Las reuniones reservadas del caso Nicolás Petro: el antecedente que revive la denuncia de Lucy Laborde

La denuncia de la exfiscal Lucy Laborde volvió a poner el caso Nicolás Petro en el centro de una tormenta judicial. En entrevista con la revista Semana, la funcionaria que se encargó del proceso aseguró que, durante una reunión realizada en el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le plantearon retirar el delito de lavado de activos y mantener solo el de enriquecimiento ilícito. Laborde ubicó en ese encuentro a la propia Camargo, a la delegada Aura Liliana Trujillo, al entonces vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y a quien en ese momento estaba al frente de la lucha contra el lavado de activos. 

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La Fiscalía negó cualquier tipo de presión y explicó que la reunión, celebrada el 5 de septiembre de 2024, tuvo como único propósito analizar una solicitud de la defensa para modificar la calificación jurídica y explorar un eventual preacuerdo. Según la entidad, la petición finalmente no prosperó.

Pero hay un antecedente que hoy adquiere una relevancia especial. El 22 de septiembre de 2024, 17 días después de la reunión mencionada por la fiscal Laborde, CAMBIO reveló que Nicolás Petro estaba tratando de negociar con la Fiscalía. 

Las mesas reservadas para negociar el caso Nicolás Petro

Según la exfiscal Lucy Laborde, en la reunión del 5 de septiembre de 2024 la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le pidió retirar el delito de lavado de activos y dejar únicamente el de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía niega esa versión, pero reconoce dos hechos que hoy resultan determinantes: que el encuentro sí existió y que uno de los temas discutidos fue la petición presentada por la defensa de Nicolás Petro para modificar la calificación jurídica del proceso con miras a un eventual preacuerdo. 

Diecisiete días después de esa reunión, el 22 de septiembre de 2024, CAMBIO reveló que la defensa de Nicolás Petro llevaba varios meses intentando construir una salida negociada al proceso. En ese entonces, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este medio que se habían conformado mesas técnicas de primer nivel para estudiar, una a una, las propuestas que presentaban sus abogados. 

Las fórmulas que estaban sobre la mesa coinciden, de manera llamativa, con el centro de la controversia que hoy plantea Lucy Laborde. CAMBIO reveló en ese entonces que una de las propuestas consistía en hacer un “ajuste de legalidad” al expediente. Traducido a un lenguaje menos jurídico: la defensa pretendía que la Fiscalía replanteara la acusación para dejar atrás los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos y concentrara el caso en una estafa agravada por la cuantía. Otra alternativa proponía mantener únicamente y excluir el lavado de activos.

¿Por qué era tan importante ese punto? Porque el lavado de activos no es un delito cualquiera dentro del Código Penal. Además de aumentar significativamente la exposición penal del procesado, puede tener consecuencias patrimoniales y financieras severas. Laborde aseguró en su entrevista que, durante la reunión del 5 de septiembre, uno de los argumentos que escuchó fue que una eventual condena por ese delito podría llevar a Nicolás Petro a la lista OFAC, conocida popularmente como la Lista Clinton. Esa preocupación, según el relato de la exfiscal, era uno de los motivos que se esgrimían para insistir en modificar la acusación.

La coincidencia no termina ahí. En esa investigación publicada hace dos años, CAMBIO también reveló que las propuestas buscaban un objetivo procesal concreto: abrir la puerta para que Nicolás Petro pudiera solicitar una pena domiciliaria y evitar una condena que implicara reclusión en un establecimiento carcelario. Es decir, las conversaciones no giraban alrededor de aspectos marginales del expediente. Lo que estaba en discusión era el corazón mismo de la acusación.

Sin embargo, apenas ocho días después de esa publicación, el escenario cambió por completo. El 30 de septiembre de 2024, CAMBIO reveló que la Fiscalía había decidido cerrar definitivamente la puerta al preacuerdo. Las mismas fuentes que semanas atrás hablaban de mesas técnicas confirmaron entonces que la negociación había quedado descartada y que el proceso continuaría hacia juicio con la acusación intacta. La razón que dieron las fuentes reservadas es que no podía haber filtraciones sobre una negociación incipiente entre dos partes porque puede ser leído como una especie de presión para que el ente acusador tome una decisión rápida que favorezca al hijo del presidente. 

Esa cronología aporta un elemento adicional al debate abierto por las declaraciones de Lucy Laborde. El comunicado que la Fiscalía divulgó el pasado domingo 23 de agosto sostiene que la petición de la defensa no prosperó y que el proceso continuó con la acusación original por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Eso es cierto. Pero la reconstrucción de los hechos muestra que antes de llegar a ese desenlace existieron reuniones, mesas técnicas y propuestas concretas para modificar la calificación jurídica del proceso. 

Además, según las fuentes que hablaron entonces con CAMBIO –una versión que también fue divulgada en su momento por W Radio–, esas conversaciones terminaron abruptamente después de que la negociación se hiciera pública en este medio y el foco de la opinión se concentrara en la posibilidad de que el hijo del entonces presidente obtuviera un beneficio judicial.

Ahora, la discusión ya no es si hubo acercamientos para negociar el proceso. Ese punto quedó documentado desde septiembre de 2024 por CAMBIO y la propia Fiscalía reconoce que la reunión del 5 de septiembre existió y que allí se analizó una solicitud de la defensa para modificar la calificación jurídica del caso con miras a un eventual preacuerdo. Lo que está en debate es qué ocurrió dentro de esa reunión y cuál fue el papel que desempeñaron los funcionarios que participaron en ella.

Será ahora la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la que deberá establecer cuál de las dos versiones corresponde a lo ocurrido dentro del despacho de la fiscal general.