El 'Olimpo' del poder: el hombre del oro detrás del presidente
Crédito: Jorge Restrepo.
Meses después de que intentaran asesinarlo en La Cabrera, en el norte de Bogotá, Olimpo Oliver Peñaranda apareció junto al presidente Abelardo de la Espriella en la ceremonia de reconocimiento de tropas. CAMBIO investigó quién es y encontró detrás una batalla de más de dos décadas por una de las minas más codiciadas del sur de Bolívar. En esa disputa, Oliver y De la Espriella estuvieron del mismo lado.
Por: Sylvia Charry
El pasado 26 de agosto, cerca de 350 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estaban formados en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá. No era una ceremonia cualquiera. Frente al presidente Abelardo de la Espriella, los nuevos comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía asumían oficialmente el mando. Era, en la práctica, la fotografía con la que el nuevo Gobierno presentaba a los hombres encargados de ejecutar su política de seguridad.
Las cámaras siguieron al presidente, a los generales y al desfile de las tropas. Algunas de esas imágenes registraron a un hombre sin uniforme ni insignias que estaba al lado izquierdo del presidente De la Espriella, un escalón más arriba. Vestido de traje azul oscuro acompañó al mandatario mientras los nuevos altos mandos desfilaban frente a ellos. Su nombre no figuraba entre los protagonistas de la ceremonia y, para la mayoría de los colombianos, su rostro no decía nada. Sin embargo, cinco días después, su nombre ocupó los titulares de la prensa: Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, el verdadero objetivo de un crimen ocurrido siete meses antes.
Según la Fiscalía, Olimpo Oliver era la persona contra la que iba dirigido el atentado perpetrado el 11 de febrero, a la salida del Bodytech de La Cabrera, en Bogotá. Los sicarios se habrían equivocado de hombre y terminaron asesinando al empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.
- Le puede interesar: "Fue por error, no por venganza": Fiscalía sobre el asesinato contra el empresario arrocero Gustavo Aponte
Tras conocerse la hipótesis de la Fiscalía, Oliver Peñaranda divulgó un comunicado en el que aseguró que las amenazas en su contra comenzaron por su trabajo en la formalización minera en el sur de Bolívar. Según su versión, ese proceso afectó las finanzas de organizaciones armadas que durante años se lucraron de la extracción ilegal de oro y las amenazas comenzaron en 2020, después de que acudiera a las autoridades para impulsar operaciones contra esas estructuras.
En esa historia aparece también el hoy presidente Abelardo de la Espriella. En diálogo con CAMBIO, Oliver contó que lo conocía desde la universidad y que, cuando decidió involucrarse en el conflicto minero del sur de Bolívar, lo llamó en busca de apoyo jurídico. De la Espriella lo remitió entonces a su bufete, cuyos abogados terminaron interviniendo en varios de los procesos relacionados con Mina Walter, el lugar que Oliver identifica como el origen de las amenazas que hoy pesan sobre su vida.
CAMBIO investigó el pleito jurídico, empresarial y social alrededor de Mina Walter. Lo que encontró muestra que, detrás de la historia del empresario —quien asegura estar amenazado por combatir la minería ilegal—, se esconde una disputa mucho más antigua y compleja por el control de uno de los yacimientos de oro más importantes del sur de Bolívar. Expedientes de la Fiscalía, decisiones del Consejo de Estado, documentos de la Agencia Nacional de Minería, actas empresariales, contratos y testimonios de quienes han vivido durante años en el Alto Caribona –donde queda la mina–, permiten reconstruir una pelea que comenzó en las montañas del sur de Bolívar. Allí, una palabra ha marcado durante años fortunas, disputas, desplazamientos y hasta la vida de sus habitantes: oro.
Mina Walter: la pelea por el oro
La historia comenzó con una mata de yuca. Al menos así quedó reconstruida, casi dos décadas después, en uno de los expedientes del Consejo de Estado que ha estudiado el caso. En 2001, Walter David Pérez trabajaba en su parcela en el Alto Caribona, una zona montañosa entre Montecristo y Santa Rosa del Sur, en Bolívar, cuando al arrancar una mata encontró oro entre la tierra.
Pérez comenzó a explotarlo y compartió el hallazgo con sus vecinos. Eran agricultores y, según las entrevistas recogidas en los procesos por el dominio de la mina, ninguno extraía oro antes del descubrimiento. De allí salió el nombre con el que terminaría conociéndose uno de los yacimientos más codiciados del sur de Bolívar: Mina Walter.
