Exclusivo | Cupos indicativos, contratos y votos: la serie criminal por la que va a juicio el excongresista José Carlos Mizger

Esta es la historia de un entramado criminal, digno de una serie de televisión, en la que políticos, familiares y sus ‘amigotes’ contratistas pactan negocios con dineros del Estado.

El protagonista es el excongresista José Carlos Mizger Pacheco. Un ingeniero cordobés que hizo parte del extinto movimiento 100 por ciento Colombia y que llegó a la Cámara de Representantes para reemplazar al cuestionado e investigado Yahir Acuña cuando este renunció a su curul para aspirar a la gobernación de Sucre en 2015. Estuvo en el cargo entre noviembre de 2014 y julio de 2018.

Ese tiempo le bastó, según la justicia, para liderar un entramado criminal con los cupos indicativos: las partidas presupuestales que son asignadas a las regiones y que son direccionadas por los congresistas para obras públicas. Un movimiento en principio legal, que se tuerce fácilmente en episodios de 'mermelada' y corrupción que los colombianos ven en los noticieros cada tanto, cuando se anuncian investigaciones o se capturan congresistas, como en el reciente escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El turno le llegó a Mizger Pacheco: fue llamado a juicio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, tráfico de influencias y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

CAMBIO tiene en su poder la decisión de 211 páginas, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, y le cuenta los detalles de esta historia que tiene de todo: presiones por los cupos, platas prestadas, angustias de dinero, amenazas, interceptaciones telefónicas, capturas de los involucrados y negocios de obras pactados con la intención real de beneficiar a allegados. Y Mizger Pacheco señala ser inocente: apenas un simple operador.

Los actores

El escenario es Galeras, Sucre. Un municipio que no resuena tanto en las principales ciudades capitales, pero en el que los legisladores tienen un foco especial.

Por ejemplo, los excongresistas Sandra Elena Villadiego y Raymundo Elías Méndez Bechara, así como David Barguil, están siendo investigados por la Corte Suprema por lo mismo: presuntamente gestionar recursos ante del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para financiar obras en Galeras y quedarse con una tajada en el camino. Esta investigación arrancó precisamente luego de que el nombre de Mizger saliera a la luz en el caso de Villadiego y Elías.

El año es 2016. El actor secundario, pero con pinta de protagonista, es Javier Eugenio Mizger, hermano del procesado, quien actuaba a nombre propio y del entonces representante. Entre los actores de reparto están Remberto Javier Amell Hernández, entonces alcalde de Galeras, así como la relacionista Luzgre Yojana Pinto Saltaren, la ingeniera Vanessa Deyongh y el contratista Carlos Celestino Martelo Sarabia, representante legal de la empresa Dicon S.A.S.

La trama era la siguiente: el representante Mizger debía conseguir un cupo indicativo y gestionarlo para obras para Galeras y el alcalde debía direccionarle las obras al contratista Carlos Martelo. En una reunión en la casa de la ingeniera Vanessa Deyongh, celebrada en octubre de 2016, se pactó que la obra sería un escenario deportivo, financiado por Coldeportes. Pero como no había un convenio interadministrativo entre esa entidad y Galeras, ni recursos suficientes del Conpes, se buscó otra ruta: un convenio interadministrativo entre el DPS y el municipio que se suscribió por 9.416.868.486 pesos para tres obras.

El representante Mizger se enteró de la existencia de este convenio por parte de María Andrea Agudelo Torres, enlace entre el DPS y el Congreso. Con este convenio en marcha, los involucrados fueron a un evento en Turbaco en diciembre de 2016 y allí, el alcalde Amell y el hermano del representante le ofrecieron a Martelo un paquete de “contratos indeterminados”, que se derivarían de ese convenio entre Galeras y el DPS, por 7.000 millones de pesos.

Todo parecía estar listo. José Mizger estaba confiado en que iba a lograr su cupo indicativo y los involucrados decidieron “pisar el negocio”: el contratista Martelo puso 480 millones de pesos el 23 de diciembre de 2016 en Medellín, a sabiendas que iba a lograr una millonaria ganancia. La plata, según el testimonio de Pinto a la Corte, se distribuyó así: ella, Remberto Amell y Javier Mizger recibieron siete millones cada uno; 20 millones fueron a un funcionario de Coldeportes y 100 millones para Alfredo Niño para tramitar proyectos en Coldeportes. Sobre el resto de dinero, la testigo Pinto dijo no saber quién los recibió.

Pero el negocio se cayó: a Mizger no le asignaron el cupo indicativo y Martelo no recibió el contrato.

Sin negocio, Carlos Martelo empezó a reclamar su plata. El entonces alcalde Amell y la relacionista Luzgre Yojana Pinto se reunieron en septiembre de 2017 en Chinú, Córdoba. Ahí se decidió buscar una alternativa que les permitiera a los participantes obtener recursos bajo la sombrilla de un supuesto acuerdo legal vinculado a recursos de la cooperación internacional, que ejecutarían la firma Alabama Project.

