Ministra de Transporte alerta que Emilio Tapia, condenado por corrupción quiere volver a contratar con el Estado

Un vacío legal estaría siendo aprovechado por estructuras empresariales presuntamente vinculadas al condenado por corrupción Emilio Tapia para reaparecer en la contratación pública colombiana. Así lo denunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien confirmó a Noticias Caracol que su cartera identificó esta situación durante la revisión de varios procesos licitatorios en curso.

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De acuerdo con Rojas, la alerta se encendió en una licitación para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor, adelantada por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Fue precisamente el director de esa entidad y su equipo jurídico, los que detectaron que un consorcio llamado Caminos Estratégicos incluía entre sus integrantes a una empresa sancionada por el caso Centros Poblados, con contrato declarado en caducidad, inhabilitada y en proceso de liquidación judicial.

Un mecanismo que no es ilegal y deja en evidencia los vacíos legales de la contratación pública

El mecanismo utilizado no es, sin embargo, ilegal. La normativa vigente permite que una empresa, incluso en esas condiciones, participe en licitaciones siempre que lo haga como parte de un consorcio y no de forma directa.

“Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente, sino consorciada, la ley lo deja”, explicó la ministra.

Lo que sí resultó determinante para frenar el proceso fue que la empresa en liquidación judicial no contaba con la autorización del liquidador para participar en ningún proceso contractual, documento de carácter obligatorio en esa situación. Ante la irregularidad, la audiencia fue suspendida.

La ministra advirtió que este no sería un caso aislado. Según indicó, estructuras similares podrían intentar ingresar a licitaciones en otras entidades del Estado, por lo que ya se emitió una alerta institucional para que cada organismo revise sus propios procesos. “Se están presentando a cuatro licitaciones, pero en otras entidades del Estado se pueden estar presentando a otras”, señaló Rojas.

La funcionaria también llamó la atención sobre una práctica recurrente en el sector: empresas que ganan contratos sin intención de ejecutarlos, para luego cederlos o venderlos a terceros.

En ese contexto, hizo un llamado a extremar la vigilancia sobre la contratación pública y reconoció que la legislación actual carece de herramientas suficientes para bloquear de forma automática a compañías con ese tipo de historial. "Tenemos que estar aún más alertas que hace 13 años. Es increíble”, concluyó la ministra de Transporte.