Los primeros mineros llamaron a sus familiares para conseguir mano de obra y después comenzaron a llegar personas de Santander, Antioquia, Boyacá y la Costa. Algunos permanecían apenas 15 o 20 días y se marchaban dependiendo de lo que encontraran. El Ministerio del Interior, que ha estudiado el caso, los describió años después como “mineros flotantes”. Para 2006, sin embargo, la explotación había crecido lo suficiente para que apareciera la pregunta que perseguiría a Mina Walter durante las siguientes dos décadas: ¿cómo convertir aquel descubrimiento artesanal en una explotación legal?
Ese año, la Fundación Corona capacitó a los mineros para iniciar un proceso de formalización y así nació la Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona, Coopcaribona, con 52 asociados. Dos años después, en 2008, la cooperativa obtuvo el título minero: una concesión de aproximadamente 150 hectáreas que le daba derecho a explotar los minerales dentro de ese polígono.
Tener el título, sin embargo, no significó tener el control de toda la montaña y sus distintos yacimientos mineros. Aunque la cooperativa Coopcaribona agrupó a la mayoría de los mineros, hubo varios que decidieron trabajar por su cuenta y, en ese momento, nacieron las dos versiones que permanecen en disputa por la mina. En el fondo, ambos cuentan la misma historia con los papeles invertidos: cada lado asegura que estaba allí primero y acusa al otro de haber llegado después para quedarse con el oro.
La convivencia terminó convirtiéndose en una batalla legal que se la librado en dos sentidos: uno administrativo ante el Consejo de Estado y otro penal, en la Fiscalía. En ambos procesos, Coopcaribona fue representada –desde el inicio del pleito hasta hace un par de años– por el bufete De La Espriella Lawyers.
En el 2017, el título minero cambió de dueño y entraron los protagonistas de esta historia. En octubre Coopcaribona autorizó iniciar el trámite para ceder la concesión. Meses después, fue creada Mineros del Caribona Gold S.A.S., Minecar Gold. La cooperativa solicitó transferirle la totalidad del título y, en diciembre de 2019, la Agencia Nacional de Minería autorizó la operación.
Durante esa transformación, Olimpo Oliver Peñaranda entró en la historia de Mina Walter. Oliver le dijo a CAMBIO que se vinculó al negocio cuando la cooperativa llevaba años intentando recuperar el control de la concesión y que su propuesta fue formalizar a los grupos que seguían explotando oro dentro de ella. Para hacerlo recurrió a un viejo conocido: Abelardo de la Espriella.
Oliver asegura que conocía a De la Espriella desde la universidad y que, por eso, lo llamó a pedirle respaldo jurídico. Como en ese momento, el hoy presidente había anunciado su retiro para dedicarse a otros negocios, lo remitió a Daniel Peñarredonda, que para ese momento dirigía su bufete.
Peñarredonda terminó siendo socio de Minecar y tiempo después vendió su participación. Por esa recomendación, abogados de De la Espriella Lawyers comenzaron a defender los intereses de Coopcaribona y Minecar en los procesos contra varios de los mineros.
La disputa jurídica por la mina
Desde 2012, la Fiscalía ya investigaba lo que ocurría dentro de Mina Walter y, en 2013, la disputa llegó también a la autoridad minera. ASOMIWA, que agrupaba a parte de los mineros que no estaban con la cooperativa, pidió al Estado legalizar su explotación. Coopcaribona hizo lo contrario: solicitó a la Agencia Nacional de Minería retirar a quienes trabajaban dentro de su concesión sin estar autorizados.
A partir de entonces, los dos caminos avanzaron casi al tiempo. La autoridad minera ordenó cerrar explotaciones y desalojar a sus ocupantes, mientras la Fiscalía investigaba si algunos de esos mismos mineros estaban explotando ilegalmente el yacimiento. En noviembre de 2016, el CTI realizó registros y allanamientos en varias explotaciones de Mina Walter y, en septiembre de 2017, la Agencia Nacional de Minería volvió a ordenar el desalojo y la suspensión de los trabajos dentro de la concesión. Todas las entidades del estado que estaban involucradas, hasta ese momento, le daban la razón a la compañía que era dueña del título.
Por dos vías distintas, la pelea había llegado al mismo punto: decidir quién podía permanecer en la montaña y sacar legalmente el oro que había debajo de ella. No era una disputa de poca monta. Solo entre 2019 y 2026, Minecar Gold exportó cerca de dos toneladas de oro por más de medio billón de pesos.
Pero la pelea dio otro giro. Los mineros acudieron al Consejo de Estado y, en agosto de 2019, consiguieron que el alto tribunal protegiera sus derechos de participación y dejara sin efectos las actuaciones administrativas que habían permitido ordenar su desalojo. También dispuso verificar si allí existía una comunidad afrodescendiente directamente afectada porque, de comprobarse la existencia de esa comunidad, le quitarían el titulo a Minecar y ordenaría realizar una consulta previa.
