“El país ya no se conmueve ante la muerte”: habla el abogado Germán Romero, dos veces exiliado
Dos exilios, amenazas, intimidaciones y una vida en defensa de los derechos humanos. Germán Romero, abogado de víctimas de crímenes cometidos por la fuerza pública, habla de su oficio y del paso que ahora da, tras un concurso de méritos que duró ocho años, para ponerse la toga de juez. “No sé cómo llegué vivo a los 44 años que tengo”.
Desde hace 24 años, Germán Romero documenta y litiga casos de violaciones de derechos humanos en Colombia: desde los desaparecidos del Palacio de Justicia hasta múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, pasando por los jóvenes asesinados por la Policía durante el 'estallido social' de 2021. En el camino, dice, perdió la cuenta de las veces que sintió que ese sería su último día y tuvo que salir dos veces del país por amenazas e intimidaciones que la Fiscalía nunca investigó.
Tras un concurso de mérito que duró ocho años, Romero será juez de restitución de tierras. En conversación con CAMBIO, el abogado de la organización DH Colombia hace un balance sobre qué es defender los hechos humanos en Colombia, el exilio, el acuerdo de paz, la JEP y el pacto de silencio que persiste tras 41 años del ataque al Palacio de Justicia.
CAMBIO: ¿Qué es lo más difícil de trabajar en defensa de los derechos humanos en este país?
Germán Romero: Lo más complicado tiene que ver con la muerte y, por otro lado, y algo que me enseñó el padre, Javier Giraldo, hace muchos años: enfrentar causas que a priori todo el mundo da por perdidas.
Me marcó muchísimo un universo gigante de personas asesinadas, que tenían que ver conmigo en este trabajo: colegas o compañeros con quienes armamos procesos de derechos humanos en las universidades, o personas a las que representaba o sobre las que tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a sus medidas de protección. Eso achica mucho el espíritu y uno siente que buena parte de lo que se puede hacer no termina en nada si al final el resultado es la muerte. Pero esos mismos casos me enseñaron que siempre hay una razón para seguir.
Las causas que se dan por perdidas desde el comienzo son muy difíciles porque uno tiene todo en contra, y mucho más en un Estado y un sistema de administración de justicia como el nuestro. Pero mirando hacia atrás, creo que son las causa que más satisfacción me han dado.
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CAMBIO: Dos exilios, ¿cómo se enfrenta eso?
G.R.: La primera vez salí en diciembre de 2003 y volví a finales de 2004. La segunda lo hice en junio de 2021 y regresé en julio de 2022. Las dos veces tuvieron un contexto distinto, pero un mismo hilo conductor: un proceso de persecución derivado particularmente del trabajo en torno al militarismo y a los crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública.
La primera vez fue un escenario de asfixia alrededor de mis primeros trabajos en derechos humanos en la universidad —denuncias sobre lo que les pasaba a trabajadores, estudiantes y profesores—, y de la documentación de casos de algunas comunidades que empezaban a llegar a Bogotá. Esa salida me permitió tomar aire y volver con más ánimo de trabajar.
El segundo exilio sí me descolocó mucho más porque no me lo esperaba. Era un escenario pandémico que agravaba todo y tenía que ver con una agudización de la persecución: robo de información, seguimientos, amenazas directas, amenazas a mis familiares, intentos de abordaje a ellos en sus propios espacios, intimidaciones directas. Eso tiene consecuencias muy fuertes.
CAMBIO: ¿Cómo cuáles?
G.R.: La vida se trastoca muchísimo en lo laboral, en lo personal, en lo emocional. También pone a prueba la capacidad de seguir creyendo en la vida y ese el humanismo que a uno lo mueve, lo que hace posible encontrar flores en medio de todos los inviernos posibles. Creo, además, que es un fenómeno completamente invisible para la realidad colombiana. No existe nada que dé cuenta de eso, lo más cercano fue la Comisión de la Verdad, con sus capítulos internacionales, que le dieron nombre y voz a las personas y colectivos que se organizaron afuera. Es como que Colombia insistiera no solo en exiliar a su gente, sino en romperlas y en romper cualquier vínculo que les quede. Es muy doloroso.
El país no ha sido capaz de dimensionar lo que significa exiliar a su gente.
CAMBIO: ¿Qué proceso manejaba en ese segundo momento?
G.R.: Era un proceso de transición de casos de ejecuciones extrajudiciales de la justicia ordinaria hacia la JEP. El momento más álgido del proceso contra el excomandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe. El cierre de algunos casos del Palacio de Justicia que estaban en segunda instancia o camino a casación. Por esa época también se dio el cierre abrupto en la Fiscalía de la investigación por la muerte violenta de Mario Paciolla, un cooperante italiano en el Caquetá, en la que había evidencia de coparticipación de la Misión de Naciones Unidas y de la Sijín en la destrucción de pruebas.
