¿Se perdió el rastro del oro colombiano? La denuncia de De La Espriella contra el gobierno Petro
El Estado administró durante años una empresa creada para comprar y exportar oro colombiano. Hoy, una auditoría forense y una denuncia presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía concluyen que nadie puede demostrar plenamente de dónde provenía parte de ese metal. CAMBIO obtuvo los documentos que reconstruyen esa historia. La actual administración de Meprecol dice las irregularidades ocurrieron cuando la compañía estaba en manos de la SAE.
Por: Sylvia Charry
El martes 18 de agosto, en el auditorio principal del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella le entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un documento de 82 páginas, una por cada caso, que su Gobierno incluyó en el llamado Libro de la Verdad.
“Pongo formalmente en sus manos el Libro de la Verdad. El país quiere saber qué pasó”, dijo el mandatario ante las cámaras. El documento reúne obras inconclusas, contratos y otros episodios de presunta corrupción de la administración de Gustavo Petro.
Pero hay un caso que no habla de obras ni de contratos, sino del oro que el Estado compró y exportó durante años por medio de una empresa que estaba bajo su administración. Detrás del expediente hay cientos de folios de una auditoría forense y una pregunta que ahora vuelve a la superficie: ¿de dónde salió el oro que terminó comprando el Estado?
En el centro está C.I. Meprecol S.A.S., una comercializadora de metales preciosos que en noviembre de 2025, por instrucción de Petro, pasó al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una pieza clave de su apuesta por la compra estatal de oro
Para entender qué estaba en juego hay que retroceder hasta 2006, cuando productores mineros del Chocó fundaron Meprecol como una comercializadora más de oro. Prosperó rápido, hasta que en 2017 la Fiscalía tocó la puerta: sus representantes legales, contadores y revisores fiscales terminaron detenidos, y la empresa fue arrebatada al crimen por extinción de dominio, en un proceso que documentó el lavado de 3,6 billones de pesos.
Lo que ocurrió después fue más simple y más problemático. El Estado no desmontó el modelo que acababa de asumir. Lo mantuvo. Bajo la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Meprecol siguió comprando oro a través de cooperativas que recibían el dinero y lo retiraban de inmediato en efectivo, sin dejar claro quién había extraído el metal. Además, una misma persona gerenciaba la comercializadora, que compraba el oro, y las cooperativas que se lo vendían. El Estado terminó controlando, al mismo tiempo, al comprador y a sus proveedores.
Así lo confirmó una auditoría forense encargada por el nuevo gobierno, cuya conclusión fue alarmante: el Estado perdió el rastro de su propio oro. No hay, según los auditores, una ruta que permita saber de dónde venía el metal, quién lo vendía o cómo circuló el dinero público con que se pagó. Tampoco, dicen, hay certeza de que los controles bastaran para impedir que un oro de economías ilegales entrara en la operación. Y algo más: la auditoría halló en Meprecol un desorden financiero durante los últimos dos años que habría permitido pagos innecesarios y, según sus términos, el “saqueo” de la compañía.
CAMBIO obtuvo la auditoría forense y los documentos que la sustentan —actas de asamblea, estados financieros, certificaciones contables y registros societarios—, así como la denuncia que el abogado Germán Calderón España, recién nombrado director de la Agencia Jurídica del Estado, radicó ante la Fiscalía el 20 de agosto de 2026, tomando ese peritaje como prueba. Juntos permiten reconstruir, paso a paso, cómo operó el negocio estatal del oro y por qué hoy es uno de los expedientes que el nuevo Gobierno puso en manos de la justicia. Esta es la historia.
El Estado no sabe si el oro que compró y exportó era legal o ilegal
La historia empieza el 30 de octubre de 2017. Ese día, la Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio ordenó el embargo, secuestro y toma de posesión del ciento por ciento de las acciones de Meprecol. Desde entonces la empresa quedó bajo administración de la SAE, cuya función es administrar los bienes que el Estado les quita a las organizaciones criminales. Ocho años después, el 7 de noviembre de 2025, la SAE transfirió esas acciones al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) antes de entregarlas al Ministerio de Minas. La auditoría revisó ambos periodos y concluyó que, pese al cambio de administrador, el problema de fondo nunca se corrigió: no hay trazabilidad de la procedencia del oro.
- Ese problema nace en la forma en que operaba el negocio. Meprecol no compraba el oro directamente a los mineros, sino a través de cooperativas intermediarias. La más importante era Coonekta, antes conocida como Precooperativa Konectar. Según la auditoría, la empresa giraba los recursos a esa cooperativa y, una vez recibidos, el dinero se retiraba de inmediato y en su totalidad en efectivo. Ahí se rompía la cadena. Con el rastro bancario también desaparecía la posibilidad de identificar a los verdaderos beneficiarios de esos recursos y el origen del oro que finalmente llegaba a la comercializadora. Así, el Estado sabía quién le facturaba el oro, pero no podía demostrar quién lo había extraído.
