El destino de los 103 capos de Itagüí: CAMBIO revela a qué cárceles fueron enviados por orden de Abelardo de la Espriella

Durante años, la cárcel La Paz, de Itagüí, fue mucho más que un lugar de reclusión. Algunos de los hombres que el Estado había encerrado para apartarlos del crimen siguieron ejerciendo desde allí parte de su poder y manteniendo influencia sobre las estructuras que operaban en las calles. En sus pabellones convivían históricos jefes de La Oficina, antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, cabecillas de bandas del Valle de Aburrá vinculados a los diálogos de Paz Total, condenados por homicidio, narcotráfico, secuestro y extorsión, y exintegrantes de la fuerza pública sentenciados por corrupción. En el gobierno de Gustavo Petro, los beneficios concedidos a varios de esos internos pusieron al penal en el centro de la controversia. El 8 de abril, un concierto de Nelson Velásquez dentro de la cárcel expuso hasta dónde habían llegado esos privilegios. La Fiscalía y la Procuraduría investigan la cadena de irregularidades que salió a la luz ese día.

Por eso sorprendió que la primera medida que tomó el presidente Abelardo de la Espriella, apenas horas después de asumir el poder el 7 de agosto, fuera ordenar el traslado inmediato de 103 de esos privados de la libertad hacia distintos establecimientos penitenciarios con áreas de alta seguridad del país. La intención era una sola: desarticular el centro de poder que habían consolidado durante años dentro de la cárcel de Itagüí e impedir que siguieran concentrando influencia desde un mismo lugar. CAMBIO revela los ocho destinos a los que fueron enviados los presos y cómo quedó redistribuido el mapa criminal más sensible del sistema penitenciario colombiano.  

 

Los capos que salieron de Itagüí
 

La orden presidencial afectó directamente a varios de los hombres que integraban la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá y que, desde la cárcel de Itagüí, habían mantenido durante años una enorme capacidad de influencia criminal. Entre los trasladados aparecen José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico cabecilla de La Terraza; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, uno de los jefes de La Oficina; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, reconocido cabecilla de esa misma estructura; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta, capo de La Oficina; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. Varios de ellos habían participado públicamente, incluso en actos promovidos por el Gobierno, como voceros o integrantes de los acercamientos de paz urbana con las bandas del Valle de Aburrá. 

Varios de esos cabecillas se beneficiaron, además, de la Resolución número 00027, del 27 de marzo de 2026, con la que la Fiscalía General de la Nación les suspendió las órdenes de captura por estar vinculados a la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí, el espacio de diálogos sociojurídicos entre las estructuras criminales del Valle de Aburrá y el Gobierno Nacional. 

La operación no se limitó a los voceros de esa mesa. Entre los 103 privados de la libertad también había antiguos comandantes paramilitares, condenados por homicidio, narcotráfico y desaparición forzada, responsables de asesinatos de líderes sociales, integrantes de organizaciones criminales de otras regiones y exmiembros de la fuerza pública condenados por corrupción. Es decir, Itagüí no concentraba solo a los protagonistas de la paz urbana de Medellín, sino un mosaico de perfiles criminales de alto nivel que convertía al establecimiento en uno de los mayores focos de concentración de poder dentro del sistema penitenciario colombiano.

El objetivo del Gobierno era romper la capacidad de coordinación que, según las autoridades, los cabecillas habían conservado durante años desde un mismo establecimiento penitenciario. Por eso los presos fueron distribuidos entre establecimientos penitenciarios de distintas regiones del país

La distribución tampoco parece obedecer al azar. Los ocho establecimientos escogidos cuentan con áreas o pabellones de alta seguridad para internos de alto perfil. El mayor grupo, conformado por 27 privados de la libertad, fue enviado al Complejo Carcelario de Bogotá (COBOG), específicamente a los pabellones 31 y 32, donde funcionan áreas de Justicia y Paz y de reclusión especial; otros 17 quedaron en El Pedregal, en Medellín; 16 en Girón (Santander); 13 en La Tramacúa, en Valledupar; 12 en La Dorada; 9 en Palmira; 5 en Picaleña, en Ibagué, y 4 en El Barne, en Boyacá.

La Tramacúa, en Valledupar, por ejemplo, ha sido históricamente uno de los establecimientos utilizados para recluir a algunos de los delincuentes de mayor peligrosidad del país. El Barne, en Cómbita, también ha albergado durante años a jefes del narcotráfico, antiguos comandantes de organizaciones criminales y otros internos considerados de alto riesgo.

Por ahora, el traslado de los 103 privados de la libertad desarticula uno de los principales centros de poder criminal que se había consolidado dentro del sistema penitenciario colombiano. Sin embargo, esa decisión administrativa no responde la pregunta de fondo que se viene haciendo la opinión pública: ¿quién permitió que esos cabecillas acumularan semejante nivel de privilegios dentro de una cárcel de máxima seguridad? La historia de la cárcel de Itagüí empezó a trascender en los medios de comunicación cuando los beneficios otorgados a los presos dejaron de ser hechos aislados y terminaron convirtiéndose, según declararon los propios guardianes del Inpec, en parte de la rutina del establecimiento.  

En las últimas semanas, CAMBIO reveló las declaraciones rendidas por dos funcionarios del Inpec ante la Procuraduría, en las que aseguraron que visitas extraordinarias, ingreso de alimentos y otras concesiones se habían vuelto "normales" debido a las garantías otorgadas a los cabecillas que participaban en los acercamientos de la denominada Paz Total. Esos testimonios ya hacen parte de los expedientes judiciales, donde también se investiga si existieron presiones políticas para flexibilizar el régimen penitenciario en favor de algunos de esos internos. 

Así las cosas, el verdadero cierre del capítulo de Itagüí no llega con los traslados sino cuando la justicia establezca quién autorizó los beneficios que hoy son objeto de investigación, quién permitió que se consolidaran y qué responsabilidades penales, disciplinarias o políticas deberán asumir quienes hicieron posible que un establecimiento penitenciario terminara funcionando, durante años, bajo reglas distintas a las previstas por la ley penitenciaria.