¿Cuáles serán los principales retos de Abelardo de la Espriella en seguridad?: expertos explican el panorama en Colombia
Abelardo de la Espriella se vendió abiertamente como un candidato de ultraderecha, y ese resultó ser el discurso que más electores encontraron atractivo para salir de Petro. Crédito foto: Catalina Olaya - COLPRENSA
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia con importantes desafíos en seguridad. Expertos analizan los que enfrentará para combatir a los grupos armados ilegales, reducir la violencia urbana y poner en marcha el anunciado Bloque para la Defensa de la Seguridad Urbana.
Por: Nataly Ríos, Javier Patiño C
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dicho que a partir del 7 de agosto la seguridad será una de sus principales prioridades. Durante la campaña presidencial, el mandatario electo prometió endurecer la lucha contra la criminalidad, recuperar el control de los territorios y enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones armadas ilegales y al crimen organizado.
Entre sus principales apuestas figura la creación del Bloque para la Defensa de la Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca combatir delitos de alto impacto como la extorsión, los atracos y los homicidios mediante unidades mixtas de reacción.
A ello se suma un escenario marcado por la presencia de las disidencias de las Farc, el ELN y otras organizaciones criminales que mantienen el control de economías ilícitas en distintas regiones del país, mientras en las ciudades persisten problemas como la extorsión, el microtráfico, el hurto y el homicidio.
¿Cuáles serán entonces los principales desafíos del nuevo Gobierno para recuperar la seguridad y responder a las expectativas de los ciudadanos? Cuatro expertos en seguridad analizaron el panorama.
Recuperar el control del territorio será la prioridad
Para el general (r) de la Policía Nacional Juan Carlos Buitrago, el principal desafío del nuevo Gobierno será cumplir la promesa anunciada para los primeros 100 días de mandato: someter o dar de baja a los objetivos de alto valor que ya ha identificado. Además, señaló que De la Espriella debe "demostrar que el Bloque para la Defensa de la Seguridad Urbana es la estrategia acertada para conjurar los delitos de mayor impacto social y el crimen organizado de las ciudades más afectadas".
Asimismo, el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), comentó que es prioritario recuperar el control institucional del Estado sobre los territorios y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
"En las ciudades, la prioridad será enfrentar la extorsión, el microtráfico, el homicidio y otras modalidades de crimen organizado que afectan la seguridad ciudadana. En las zonas rurales, el reto será debilitar las economías ilícitas, recuperar los territorios con presencia de grupos armados y garantizar una presencia integral del Estado. Más allá del fortalecimiento de las operaciones de seguridad, el éxito dependerá de combinar inteligencia, judicialización, cooperación internacional, desarrollo territorial y tecnología", afirmó el militar.
Por su parte, el coronel (r) de la Policía Nacional Juan Carlos Nieto consideró que el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro dejó una debilidad en las capacidades de inteligencia de la fuerza pública, situación que exigirá un esfuerzo significativo por parte de la nueva administración.
"Es fundamental incorporar veteranos a estas áreas porque, mientras ellos desarrollan labores de inteligencia, el nuevo personal puede recibir la capacitación necesaria. Esto evitaría un vacío institucional. La Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada cuentan con personal altamente capacitado y con amplia experiencia", afirmó Nieto.
Panorama nacional sobre la seguridad
Para el presidente de Acore, las estructuras armadas ilegales continúan siendo uno de los principales desafíos para la seguridad nacional, pues mantienen presencia en varias regiones y controlan economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esta situación afecta no solo la seguridad, sino también la gobernabilidad y el desarrollo de los territorios.
"La prioridad del nuevo Gobierno debería ser recuperar el control institucional del Estado, fortalecer la inteligencia, afectar las finanzas de estas organizaciones y mejorar la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y las autoridades locales. La seguridad debe ir acompañada siempre de una presencia integral del Estado para evitar que estos grupos vuelvan a ocupar los territorios", señaló León.
