Exclusivo | Fiscalía imputará a Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza: así se cayó el acuerdo para evitar el juicio

El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza cruzó la puerta de la sala de poligrafía de la Casa Galán, el edificio de inteligencia ubicado frente a la Casa de Nariño. Minutos después, conectada a un detector de mentiras, respondía preguntas sobre la desaparición de un dinero en el apartamento de quien entonces era una de las mujeres más poderosas del Gobierno: Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete de Gustavo Petro. El examen, que no tiene valor probatorio en la justicia colombiana, concluyó que la niñera ocultaba información. Aquella escena, que parecía el episodio aislado de un supuesto hurto doméstico, terminó convirtiéndose en el punto de partida de uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro: polígrafo, interceptaciones ilegales, uso del aparato del Estado contra dos empleadas, la salida de altos funcionarios y el suicidio de un oficial de la Policía.

Por esa imagen que es difícil de olvidar –la de Marelbys Meza conectada al polígrafo– la Fiscalía llevó a juicio a varios uniformados de la Policía encargados de la prueba y mantuvo una indagación abierta contra Laura Sarabia. Hoy, tres años después del episodio, esa etapa preliminar está a punto de concluir. Fuentes judiciales confirmaron a CAMBIO que la Fiscalía desistió del mecanismo de justicia restaurativa que durante meses exploró la defensa de Laura Sarabia junto con Marelbys Meza para cerrar el caso sin llegar a juicio. En su lugar, el ente acusador prepara la imputación contra la exfuncionaria por los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. La decisión cambia por completo el panorama judicial de Sarabia: de terminar en una condena, dos de esos delitos podrían impedirle acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. Es decir, podría terminar en la cárcel. CAMBIO reconstruyó cómo se cayó la negociación reservada que buscaba ponerle fin al expediente y qué fue lo que cambió en los últimos meses.

La negociación reservada que buscó evitar el juicio

Mientras la investigación avanzaba silenciosamente en la Fiscalía, la defensa de Laura Sarabia abrió un camino distinto al del juicio. Según confirmaron a CAMBIO fuentes con conocimiento directo del expediente, primero el abogado Mauricio Pava y, después, el exfiscal general Mario Iguarán —quien asumió la defensa de la entonces canciller— adelantaron conversaciones con la Fiscalía para intentar cerrar el caso mediante un mecanismo de justicia restaurativa. La apuesta consistía en poner fin al proceso a través de un acuerdo entre la exfuncionaria y la víctima, Marelbys Meza.

La justicia restaurativa, prevista en el Código de Procedimiento Penal, permite que determinados conflictos penales se solucionen mediante un acuerdo voluntario entre la víctima y el investigado. Así, la lógica cambia: en lugar de concentrarse exclusivamente en castigar al responsable, busca reparar integralmente a la víctima y restaurar el daño causado. Para que prospere, sin embargo, no basta con que las partes estén de acuerdo. La Fiscalía debe considerar que ese mecanismo es compatible con la gravedad de los hechos y autorizar su trámite.

En este caso, las conversaciones alcanzaron un punto que no había trascendido públicamente. CAMBIO conoció una carta radicada ante la Fiscalía por la apoderada de Marelbys Meza, dirigida a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía Cubillos. En el documento, con fecha de julio de 2026, la defensa de la víctima solicita formalmente "la activación del mecanismo de justicia restaurativa" y explica que la petición obedece a la voluntad "libre, expresa e informada" de Marelbys de resolver el conflicto por esa vía.

Detrás de esa solicitud había una negociación mucho más amplia. Fuentes judiciales explicaron a CAMBIO que la propuesta contemplaba un acuerdo integral entre Laura Sarabia y Marelbys Meza, que incluía no solo un acto de reconocimiento y reparación simbólica, sino también una compensación económica cuyo monto nunca fue revelado por las partes. Si la Fiscalía avalaba ese camino y el acuerdo se cumplía, la expectativa de la defensa era que el expediente terminase en un archivo; es decir, sin necesidad de llevar a la exfuncionaria a juicio.

Durante varios meses ese escenario estuvo sobre la mesa. Sin embargo, mientras avanzaban esas conversaciones, el expediente empezó a cambiar de rumbo. El primero en alterar el panorama fue el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, uno de los oficiales que participó en las actuaciones posteriores al supuesto hurto en el apartamento de Sarabia. 