Eso último no ocurrió. El Ministerio del Interior visitó la zona y concluyó que no había una comunidad étnica directamente afectada que obligara a realizar la consulta. En mayo de 2020, el Consejo de Estado aceptó esa conclusión y dejó una situación difícil de resolver: Minecar conservaba un título válido sobre la mina, pero habían quedado sin efecto las decisiones administrativas utilizadas para sacar de allí a los mineros tradicionales.
Para ese momento, empezaron los resultados de la Fiscalía, que sostuvo que varias explotaciones funcionaban sin título y utilizaban maquinaria, explosivos y sustancias contaminantes. El proceso terminó llevando ante los jueces a varios de los mineros por delitos relacionados con explotación ilícita de yacimiento minero, concierto para delinquir, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales y armas. Coopcaribona y después Minecar aparecieron como víctimas dentro de ese expediente, representadas por abogados del bufete De la Espriella.
Uno de los capturados fue Alirio Rojas Villegas, conocido como Pambelé. La reconstrucción realizada por el Ministerio del Interior a partir de entrevistas en la zona ubicó su llegada a Mina Walter en 2006, llevado por el propio Walter Pérez. Rojas le dijo a CAMBIO que quienes participaron en el crecimiento de la mina terminaron siendo tratados como invasores. Minecar, por su parte, sostiene lo contrario: que la cooperativa nació de habitantes de la región, obtuvo legalmente la concesión y luego vio cómo otras explotaciones fueron ocupando su territorio.
Entonces la formalización apareció como una salida para varios de los mineros procesados. Como el título pertenecía a Minecar, para seguir sacando oro legalmente tenían que llegar a un acuerdo con la empresa y operar bajo su concesión. Varios lo hicieron y obtuvieron además un principio de oportunidad de la Fiscalía, que suspendió buena parte del proceso penal mientras cumplían compromisos que incluían su formalización y reparaciones económicas y ambientales. Alirio Rojas, de ASOMIWA, quedó por fuera de ese beneficio y el proceso continuó en su contra.
Oliver Peñaranda sostiene que nueve de once grupos mineros, que reunían a cerca de 800 trabajadores, terminaron formalizándose bajo el título de Minecar. Sus contradictores dicen que, en realidad, tuvieron que escoger entre subcontratar con la empresa o quedar por fuera de la explotación mientras enfrentaban los procesos penales. Los documentos revisados por CAMBIO muestran que formalización y beneficios penales coincidieron para varios procesados, aunque no prueban que la Fiscalía hubiera condicionado una cosa a la otra.
La disputa sigue abierta. Los mineros que quedaron por fuera anunciaron que acudirán nuevamente al Consejo de Estado mediante un incidente de desacato, mientras Minecar conserva el título y el control legal de las 150 hectáreas. Oliver asegura que esa batalla por formalizar Mina Walter afectó intereses criminales y está detrás de las amenazas en su contra. Sus contradictores sostienen lo opuesto: que la formalización terminó sacándolos del control de una mina que consideran suya desde antes de que existiera el título.
La última palabra no está dicha. Le corresponde al Consejo de Estado determinar si su fallo fue cumplido y qué ocurrió con los mineros que aseguran haber estado allí desde los orígenes de Mina Walter.
Mientras el grupo de mineros trata de ganar el pulso, la cabeza visible de la contraparte tiene acceso al círculo más cercano del presidente de la República. Así lo muestra la fotografía del 26 de agosto que dio inicio a esta historia. En ese momento, el rostro de Olimpo Oliver pasó inadvertido: nadie lo asociaba entonces con la disputa minera que, meses después, volvería a poner su nombre en los titulares.
Nadie lo asociaba entonces con la disputa minera que, meses después, volvería a poner su nombre en los titulares.
Pero la fotografía resulta incómoda también por el dilema de cómo conciliar los intereses empresariales con la amistad. La compañía OP Gold Capital, que hace parte del grupo empresarial de Oliver, acaba de recibir de la Agencia Nacional de Minería cuatro bloques —1, 25, 3 y 2— para explorar y explotar minerales estratégicos. Las adjudicaciones se produjeron entre el 27 de julio y el 4 de septiembre de 2026. Oliver tiene más de una década de experiencia en el sector minero y energético. La coincidencia no demuestra ninguna irregularidad en esas adjudicaciones. Pero sí vuelve inevitable una pregunta sobre el mensaje que proyecta su presencia al lado del jefe del Estado mientras una de sus empresas contrata con una entidad del Gobierno.
Olimpo Oliver le dijo a CAMBIO que fue invitado a ese reconocimiento de tropas por el director de la Policía, el general Alejandro Barrera –a quien dice haber conocido durante su lucha contra la minería ilegal– y no por su amigo de universidad, el hoy presidente Abelardo de La Espriella.
Lea los comentarios
