Promesas, TikTok y bombardeos: el ciclo del reclutamiento infantil
Organizaciones defensoras de los derechos de los menores han identificado en 2026 estrategias de reclutamiento similares a las de un "mercado de fichajes" | Crédito: Kim Vega - CAMBIO
Mariana salió a presentar un examen en su colegio y terminó cocinando con el brazo roto en un campamento ilegal. Su caso es uno de los 11.830 registros de menores reclutados en el país. Con los bombardeos, que dejaron seis niños y adolescentes muertos en el primer mes del nuevo Gobierno, la guerra los alcanza una vez más.
Por: Jonathan Beltrán
Mariana* apenas alcanzó a darle un sorbo a la taza de aguapanela de la que aún salía vapor. La prisa por su examen de matemáticas la obligaba a acelerar el paso rumbo a su colegio, en la zona rural de Páez (Cauca). Antes de verla partir, su mamá, Liliana*, acomodó las mangas de su uniforme y revisó que llevara en el morral los cuadernos de las clases de ese viernes. Con todo listo, la niña, de 15 años, salió a correr por la trocha junto a un par de compañeros, pero nunca respondió al llamado a lista de su profesora: hombres armados le salieron al paso, la apartaron del camino y se la llevaron monte adentro.
Atrás quedó la casa en silencio, un examen sin responder y una madre aferrada al celular esperando noticias que nunca llegaron. En el campamento, la rutina de Mariana cambió por completo. La obligaron a cultivar la tierra, a cocinar para los combatientes y a cargar agua por la espesura del monte, en extensas jornadas que iniciaban antes de que el sol se asomara en la montaña.
"Hasta con el brazo partido me la ponían a cocinar maíz y a hacer arepas", recuerda Liliana, en diálogo con CAMBIO. Los ejercicios extenuantes a los que sometieron a la niña en sus primeros días de cautiverio le provocaron una severa fractura en el brazo, pero allí el dolor jamás contó como excusa. Sin recibir atención médica oportuna y sometida a constantes maltratos físicos y psicológicos, Mariana aprendió a moler, amasar y cocinar con una sola mano.
Con la intermediación de organizaciones defensoras de derechos humanos, Liliana logró el rescate de su hija tres meses después de su reclutamiento. Sin embargo, el paso de Mariana por el campamento dejó secuelas irreversibles. “Le provocaron una lesión en la columna que hoy nos tiene buscando un trasplante de cadera. Nos arruinaron la vida”, lamenta Liliana, en su recuento sobre las consecuencias de una guerra que las obligó a abandonar su tierra para poner a salvo a sus otros hijos.
La historia de Mariana se repite, con distintas formas y en distintos territorios, en miles de familias colombianas. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, con corte al 30 de abril de 2026, al menos 11.830 niñas, niños y adolescentes han sido vinculados de manera forzosa a actividades de grupos armados ilegales.
Radiografía del reclutamiento infantil en Colombia
Las cifras más recientes muestran que el reclutamiento está lejos de ser un fenómeno del pasado. Entre el primero de enero y el 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo reportó 97 casos de menores reclutados por grupos al margen de la ley en distintas regiones del país. Del total de víctimas, el 63 por ciento corresponde a niños y el 37 por ciento a niñas.
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (Coalico) reportó que, durante el primer trimestre de 2026, la edad promedio de los menores reclutados fue de 15 años. El delito golpea con mayor fuerza a comunidades indígenas y afrocolombianas, de donde proviene uno de cada tres menores cooptados por estructuras ilegales.
“Ya no necesariamente se los llevan a la selva y les ponen el camuflado para siempre. Hay casos de menores que van el fin de semana a las operaciones del grupo armado y el lunes regresan a su casa para ir a la escuela. Hay dinámicas crueles en las que un intermediario ofrece los servicios del menor a un grupo armado y luego a otro, como si se tratara de un fichaje futbolístico”, explica Hilda Molano, vocera de Coalico.
El Estado Mayor Central concentra el 43 por ciento de los casos de reclutamiento registrados por la Defensoría en lo corrido del año. En la lista de organizaciones ilegales que han obligado a niños y adolescentes a integrar sus filas también se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, detalló en su más reciente informe sobre reclutamiento que entre 2024 y julio de 2026 se documentaron 1.173 casos. Aunque en el primer semestre de este año hubo una reducción frente a 2025, la entidad advirtió que existe un alto subregistro debido a que una gran parte de los casos solo se conocen cuando los menores fallecen en combates u operaciones de la fuerza pública.
Promesas económicas y tratamientos estéticos: las dinámicas del reclutamiento infantil
Andrea Morales comenzó a sospechar cuando notó que Adrián, su hijo de 16 años, pasaba horas sumergido en la pantalla de su teléfono. Una noche, un resplandor en la oscuridad del cuarto la llevó a revisar sus chats. Allí encontró mensajes de desconocidos que le ofrecían fajos de billetes, ropa de marca y una salida rápida a las dificultades económicas que enfrentaba su familia a cambio de integrar las filas de un grupo armado.
El caso de Adrián refleja una estrategia de reclutamiento que también se ha trasladado a las redes sociales. Un reciente informe de Human Rights Watch documentó más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok utilizadas para idealizar la vida en las filas de los grupos armados y presentar el reclutamiento como una lucrativa oferta de trabajo.