El 2 de julio de este año, el capitán Mojica firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y aceptó convertirse en testigo de cargo. En la matriz de colaboración, revelada por CAMBIO, se comprometió a declarar bajo juramento que fue la propia Laura Sarabia quien, después de conocer la desaparición del dinero, impartió la instrucción para que Marelbys Meza fuera sometida al polígrafo.

Según la matriz de colaboración, Mojica declarará que Sarabia, tras enterarse del supuesto hurto de un dinero en su apartamento, realizó una llamada telefónica al oficial al que se refería como "el coronel". En ese testimonio sostendrá que durante esa conversación le pidió modificar su esquema de seguridad y que, posteriormente, impartió la instrucción para que Marelbys Meza fuera sometida a un examen de polígrafo.

Ese testimonio golpeó una de las principales líneas de defensa de la exfuncionaria, que en la única entrevista que ha concedido sobre este episodio aseguró que nunca ordenó esa prueba.

En enero de 2024, durante la única entrevista de fondo que ha concedido sobre este episodio, Laura Sarabia sostuvo ante CAMBIO que nunca impartió la orden de practicar el polígrafo a Marelbys Meza. Explicó que el hurto de los elementos fue tomado como un asunto de seguridad nacional porque, además de los 7.000 dólares hurtados, había documentos de Estado.

Según relató Sarabia, cuando llegó a su apartamento tras el supuesto hurto, ya había varios policías de civil y la coordinación de todo el procedimiento estaba en manos de la entonces teniente Sandy, jefe de su esquema de seguridad. Dijo que la única interacción que tuvo fue con un capitán que se encontraba recibiendo la denuncia presentada por su esposo y que solo tiempo después supo que se trataba del “capitán Mojica”.

"El día del robo, el capitán mencionó que había unas vulneraciones de mi seguridad porque no se hicieron los estudios de seguridad de las empleadas domésticas y otros protocolos, y me dice que el tema debe pasar a consideraciones del esquema. En ese momento, la propia Mary habla de un posible polígrafo. Ella cuenta que un episodio similar le había pasado con el entonces embajador Armando Benedetti y había terminado en una prueba de polígrafo [...] Ella en ese momento nos dice que si queremos, se puede hacer un polígrafo. El capitán dice que él mirará qué decisiones se toman. Y ahí queda el tema", aseguró entonces la exfuncionaria.

Esa versión es, precisamente, la que hoy entra en abierta contradicción con el testimonio que la Fiscalía espera escuchar en un eventual juicio. El mismo capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien en la entrevista de Sarabia aparecía como el oficial encargado de autorizar el polígrafo, firmó un principio de oportunidad y se comprometió a declarar bajo juramento que fue la propia Laura Sarabia quien ordenó someter a Marelbys Meza a esa prueba.

En otras palabras, quien durante años fue presentado como el funcionario que debía decidir qué hacer con el esquema de seguridad es hoy el principal testigo de la Fiscalía para intentar demostrar que la orden salió directamente de la entonces jefa de gabinete. Sarabia aparecía como el oficial encargado de autorizar el polígrafo, firmó un principio de oportunidad y se comprometió a declarar bajo juramento que fue la propia Laura Sarabia quien ordenó someter a Marelbys Meza a esa prueba. 

Pero hubo un segundo obstáculo. Mientras Marelbys Meza estaba dispuesta a cerrar el capítulo mediante un acuerdo restaurativo, Fabiola Perea —la otra empleada afectada por las actuaciones posteriores al supuesto hurto— pidió ser reconocida como víctima dentro del proceso. Perea, a diferencia de Marelbys, sostiene que, aunque ella no fue sometida a polígrafo, policías vestidos de civil llegaron hasta su vivienda sin orden judicial, tomaron fotografías del inmueble, recopilaron información de sus familiares y vulneraron su intimidad como parte de las actuaciones derivadas de la investigación interna. Su abogado, Mauricio Marín, confirmó a CAMBIO que la Fiscalía le informó que no respaldaría la salida restaurativa planteada para Sarabia y que estaba dispuesta a escuchar su solicitud para intervenir formalmente en el proceso como víctima.

Ese nuevo escenario terminó modificando el rumbo del expediente. Con un testigo colaborador que compromete directamente a Sarabia y una segunda víctima reclamando participar en el proceso, la posibilidad de cerrar el caso mediante justicia restaurativa perdió fuerza dentro de la Fiscalía. En lugar de avalar el acuerdo que durante meses exploraron las partes, el ente acusador optó por avanzar hacia la imputación formal contra quien fue una de las funcionarias más influyentes del Gobierno Petro.