El punto más grave es que la auditoría tampoco encontró la otra punta del hilo. Los peritos revisaron inventarios, libros de fundición y registros de almacén de Meprecol, pero no hallaron “prueba técnica, análisis metalúrgico, registro auxiliar ni evidencia física idónea” que demostrara que el oro comprado en las regiones bajo sospecha hubiera llegado a las plantas de Medellín o Bogotá. En otras palabras, el Estado pagó por un oro cuya llegada a sus propias instalaciones no pudo ser acreditada.
El dinero también deja un vacío. Meprecol giró cerca de 1.500 millones de pesos en anticipos a cooperativas que no quedaron debidamente conciliados en la contabilidad y que tampoco tienen como respaldo un inventario físico de oro. El dinero salió. El metal que debía respaldarlo no aparece.
El resultado es una empresa estatal que compraba oro sin poder demostrar de dónde salía, que no puede acreditar que ese oro entrara a sus plantas de fundición, y que tampoco tiene cómo justificar plenamente adónde fue a parar parte del dinero público con el que lo pagó. Los tres eslabones de la cadena —origen, entrada y pago— quedaron rotos. Sobre esa base, cualquier afirmación de que el oro exportado por Meprecol era de origen legal se vuelve, para los auditores, imposible de sostener.
La sospecha sobre Coonekta dejó de ser teórica el 9 de septiembre de 2025, cuando la Fiscalía y la SAE la allanaron e intervinieron dentro de una investigación por presunto lavado de activos, sobre un patrimonio avaluado en 12.000 millones de pesos. Durante las diligencias, adelantadas en Marmato (Caldas), las autoridades encontraron 270 millones en efectivo, 573 gramos de oro fino y, llamativamente, herramientas de fundición —un espectrómetro, medidores de pureza y crisoles—. El proveedor estrella de la comercializadora estatal quedó, desde ese día, señalado por las propias autoridades de blanquear dineros del crimen.
Los pagos a una cooperativa que el propio Estado ya había sellado
Y aquí aparecen decisiones administrativas difíciles de explicar. Dos meses después de ese allanamiento, en noviembre de 2025, los libros contables de Meprecol registran una transferencia de 450 millones de pesos a favor de Coonekta, cuando la cooperativa ya estaba intervenida por el Estado. La operación quedó anotada como "intereses por mora" en la nota 22 de los estados financieros, pero la auditoría advierte un detalle que la vuelve más turbia: el comprobante omitió el NIT de la contraparte y la transacción se registró bajo la expresión genérica "intermediario regional". Esto impidió activar las alarmas preventivas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y del control interno.
Una empresa del Estado giró ese dinero "por mora" a una cooperativa que el mismo Estado había sellado por lavado, y lo hizo dejando en blanco la casilla de a quién se le pagaba.
En diálogo con CAMBIO, María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol desde enero de 2026, se distanció de ese pago. Precisó que no fue el único giro a Coonekta a finales de 2025 y que todas esas operaciones se hicieron cuando la empresa aún estaba bajo control de la SAE y bajo la representación del depositario Jorge Wilson García Dussán. "No fue bajo mi administración", respondió, y remitió a él cualquier detalle. Además, adjuntó el soporte de 17 pagos que hizo García entre noviembre y diciembre del 2025, por cerca de 14.000 millones de pesos, varios de ellos como anticipo. Los pagos, por supuesto, son el soporte de lo que le pagaba la compañía a la cooperativa por el oro, cuando ambas estaban en manos de la SAE.
Esos giros no fueron el único síntoma de que los controles antilavado no operaban. La denuncia sostiene que el propio oficial de cumplimiento de Meprecol, Edwin Enrique Varón Carvajalino, advirtió por escrito a la Junta Directiva que el sistema de prevención de lavado de activos —el llamado Sagrilaft— estaba desmantelado y con sus plataformas de monitoreo severamente desactualizadas. Esa inoperancia, señala el documento, impidió generar alertas por compras atípicas y omitió reportar operaciones sospechosas ante la UIAF, la unidad de inteligencia financiera del Estado. Es decir, el detector de lavado estaba desconectado mientras el dinero salía.
La dimensión de esos hallazgos cobra aún más relevancia si se conecta con un antecedente conocido este año. En julio, la revista Semana reveló que el contratista de la SAE Marlon Díaz denunció ante la Fiscalía la existencia de una presunta red de corrupción alrededor de varias empresas de oro administradas por el Estado, entre ellas Meprecol. En términos simples, dice el denunciante, el negocio del oro se ‘feriaba’ por debajo de la mesa a determinado empresario que terminaba administrando a su antojo la compañía. En la denuncia, Díaz menciona la presunta responsabilidad a las cabezas de la entidad, desde la expresidenta de la SAE, Amelia Pérez, hasta el exministro de Minas, Edwin Palma.