De igual forma, el general Buitrago coincidió con este diagnóstico y consideró que los grupos armados ilegales intentarán demostrar su capacidad de acción durante los primeros meses del nuevo gobierno: "La primera tarea del Gobierno entrante será ajustar y activar rápidamente las fuerzas de tarea conjunta y poner en marcha acciones unificadas para recuperar de manera decidida el control del territorio".
Entre tanto, el experto en seguridad Hugo Acero sostuvo que, debido al debilitamiento institucional que deja la actual administración, el Estado no tiene capacidad para atender simultáneamente más de 15 escenarios de confrontación armada. Por ello, recomendó concentrar los esfuerzos en un número reducido de regiones estratégicas.
"Es necesario concentrar los esfuerzos en tres o cinco territorios. Por ejemplo, Catatumbo, Cauca y Valle del Cauca, Nordeste Antioqueño, Guaviare, Sur de Bolívar. Deben ser intervenciones integrales de presencia, accionar y permanencia de la fuerza pública, Fiscalía, Justicia y desarrollo territorial. Todo esto en coordinación con los gobernadores, alcaldes y demás autoridades locales, además, de una amplia participación de las comunidades. Estas intervenciones deben mantenerse en el tiempo si realmente se quieren recuperar los territorios y garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos", afirmó Acero.
El general (r) Nieto también aseguró que será necesario fortalecer el pie de fuerza con personal profesional: "Hay que aumentar el pie de fuerza, pero de manera efectiva, no con auxiliares que no son policías ni hacen parte de la institución como tal. Lo mismo ocurre con los soldados que prestan el servicio militar: se requieren soldados profesionales. Las capacidades tecnológicas se pueden adquirir, pero para ello es necesario restablecer la confianza de países que han cooperado con Colombia, como Estados Unidos, Israel y Reino Unido".
Bloque para la Defensa de la Seguridad
Por otra parte, para Acero, el presidente electo puede comenzar desde ahora a coordinar acciones con los alcaldes y gobernadores que designe para conformar los Bloques para la Defensa de la Seguridad en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Ibagué, Bucaramanga y las ciudades propuestas de esta estrategia, dentro del marco constitucional y legal vigente.
El experto explicó que el primer paso es reconocer que Colombia enfrenta un fenómeno de crimen organizado nacional y transnacional que no puede combatirse únicamente con grandes despliegues militares o aumentando el pie de fuerza policial.
Además, sostuvo que para enfrentar el crimen organizado, tanto nacional como transnacional, es necesario implementar cuatro acciones fundamentales. La primera consiste en fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, con una participación decidida de la Fiscalía, aumentando el número de investigadores, dotándolos de equipos y tecnologías de última generación.
Como segunda medida, considera indispensable restablecer las relaciones estratégicas con países aliados como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, México y las naciones vecinas para combatir las redes criminales que operan a nivel transnacional.
En tercer lugar, plantea que el Gobierno, en coordinación con departamentos y ciudades, impulse la construcción de centros penitenciarios donde el Estado ejerza un control efectivo. A su juicio, el país debería alejarse del modelo de megacárceles implementado por El Salvador y acercarse a experiencias como la Cárcel Distrital de Bogotá o el nuevo centro penitenciario que construye Medellín.
Y en cuarto lugar señaló: "Junto con los alcaldes, hay que construir una estrategia integral de seguridad que involucre acciones disuasivas y preventivas que le den oportunidades a los jóvenes y menores de edad que hoy están en riesgo de involucrarse en actividades delincuenciales y que desvincule a los que ya están metidos en ese mundo, pero que quieren salir".
Por otro lado, para el general Buitrago, la iniciativa puede dar resultados si existe articulación con los mandatarios regionales y un fortalecimiento inmediato de la inteligencia, la investigación criminal y las operaciones preventivas.