CAMBIO contactó a Sarabia, pero se abstuvo de dar declaraciones sobre el proceso y dijo que el único autorizado para dialogar sobre el tema con la prensa era su nuevo abogado, el exfiscal Mario Iguarán. 

Por su parte, Iguarán afirmó que desde el primer momento se han puesto a disposición de la Fiscalía y que están prestos a entregar todas las explicaciones que el ente acusador considere necesarias.

¿Por qué la Fiscalía archivó un caso similar y ahora prepara una imputación?

La defensa de Laura Sarabia tiene otro argumento que, muy probablemente, aparecerá cuando la Fiscalía formalice la imputación. Meses después de que estallara el escándalo del polígrafo a Marelbys Meza, CAMBIO reveló que un episodio muy parecido había ocurrido durante el gobierno de Iván Duque. En 2020, tres enfermeras y una empleada del servicio doméstico que trabajaban para Álvaro Ramírez Suárez, padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fueron trasladadas en un vehículo oficial hasta el edificio Luis Carlos Galán y sometidas a pruebas de polígrafo luego de que en la vivienda comenzaran a desaparecer dinero, alimentos y otros objetos. La escena era sorprendentemente similar: empleadas domésticas, un supuesto hurto y el uso de instalaciones oficiales para practicar un detector de mentiras.

Sin embargo, el desenlace judicial fue distinto. Víctor Mosquera, abogado de la exvicepresidenta, confirmó a CAMBIO que la Fiscalía archivó la investigación por atipicidad de la conducta, al concluir que no existía delito. La defensa logró demostrar que las trabajadoras aceptaron voluntariamente someterse al examen, que Marta Lucía Ramírez nunca impartió esa instrucción y que el procedimiento estaba relacionado con la protección de una dignataria del Estado, por cuanto las empleadas tenían acceso permanente a espacios utilizados por la entonces vicepresidenta y su esquema de seguridad. "Fue un tema de seguridad nacional y el polígrafo fue voluntario", sostuvo Mosquera.

Ese antecedente podría convertirse en uno de los principales ejes de la estrategia de Laura Sarabia. La exfuncionaria también ha sostenido, desde el comienzo de la investigación, que nunca ordenó el polígrafo y que las decisiones fueron adoptadas por su esquema de protección. Pero la Fiscalía considera que ambos expedientes tienen una diferencia sustancial: mientras en el caso de Marta Lucía Ramírez la prueba fue presentada como voluntaria y la investigación no encontró evidencia de que la entonces vicepresidenta hubiera intervenido en la decisión, en el caso de Sarabia existe hoy un testigo —el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón— dispuesto a declarar que fue ella quien impartió la orden. Esa diferencia probatoria, más que el uso mismo del polígrafo, será uno de los puntos centrales del debate cuando el proceso llegue a los estrados judiciales.

El nuevo panorama de Laura Sarabia

La decisión de la Fiscalía no es menor. De concretarse la imputación, Laura Sarabia dejará de ser la exfuncionaria que estuvo en el centro de uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro para convertirse en una acusada formal por presuntos delitos contra la administración pública. Según explicó a CAMBIO el penalista Francisco Bernate, una eventual condena por peculado por uso y abuso de función pública tendría una consecuencia particularmente gravosa: el artículo 68A del Código Penal prohíbe conceder beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria a quienes sean condenados por delitos dolosos contra la administración pública. Es decir, que si la Fiscalía logra demostrar su responsabilidad y un juez la condena, la sanción tendría que cumplirse, en principio, en un establecimiento carcelario.

El panorama judicial de la exjefe de gabinete dependerá ahora de la estrategia que adopte su defensa. En todo caso, el escenario que enfrenta Sarabia no es favorecedor. Una de las posibilidades que tiene es controvertir en juicio la tesis de la Fiscalía e insistir en que nunca impartió la orden de practicar el polígrafo, como lo ha sostenido desde el comienzo del caso. La otra sería buscar de nuevo una salida negociada, ya sea mediante un preacuerdo o un principio de oportunidad. Pero esa alternativa exigiría ofrecer una colaboración que la Fiscalía considere de suficiente valor para la investigación. Lo cierto es que, más de tres años después de aquella mañana en la que Marelbys Meza fue conectada a un detector de mentiras en un edificio del Estado, el expediente está a punto de entrar en su fase más decisiva y podría convertirse en el primer juicio contra quien fue una de las funcionarias más influyentes y cercanas al expresidente Gustavo Petro.