Estábamos, además, en los procesos más fuertes del espacio al que le debo todo, DH Colombia: junto con colegas como Jorge Molano, Alejandra Garzón y Alejandra Gallo veníamos sosteniendo una posición crítica frente al trámite, excesivamente benevolente, que la JEP le daba a la fuerza pública. Estábamos tramitando las primeras peticiones de exclusión como la de Robinson González del Río, la de Jesús Armando Arias Cabrales, la de los responsables de la masacre del 21 de febrero de 2005 contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y la de militares señalados de ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero.
También ocurrieron los asesinatos cometidos por la Policía Nacional entre 2019 y 2021 durante las protestas en Bogotá, Cali y Madrid (Cundinamarca). Empezaba a documentarse la forma en que el Gobierno de la época trató todo: decenas de asesinatos, algunas desapariciones, casos de violencia sexual, de lesiones, de mutilaciones oculares.
CAMBIO: ¿Esto fue investigado?
G.R.: Un alto responsable de un gobierno colombiano en materia de derechos humanos me dijo hace años que el generalato del Ejército nunca vio con buenos ojos mi trabajo y el de un colega, que lo llamaban "guerra jurídica", un término que ha vuelto a acuñarse recientemente desde el ala militarista que hoy está al frente del Gobierno y de la fuerza pública.
No se puede aceptar que defender la dignidad de las personas y buscar justicia sea "guerra jurídica". Es un absurdo que se ha ido normalizando como parte de esa guerra cultural y de la defensa de unos supuestos héroes, cuando no es ni lo uno ni lo otro.
Lo más grave es que siempre traté de explicarle este contexto a la Fiscalía —cómo las amenazas y los actos de persecución contra mí y mi familia coincidían exactamente con las audiencias o cuando presentábamos peticiones contra altos oficiales— y esa relación nunca fue investigada. No recuerdo la Fiscalía me haya hecho siquiera una pregunta investigativa al respecto. Yo les explicaba que lo único que hacía era representar casos donde agentes de la fuerza pública habían cometido crímenes, y que esos mismos agentes muchas veces me intimidaban. A la Fiscalía nunca le interesó revisar esa relación.
"No sé cómo llegué vivo a los 44 años que tengo"
CAMBIO: El país dejó solos a quienes defendían a las personas más vulnerables, a personas que eran víctimas de agentes del Estado.
G.R.: Ahí tengo dos contradicciones muy grandes. La primera: no sé cómo llegué vivo a los 44 años que tengo ahora. Desde hace más de 20 años sentí, más de una vez, que ese era mi último día. Lo sentí en Bogotá, en Fusagasugá, en Turbo, en Curvaradó, en el Bajo Atrato, en Chigorodó, en Villavicencio, en Medellín, en Cali, en Manizales, dos veces en Sucre, una vez en Norte de Santander, y de nuevo varias veces en Bogotá. Habrán sido unas 15 o 20 veces que sentí que me iban a asesinar.
La segunda contradicción es que me cuesta aceptar que quienes defendemos derechos humanos debamos tener una protección reforzada. Entiendo los argumentos, pero hasta hoy tengo reservas: creo que cumplimos un papel que cobra vigencia en este tipo de escenarios, pero nuestra vida vale igual que la de las personas y las comunidades que acompañamos.
En definitiva, este país no es capaz de revisar sus propios demonios. Hace 15 años esto era una sentencia de muerte y creo en este mismo 2026 lo sigue siendo. Hace poco fueron asesinados un par de líderes y defensores del pueblo nasa, y la situación sigue siendo absurda.
Es como si Colombia no solo no fuera capaz de ver sus propios demonios, sino que pareciera que le gustara vivir en ellos. Me parece irracional.
El país no se conmueve frente a la muerte en general, le da la espalda y, en muchos casos, justifica la muerte oficial, la que causan agentes de la fuerza pública.
"Lamentablemente, hemos construido una fuerza pública que se ha ensalzado en la muerte y que la tiene como parte de su doctrina militar y eso nunca nos va a permitir salir del hoyo en el que estamos".
CAMBIO: ¿La firma del acuerdo de paz de 2016 permitió algún tipo de cambio?
