Efecto dominó: el revés en la elección del rector de la UPC que golpea el proyecto político de Ape Cuello y Juliana Guerrero
Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro en la Universidad del Cesar; Ape Cuello, representante a la Cámara, y Elvia Sanjuán, gobernadora del Cesar | Crédito: Yamith Mariño - CAMBIO
La decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Guillermo Echavarría como rector de la institución golpeó el bloque político que el congresista y la poderosa joven han comenzado a consolidar alrededor de la universidad, convertida hoy en una de las principales plataformas de disputa electoral en Cesar.
Por: Jonathan Beltrán
Mientras en Valledupar empezaban a afinarse los acordeones para el Festival de la Leyenda Vallenata, en la Universidad Popular del Cesar (UPC) otra agrupación celebraba su propia victoria. La mañana del 27 de abril, entre decenas de guayaberas blancas, Guillermo Echavarría levantó la bandera de la institución durante su posesión como rector. La imagen quedó registrada como la demostración de fuerza de un nuevo bloque político integrado por figuras como Ape Cuello y Juliana Guerrero, que empezaba a disputar el poder del Cesar desde una universidad convertida desde hace años en fortín estratégico.
Ante alcaldes y dirigentes políticos de la región, Echavarría recibió las banderas de manos del rector saliente, Rober Romero, en un gesto que los asistentes interpretaron como el paso de una antorcha cuidadosamente protegida. Tras elogiar la gestión de su mentor, la escena terminó convertida en la celebración de una arquitectura política que ha sobrevivido durante meses a sesiones suspendidas, recursos judiciales, protestas estudiantiles y maniobras de pasillo.
Pero la celebración a ritmo de acordeón apenas alcanzó a durar un par de compases. Echavarría solo permaneció dos semanas sentado en la oficina marcada con la placa de “Rector” de la Universidad Popular del Cesar. Mientras terminaba de acomodar sus cosas en el despacho y empezaba a asumir el control administrativo de la institución, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente su nombramiento tras concluir que se presentaron inconsistencias en la acreditación de los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
Desde que el nombre de Echavarría entró a la baraja de candidatos, dentro del Consejo Superior Universitario (CSU) comenzaron a aparecer alertas sobre el cumplimiento de los requisitos para aspirar a la rectoría. Aunque las advertencias llegaron incluso a la Comisión de Garantías Electorales, el entonces candidato siguió superando filtros y avanzó como la principal apuesta de continuidad del bloque político que busca controlar la institución.
Excandidatos a la rectoría y miembros del CSU consultados por CAMBIO coinciden en que la caída de Echavarría va mucho más allá de un revés jurídico. Para varios de ellos, la decisión del Consejo de Estado golpea el proyecto de quienes buscaban mantener el control político de la UPC con la mira puesta en las elecciones territoriales del próximo año y en la disputa por el poder regional en Cesar.
El revés judicial que fracturó una nueva alianza por el poder en Cesar
Desde que comenzó el proceso para elegir al nuevo rector de la UPC, por los pasillos de la institución empezaron a transitar con frecuencia figuras de la política regional. En sesiones públicas, reuniones internas y actos oficiales aparecieron figuras como Ape Cuello y Didier Lobo, quienes compartieron espacios con miembros del CSU y directivos cercanos a la administración saliente en medio de un proceso electoral cuyas etapas más decisivas coincidieron con la campaña al Congreso.
Para algunos sectores de la comunidad universitaria, lo que estaba en juego iba mucho más allá de la elección de un rector. Álvaro Iglesias, excandidato a la rectoría y uno de los primeros en advertir sobre presuntas irregularidades en el proceso, sostiene que alrededor de la administración saliente se habría consolidado la idea de convertir la universidad en una plataforma de influencia política y electoral en el departamento. Según explica, ese modelo terminó acercando a dirigentes regionales interesados en mantener cuotas de poder dentro de la institución.
“La UPC empezó a verse como un fortín político capaz de mover miles de votos en el Cesar, y eso despertó el interés de sectores que querían mantener ese esquema de control”, le dijo a CAMBIO. En contraste, tanto el rector saliente, Rober Romero, como el electo, Guillermo Echavarría, han rechazado ese tipo de señalamientos y han insistido en que el proceso respondió a decisiones institucionales y al respaldo mayoritario al interior de la institución.
En esa red de apoyos y respaldos políticos hay otro nombre que aparece de forma recurrente: Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro ante el CSU y una de las voces más visibles en las decisiones recientes de alto nivel dentro de la institución. De hecho, en el acto de posesión de Echavarría, Guerrero fue presentada como “doctora” mientras ocupaba una de las primeras filas del auditorio, pese a que actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en documento público y fraude procesal relacionado con la obtención de su título universitario.