Save the Children Colombia detalla que las estructuras al margen de la ley presentan la vida insurgente como una mezcla de poder, reconocimiento, dinero y pertenencia. "La violencia se estetiza, los vehículos se convierten en símbolos de estatus y hasta la música popular es utilizada para construir una imagen atractiva de ese mundo”, detalla la organización.
El reclutamiento puede comenzar lejos de las trochas y los campamentos. Algunos menores son trasladados hasta grandes ciudades con la promesa de un tratamiento estético y luego devueltos a sus casas. El viaje, el procedimiento y el regreso forman parte de una estrategia para ganar su confianza y lograr su eventual vinculación a las estructuras armadas.
En los territorios indígenas, esas promesas encuentran terreno fértil. Eduin Capaz, defensor de derechos humanos y líder de la comunidad nasa en Cauca, explica que la pobreza, las dificultades para acceder a educación y la falta de oportunidades dejan a muchos menores expuestos a las ofertas de reclutadores. “A la mayoría los obligan a unirse a cambio de no asesinarlos. A otros los convencen con promesas falsas de lujos, armas y poder”, sostiene.
Después del reclutamiento, los bombardeos
Antes de empuñar un arma, los menores son utilizados para cargar provisiones, servir de mensajeros y cumplir tareas de vigilancia. Pero una vez dentro de un grupo ilegal, la frontera entre víctima y combatiente se vuelve cada vez más difusa: el mismo niño obligado a abandonar su hogar puede terminar en una zona de combate con la fuerza pública.
Medicina Legal reportó que durante la administración de Iván Duque murieron 42 menores en operaciones militares, una cifra que ascendió a 65 durante el gobierno de Gustavo Petro. En su primer mes en el poder, Abelardo de la Espriella ordenó tres bombardeos que dejaron —según los registros conocidos hasta la fecha— seis niños y adolescentes fallecidos.
La ofensiva ordenada desde Casa de Nariño abrió también un pulso en los tribunales. En la decisión más reciente, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión provisional que había restringido los bombardeos cuando existiera información sobre menores reclutados, pero estableció un estándar reforzado de precaución para las operaciones en las que podrían encontrarse niños, niñas o adolescentes.
“La sola presencia en un campamento o la mera vinculación material con aquella no conduce automáticamente a presumir que un menor de edad puede ser objeto legítimo de ataque”, se lee en la decisión, en la que se ordena que cada operativo respete las normas del Derecho Internacional Humanitario y se ejecute bajo un estándar de protección reforzado.
En su más reciente alocución, el presidente De la Espriella sostuvo que la presencia de menores en los campamentos no puede traducirse en una ventaja para las estructuras que los reclutan. Por eso, para organizaciones defensoras de los derechos de los menores, la deuda pendiente en las tareas de prevención por parte del Estado comienza mucho antes del estruendo de las bombas.
Una guerra con niños, niñas y adolescentes como escudo
Elsa* conoce el reclutamiento desde el lugar de una madre. Su hija tenía 15 años cuando fue interceptada al salir del colegio, en Herrera (Tolima), y llevada por un grupo armado bajo amenaza de muerte. Desde entonces, su historia también está atravesada por una pregunta de fondo: ¿qué ocurre con los menores que son obligados a entrar a una guerra que no eligieron?
En Elsa convergen dos miradas. La de los niños que, bajo amenazas de muerte, pueden ser obligados a disparar incluso contra sus propios vecinos o familiares. Y la de una madre que, pese a haber sufrido el reclutamiento de su hija, considera que los bombardeos contra los campamentos deben ejecutarse de forma continua para evitar que los grupos ilegales sigan sumando menores a sus estructuras.
“Todos son víctimas. Al estar en el abandono del Estado, el niño sufre y esa víctima se convierte en victimario. Si los mandan a matar, les toca hacerlo, así sea a su mamá o a su hermano. Porque cuando ya los reclutan, también se convierten en un peligro para la sociedad. Esos niños están siendo utilizados como instrumentos de guerra”, sostiene, en diálogo con CAMBIO.
La Corte Constitucional ha dejado claro que un menor reclutado sigue siendo, ante todo, una víctima y conserva una protección especial. En ese sentido, la jurisprudencia establece que las operaciones militares en el país exigen valorar las circunstancias de cada caso y aplicar los principios del DIH para determinar si la ventaja militar esperada justifica los daños que podrían ocasionar.
“No es que las víctimas que generan los niños y las niñas durante su participación en el conflicto no importen. Al contrario, el responsable es finalmente quien determinó su participación en hechos violentos. Su utilización es precisamente muestra de la crueldad del crimen. Por eso, no se puede olvidar que detrás de las cifras hay rostros de niños obligados a cargar un fusil”, sostiene Hilda Molano, vocera de Coalico.
La disputa jurídica sobre los bombardeos seguirá marcando el rumbo de las operaciones del Gobierno, que busca completar 15 intervenciones de este tipo en sus primeros 100 días. Entre las decisiones judiciales y las bombas quedan las historias de quienes llegaron a una guerra que no eligieron y que inició mucho antes de ser obligados a vestir el camuflado.
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