G.R.: Sí. Yo empecé a vivir la represión desde antes de mi trabajo en derechos humanos en Arauca, donde estudié el bachillerato. Vi cómo el DAS disparaba a jóvenes como yo por salir a jugar baloncesto en las noches. Al mismo tiempo, vi la violencia del ELN y las Farc en el departamento. Nadie tiene por qué vivir eso, y sigue pasando hoy. Con la experiencia de haber viajado por el país en esa época, creo que el periodo que va de noviembre de 2016, o unos meses antes, hasta finales de 2017 o comienzos de 2018, fue el más tranquilo que el país vivió. Hubo asesinatos, masacres, graves violaciones de derechos humanos, algunos crímenes de guerra; no se habían acabado los 'falsos positivos' y ya se conformaban disidencias, pero creo que esos 18 meses fueron el momento de mejoría en la violencia sociopolítica.
"El acuerdo de paz, con todas sus dificultades e imperfecciones, nos llevó a un punto mejor y no fuimos capaces de darnos cuenta por la avaricia por el recurso público, por la incapacidad de pensar seriamente en la equidad y la desigualdad".
CAMBIO: Ha hecho varias críticas a la JEP. ¿Qué balance hace del litigio allí?
G.R.: Creo que la JEP, per se, no es un mecanismo desastroso. Como nos enseñó el padre Javier Giraldo, su imperfección viene de su origen: la forma separada en que el Gobierno Santos la tramitó en las negociaciones de La Habana, la forma en que se aprobó, el aislamiento de la discusión social con víctimas y comunidades, y un sello militarista de fondo. Creo que la JEP debería revisarse dentro de su concepción histórica y de articulación con otros mecanismos de justicia transicional.
Ahora, en materia de medidas cautelares, y en particular en la búsqueda de personas desaparecidas, la JEP sí ha hecho cosas verdaderamente avanzadas —aunque eran obvias y debieron hacerse mucho antes por la Fiscalía, la Comisión Nacional de Búsqueda o Medicina Legal—: buscar en los cementerios cuerpos no identificados o no reclamados. La JEP le puso el acento a eso por iniciativa de las organizaciones sociales y encontró a víctimas de homicidio, ejecución y desaparición que pudieron volver con sus familias.
CAMBIO: ¿Qué no gusta?
G.R.: La JEP se pasó kilómetros en el trato benevolente con la fuerza pública. Es impresionante: la semana pasada, la JEP dictó la renuncia a la acción penal a 1.000 personas, el 99 por ciento integrantes de la fuerza pública, y eso se presentó como un gran avance. Habría que preguntarles a las víctimas de esos mil casos si sienten que hubo una verdadera rendición de cuentas, si esos militares aportaron a la verdad más allá de lo ya investigado y si el país está de verdad transitando hacia las garantías de no repetición.
La JEP tampoco fue honesta desde el principio con las víctimas: les prometió escenarios muy amplios de esclarecimiento, rendición de cuentas y justicia, sin ser transparente sobre los principios de concentración, selección y priorización de casos. Esa rendición de cuentas se enredó en una maraña jurídica y procedimental cuando lo que la gente quería era escuchar que esas personas rindieran cuentas de verdad, sin que su aporte a la verdad pareciera un teatro políticamente correcto.
Además, la discusión de lo restaurativo debió estar desde el día uno y solo apareció hace u año y medio, con las dos primeras sentencias, en el caso de secuestro de las Farc y en el de ejecuciones en la costa Caribe. Eso le hizo mucho daño al país: si lo restaurativo hubiera ido de la mano desde el principio, hoy estaríamos pensando en sanar y no en la venganza.
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Palacio de Justicia: 41 años y un pacto de silencio
CAMBIO: Uno de los procesos claves que usted litigó fue el ataque al Palacio de Justicia, un caso que sigue dividiendo al país…
G.R.: Pese a que cada noviembre sale una nueva película o un nuevo libro, y a que legítimamente los familiares de los desaparecidos y los magistrados asesinados hacen sus conmemoraciones, creo que el país sí logró esclarecer muchas cosas de lo que pasó en el Palacio de Justicia y, desde ahí, entender parte de nuestra historia de conflicto armado.
No es un avance menor haber logrado que este país llevara a condena, en última instancia, a varios altos oficiales como a Iván Ramírez Quintero, la persona con mayor representatividad de la inteligencia militar señalada en otros crímenes de ese aparato.
Acá la Fiscalía y Medicina Legal dijeron que no se podían encontrar restos, pero tras la sentencia de la Corte Interamericana (que condenó al Estado) sí fue posible hallar restos de personas desaparecidas —de la cafetería y de visitantes ocasionales— y evidenciar todo el manejo policivo y militar que el gobierno de la época le dio al levantamiento de los cuerpos, su paso por Medicina Legal y su disposición en cementerios privados y fosas comunes, en un afán militarista por tapar lo ocurrido y vengarse con los muertos de la guerrilla que se tomó el Palacio.