Fuentes que conocen el funcionamiento de esas empresas le explicaron a CAMBIO que el negocio del oro administrado por el Estado operaba, dicen, bajo una lógica que iba mucho más allá de los representantes legales que figuraban en los documentos oficiales. Aseguran que las decisiones estratégicas se negociaban previamente con empresarios que no figuraban formalmente en la estructura societaria y que, una vez alcanzados esos acuerdos, eran ellos quienes impulsaban el nombramiento de las personas que terminaban administrando las compañías. Esas mismas fuentes sostienen que, mientras Meprecol estuvo bajo la órbita de la SAE, el manejo de la empresa se coordinó con directivos de esa entidad y que, tras el traslado al Ministerio de Minas, el esquema habría sido renegociado con la nueva administración, que designó como gerente a María Isabel Carrillo, una funcionaria identificada por esas fuentes como cercana a Edwin Palma. En otras palabras, que el negocio cambió de dueño y que ese cambio puso a las partes en una guerra. Esas afirmaciones hacen parte de la información que ahora deberá ser corroborada por la Fiscalía dentro de la investigación que adelanta sobre el caso.
María Isabel Carrillo defendió, en cambio, la operación actual de la compañía y aseguró que hoy Meprecol trabaja con altos estándares de trazabilidad, apoyada en los controles del Estado —el Rucom de la Agencia Nacional de Minería, la Vuce del Ministerio de Comercio y el registro de exportación de la DIAN— y en una plataforma interna que, según dijo, verifica el origen "con cédula y huella del barequero o minero ancestral asociado a cada cooperativa". Al describir esos filtros, terminó admitiendo el problema que originó el caso: reconoció que, antes de que estas empresas pasaran al Ministerio de Minas, "compraban oro ilegal".
Consultado por CAMBIO, Jorge Wilson García Dussán, exgerente de Meprecol –en la administración de la SAE, rechazó que la empresa hubiera perdido el rastro del oro. Sostuvo que la trazabilidad "comenzaba desde el momento de la compra", que cada operación se cargaba en el sistema María Minería, avalado por la Agencia Nacional de Minería, y que a lo largo de la cadena se hacían controles de debida diligencia sobre proveedores y clientes —verificación de Rucom, cédula y listas restrictivas—, más la validación de la DIAN antes de exportar. "No puede afirmarse que Meprecol hubiera perdido la trazabilidad del material", concluyó.
Sobre los giros a la cooperativa ya intervenida, García Dussán respondió que fueron parte de "la operación comercial de Meprecol" y de conocimiento de la SAE, y que los intereses de mora se generaron por el incumplimiento del comprador de Miami, Global Metals Industry.
A todo lo anterior se suma lo que los peritos describen como una triangulación en las exportaciones que hacía Meprecol: un mismo empresario, el belga Laurent Charles Duplat, aparecía como dueño de las dos puntas del negocio —controlaba la firma que sacaba el oro desde Medellín, 7947 Industry, y también las que lo compraban en el exterior, Condor Partners en Londres y Global Metals Industry en Miami—. Ese arreglo, según la auditoría, le permitía dejar los dólares de las exportaciones represados afuera y asfixiar, desde el otro lado del mundo, la caja de la empresa del Estado. Así, lograba que el estado terminara pagando de más por 'intereses de mora'. Y hay un detalle adicional: cuando los peritos fueron a verificar la sede de la compradora de Miami, en la Suite 800 de la 1200 Brickell Avenue, encontraron que esa dirección no era una empresa de oro con bodegas ni hornos, sino apenas una oficina virtual de coworking administrada por un servicio de correspondencia.
No es la primera vez que se pone en duda que el Estado colombiano esté exportando oro de origen ilegal. En abril de 2026, una investigación de The New York Times reveló que parte del oro con el que la Casa de la Moneda de Estados Unidos —la institución que acuña las monedas oficiales de ese país— fabrica sus lingotes y monedas de inversión nacía en una mina ilegal de Caucasia, en Antioquia, bajo el control del 'clan del Golfo', la mayor organización narcotraficante del país, y terminaba refinado en Texas por la empresa Dillon Gage. El mismo Dillon Gage que, según la auditoría, era a la fecha del informe el único cliente de Meprecol, y que tras el reportaje anunció que suspendía las compras de oro colombiano. Mientras el oro sucio del Bajo Cauca hallaba la forma de blanquearse hasta llegar al Tesoro estadounidense, la comercializadora estatal que exportaba a esa misma refinería no podía demostrar el origen legal de su propio metal: dos orillas del mismo río.
Lo que sigue: una denuncia por lavado y prevaricato
Con ese conjunto de hallazgos, el abogado Germán Calderón España presentó el 20 de agosto de 2026 una denuncia ante la Fiscalía contra las personas que se llegaren a determinar, vinculadas a la SAE y al Ministerio de Minas, por hechos derivados de la administración estatal de Meprecol. La denuncia pide investigar tres delitos: lavado de activos, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
El expediente queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si lo que la auditoría describe como una cadena de trazabilidad rota, controles apagados y cuentas maquilladas fue producto de la negligencia o de algo más. También debería explicarle a los colombianos si, en ese caso, las responsabilidades sólo pueden ser atribuidas al modelo del gobierno Petro o no.
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