"El éxito de esta estrategia deberá medirse por la reducción de los delitos de mayor impacto y por el aumento en la capacidad de esclarecimiento de estos casos, en coordinación con la Fiscalía", señaló Buitrago, mientras que el general (r) León consideró viable la propuesta, aunque advirtió que su éxito dependerá de contar con objetivos claros, recursos suficientes y mecanismos permanentes de evaluación.
Aunque el Gobierno electo ha defendido el Bloque para la Defensa de la Seguridad Urbana como una estrategia para combatir delitos de alto impacto, la propuesta también ha generado preocupación en algunos sectores políticos, académicos y de derechos humanos.
Estas organizaciones han advertido sobre el riesgo de que este tipo de iniciativas puedan derivar en esquemas similares a las antiguas Convivir o incluso dar paso a nuevas formas de paramilitarismo si no existen controles claros, supervisión estatal y un estricto respeto por el marco constitucional. Por ello, los especialistas insisten en que cualquier estrategia deberá operar dentro del marco constitucional, bajo el control exclusivo del Estado y con mecanismos de supervisión que eviten abusos de autoridad.
Atacar los delitos de mayor impacto
Para Hugo Acero, para disminuir la extorsión, los robos y otras manifestaciones de violencia urbana, De la Espriella deberá fortalecer la participación ciudadana: "Sin la participación activa de las comunidades será muy difícil obtener buenos resultados en materia de seguridad y, sobre todo, mantenerlos en el tiempo".
El general retirado León también explicó que es indispensable fortalecer la inteligencia anticipativa, incorporar tecnología y atacar las finanzas de las organizaciones criminales. "Reducir las economías ilegales es tan importante como combatir sus manifestaciones en las calles. También deben impulsarse estrategias de prevención, recuperación del espacio público, fortalecimiento de la justicia local y articulación con alcaldías y gobernaciones", afirmó.
Además, agregó que la seguridad ciudadana requiere una respuesta integral y sostenida: "Será fundamental fortalecer la conciencia ciudadana, promover la colaboración con las autoridades y consolidar frentes de seguridad ciudadana y empresarial".
Para Buitrago, la estrategia debería concentrarse en perseguir los flujos de dinero ilícito, capturar a los principales cabecillas de las estructuras criminales urbanas, incentivar la denuncia ciudadana y ejercer un mayor control sobre el delito desde los centros penitenciarios.
Retos del nuevo Gobierno
Hugo Acero sostuvo que el nuevo mandatario debe llegar con planes estratégicos previamente concertados con la fuerza pública, la Fiscalía, gobernadores y alcaldes, para ponerlos en marcha desde el primer día de gobierno.
"Hay que conseguir recursos para fortalecer la seguridad y la justicia. Se requerirán importantes esfuerzos fiscales, y el presidente De la Espriella debe explicar con claridad a los ciudadanos que recuperar la seguridad exige nuevas inversiones", señaló el experto en seguridad.
Para el general retirado Buitrago, uno de los mayores retos será responder con inteligencia y estrategia a una posible escalada de acciones terroristas, así como a las manifestaciones de protesta que puedan surgir durante el nuevo Gobierno: "Debe gobernarse con menos anuncios y más resultados. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones será uno de los mayores desafíos".
Finalmente, el presidente de Acore sostuvo que las primeras decisiones deberán orientarse a definir una estrategia nacional con prioridades claras, fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, focalizar esfuerzos en los territorios más críticos y atacar las economías ilícitas que financian a las organizaciones criminales.
"Será importante mostrar resultados tempranos frente a delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio y el hurto; fortalecer la investigación y la judicialización; y reducir la impunidad. La recuperación de la confianza ciudadana dependerá tanto de la disminución de los delitos como de una mayor capacidad de respuesta del Estado", concluyó el experto.
A partir del 7 de agosto, la seguridad será uno de los primeros temas con los que será evaluado el nuevo Gobierno. La capacidad para contener a los grupos armados ilegales, reducir la violencia urbana y traducir sus propuestas en resultados concretos marcará el rumbo de una administración que llega con la promesa de devolverle a los colombianos el control y la tranquilidad en los territorios.
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