Esos avances permitieron, por ejemplo, construir un banco de ADN que hoy sigue nutriendo los procesos de búsqueda de desaparecidos de la Unidad de Búsqueda, la Fiscalía y Medicina Legal. El Palacio de Justicia nos mostró cómo operaba el M-19, cómo operaba el Ejército de la época, y el nivel de relación entre un presidente y la fuerza pública, y si esta responde de verdad al poder civil o toma decisiones unilaterales.
CAMBIO: ¿Qué hace falta?
G.R.: Lo que todavía resienten los familiares de los desaparecidos, con quienes trabajé toda mi vida, es que el pacto de silencio nunca fue atacado: ese entramado en el que los militares asumieron el control de la operación, de la narrativa, de qué decirles a las víctimas, y en el que se invisibilizó al poder civil.
No hay que olvidar que José Eduardo Umaña Mendoza, el primer abogado del caso, fue asesinado en 1998, el mismo año en que tramitaba las exhumaciones del cementerio del Sur donde se identificaron los restos de una de las personas desaparecidas.
Pese al esfuerzo de la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, pese a la sentencia de la Corte Interamericana y de las juezas y fiscales que intentaron hacer rendir cuentas a los militares, ese pacto de silencio nunca fue tratado con la altura que merecía. Todos los responsables políticos, altos mandos, expresidentes y exministros han muerto tranquilos, sin que nadie los cuestione. Eso habría sido muy importante para las víctimas y para la sociedad, y nos habría permitido no cerrar el Palacio de Justicia, sino entenderlo y mirar hacia adelante.
No es casual que la propia Corte Suprema, en una de las sentencias del caso, sintiera que tenía que aclarar que no estaba motivada por presiones externas: ese no es el papel de la justicia y si lo explicó fue porque sí hubo algún tipo de presión.
CAMBIO: Eso está en la sentencia absolutoria a Luis Alfonso Plazas Vega. En los casos de las familias que representó, ¿qué falta esclarecer?
G.R.: Yo acompañaba a la familia de Carlos Augusto Rodríguez Vera, reconocido como desaparecido forzado por el Ejército en los casos de Plazas Vega, Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero y ante la Corte Interamericana. Pero no hay avance en la búsqueda de sus restos. Hay reconocimientos en video a su salida del Palacio hacia la Casa del Florero, versiones de su traslado al área de coordinación reservada en la Escuela de Caballería de la Brigada 13, y evidencia de traslados posteriores hacia unidades más vinculadas a la inteligencia. Pero la investigación nunca se cerró. La Fiscalía, pasando por Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez, Francisco Barbosa y la actual fiscal, decidió no avanzar en la búsqueda de Carlos Augusto, y creo que el aparato militar hizo con él algunas acciones diferenciales frente al resto de personas desaparecidas en el Palacio.
La era de Abelardo de la Espriella
CAMBIO: Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia el país empezó a hablar de "batalla cultural", de actitudes revisionistas, de declaraciones que buscan revivir debates sobre verdades ya incontrovertibles. ¿Qué le preocupa más?
G.R.: Lo que más me preocupa es la destrucción del futuro y del presente: el traslado de nuestros traumas intergeneracionales a quienes hoy toman, o van a tomar, las decisiones. No es posible que hoy les estemos diciendo a niños, niñas y adolescentes que el respeto a la vida es relativo, o que el libre desarrollo de la personalidad es negociable. No es aceptable que se diga que solo puede existir una educación basada en una única idea religiosa, o que los derechos de las mujeres solo puedan verse a través de los ojos de los hombres. Son cosas que creíamos consolidadas, sobre las que ya había un mínimo acuerdo.
Hay que ser muy respetuoso de la libertad religiosa, pero esa libertad no explica cómo vamos a salir del calentamiento global, ni cómo resolver el desabastecimiento de agua en el segundo país con más agua dulce del mundo, ni cómo luchar contra la desigualdad. Cuando más necesitamos la razón, más nos alejamos de ella.
Y también me preocupa muchísimo el ataque que está sufriendo el mundo rural. No conozco a nadie que se autoidentifique de derecha que diga que su abuelo fue "productor" o "emprendedor rural": dicen que su abuelo era campesino de Santander o del Huila y, sin embargo, ahora hasta quieren quitar esa palabra de la narrativa. Eso va a tener consecuencias en materia de agua, de cambio climático, de energías renovables y de abastecimiento de alimentos.
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