmadas por superiores, los documentos desaparecían después de los ingresos y el personal de custodia terminaba actuando bajo la convicción de que esos privilegios contaban con respaldo institucional. 

Las declaraciones de los funcionarios adquieren aún más relevancia porque el nuevo Gobierno ya tomó decisiones sobre ese establecimiento penitenciario. De hecho, una de las primeras órdenes impartidas por el presidente Abelardo de la Espriella fue el traslado de 117 privados de la libertad vinculados a los procesos de negociación. El mandatario justificó la decisión, aseguró que esos internos habían convertido la prisión en un centro de operaciones criminales y agregó que perderían los privilegios de los que, según dijo, gozaron durante el gobierno anterior.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia tienen ahora la posibilidad de cruzar tres piezas que hasta hace pocos meses caminaban por separado: las confesiones de los guardianes, las denuncias de la exministra de Justicia y las investigaciones sobre las presuntas presiones para favorecer a los cabecillas recluidos en Itagüí. 

Si todas apuntan en la misma dirección, la verdadera pregunta será quién convirtió esos privilegios en una práctica cotidiana dentro de una de las cárceles de mayor seguridad del país y por qué ninguna autoridad ha establecido quién dio las órdenes que terminaron desdibujando los límites de la ley penitenciaria.