En medio de esa disputa, el malestar también empezó a crecer entre sectores estudiantiles que consideran que la universidad quedó atrapada en una pelea política ajena a las discusiones académicas. “Está claro que el tema ha sido eminentemente político. Hay bastante inconformidad con el hecho de que esté Juliana Guerrero en el CSU y que sea ella la que esté tomando decisiones que terminan afectando a la comunidad en general. Hoy hay bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar”, explicó a CAMBIO un líder estudiantil.
Los costos políticos para el bloque de Ape Cuello tras la suspensión del rector de la UPC
Desde hace casi una década, la institución de educación superior se ha convertido en un escenario de disputa política en el departamento. Por sus aulas y sedes no solo pasan miles de estudiantes: también circulan liderazgos juveniles, estructuras burocráticas y redes de influencia que distintos sectores políticos han intentado acercar a sus proyectos electorales.
Durante los últimos años, buena parte de ese poder ha orbitado alrededor del clan Gnecco, que todavía conserva influencia dentro de la institución y mantiene representación en el CSU a través de la delegada de la gobernadora Elvia Sanjuán, una de las fichas de esa casa política. Sin embargo, la suspensión de Echavarría volvió a mover el tablero dentro de la UPC y abrió un nuevo pulso entre los sectores tradicionales que históricamente han controlado espacios de poder en el departamento y los nuevos bloques políticos.
> “Las cuentas que hacen las redes políticas del departamento apuntan a que la UPC es un fortín político con más de 10.000 votos. Eso generó mucho entusiasmo en ciertos sectores que quisieron ayudar a mantener ese modelo clientelista y politiquero en el principal centro del pensamiento y conocimiento del Cesar”, explicó a CAMBIO un miembro del CSU.
Para directivos de la institución consultados por CAMBIO, el fallo del Consejo de Estado golpea especialmente esa imagen de control institucional que el bloque buscaba proyectar. La suspensión del rector no solo dejó en el aire la continuidad administrativa de la universidad, sino que volvió a instalar dudas sobre la legitimidad del proceso y sobre el alcance de las alianzas que empezaban a consolidarse alrededor de la UPC.
Sin embargo, dentro de la universidad pocos creen que el capítulo esté cerrado. Aunque la suspensión de Echavarría representó un golpe para el grupo político que impulsó su llegada a la rectoría, el proceso apenas entra ahora en una nueva etapa judicial y será el Consejo de Estado el que emita una decisión de fondo en los próximos meses. Mientras tanto, el grupo cercano al exrector conservará su influencia en decisiones estratégicas a través de la rectora encargada, Ana Milena Maya.
La disputa por el control de la UPC y el pulso político en las próximas elecciones
El pasado 9 de mayo, mientras el candidato presidencial Iván Cepeda hablaba en la plaza Alfonso López de Valledupar sobre una “rebelión ciudadana contra la corrupción”, parte de la atención del evento terminó desviándose hacia otro nombre. En medio de aplausos y arengas, varios asistentes empezaron a gritar “¡Fuera Juliana Guerrero!”, en rechazo al papel que la delegada presidencial ha desempeñado dentro del CSU y su rol tras bambalinas en el Gobierno Petro.
En el Cesar existe una vieja tradición política alrededor de la plaza Alfonso López: quien logre llenar el espacio más allá del histórico palo de mango que se levanta en uno de sus costados se convierte en presidente de la República. Pero quienes conocen las redes de poder que se mueven en el departamento saben que el verdadero termómetro no está en la cantidad de asistentes, sino en la capacidad de tejer alianzas con los clanes, congresistas y estructuras regionales que se disputan el control político del Cesar.
En medio de ese tablero, todavía en movimiento, Ape Cuello ha preferido no mostrar todas sus cartas de cara a la próxima contienda presidencial. Aunque recientemente protagonizó una disputa pública con el candidato Abelardo de la Espriella y reconoció que respaldó iniciativas del gobierno Petro, en el Cesar todavía hay incertidumbre sobre hacia dónde terminará inclinándose su estructura política.
Más allá de las apuestas presidenciales, dentro de la UPC hay quienes advierten que el problema de fondo es mucho más profundo y antiguo. En apenas dos décadas, la universidad ha tenido 17 rectores, una rotación que para profesores, estudiantes y exdirectivos refleja una historia marcada por la inestabilidad administrativa, las disputas judiciales y las presiones políticas.
“La incertidumbre institucional genera retrasos o preocupación en proyectos estratégicos que van más allá de las aulas de la institución”, explica Joaquín Manjarrés, delegado del sector productivo en el CSU. Y mientras el Consejo de Estado define el futuro de la rectoría, en los pasillos de la UPC vuelve a instalarse una sensación conocida: la de una universidad donde las disputas políticas duran más que los periodos administrativos y donde cada cambio de rector termina convertido en otro capítulo de la pelea por el poder en el Cesar.
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