Mizger firmó una letra por 1.980 millones de pesos bajo la excusa de una garantía de inversión para Galeras, pero lo que realmente pretendía, según la Corte, era darle una garantía a Martelo de que sí le iban a responder por la plata prestada. Una conversación entre Pinto y Vanessa Deyongh evidencia la angustia que vivían los involucrados y los reclamos por la plata que había entregado Martelo: ‘2.000 con una expectativa de 90.000; 400 para Coldeportes con una expectativa de 9.000 y 485 del DPS’.

Vanessa Deyongh: ¿Y esas le salieron?

Luzgre Yojana Pinto Saltaren: Nada, nada. Del DPS con una expectativa de 6.200 millones y no hay nada.

V.D.: Nena, yo no tenía ni idea de esa vaina.

L.J.P.S.: Y aquí no hay nada.

De esta interceptación, la Corte interpretó dos cosas: que la letra era por las obligaciones incumplidas en la gestión de los cupos indicativos y que, para Pinto y Deyongh, el representante Mizger realmente no tenía el peso suficiente para cumplirle al contratista Martelo, por lo que iban a comprarle cupos indicativos a otros congresistas para saldar la deuda.

Otra conversación relevante ocurrió entre Pinto y Martelo Sarabia:

Carlos Martelo Sarabia: ¿No apareció este huevón?

L.J.P.S.: Sí, sí apareció, pero no en persona. José Carlos está todavía en plenaria y está muy comprometido con esto, ellos te van a salir con algo. Mira, el martes la misma María Andrea, yo por teléfono hablé con ella, se va a encontrar con Remberto y José Carlos y yo voy a estar presente en la reunión. Nos van a buscar algo porque a José Carlos le dieron unos cupos, ¿me estás escuchando?

C.M.S.: Pero por eso, ¿el que ya firmó?

L.J.P.S.: Es que todavía no lo tiene listo para sacarlo, según lo que él me dijo, todavía no está.

El plotwist

En 2018, la angustia del alcalde Amell y el congresista Mizger quedó consignada en llamadas en las que incluso señalan a Luzgre Pinto de estar detrás de una serie de amenazas que recibió el mandatario local, mientras seguían sin pagarle a Martelo.

El giro llegó cuando, el 7 de julio de 2018, Martelo, Deyongh y Mariela Trujillo Buelvas -quien era parte de la UTL de Antonio Correa- fueron capturados. Según la acusación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los Mizger asumieron que la deuda con Martelo ya no existía porque estaba detenido. Con esa tranquilidad, el representante Mizger y el alcalde Amell Hernández siguieron buscando cupos indicativos para proyectos en Galeras. Y esta vez sí hubo éxito.

Se lograron tres contratos que fueron adjudicados a empresas representadas por Jorge Mizger Bettín, primo del congresista, y por Mara Mizger, su hermana. Un elemento importante es que Mizger visitó el 27 de junio de 2018 al ministro de Hacienda de entonces, Mauricio Cárdenas Santamaria, dos días antes de que se revisara el proceso para determinar la evaluación final del primero de los tres contratos que se consiguieron.

¿Qué se logró?

-El contrato LP-02 de 2019 para el mejoramiento de la vía terciaria Plaza Pelá-Los Leones mediante el uso de placa huella en Galeras por 2.997 millones de pesos, que fue financiado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad Paz) y entregado al Consorcio San Rafael que estaba integrado por Constructivil ADL S.A.S representado por Mizger Bettin y la sociedad Construglobal Ingeniería S.A.S. de Mara Mizger.

-El contrato LP-01 de 2019 para construir cinco placas polideportivas para la práctica de actividad física y recreación en Galeras por 1.015 millones de pesos, financiado por el Ocad municipal, conformado en ese momento por el ya exalcalde Amell Hernñandez y el exsecretario Carlos Cueto, y entregado a Construglobal Ingeniería S.A.S. de la hermana de Mizger.

-El contrato 02 de 2019 suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Galeras S.A. (Empagal) y Construglobal para el alcantarillado del corregimiento de San Andrés de Palomo, en Galeras, que se costeó por medio de un convenio interadministrativo entre Galeras y esa empresa por 1.347 millones, recursos que fueron apropiados a su vez por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) que maneja el Ministerio de Hacienda. Si bien no se trató de un cupo indicativo, también hubo delito, según la Sala de Instrucción, porque se habría presentado una desviación de poder con el propósito de financiar las obras.

En esos tres contratos, el excongresista Mizger Pachecho habría recibido 313.000.000 pesos que le fueron girados por el Consorcio San Rafael y Construglobal. Estas empresas, según la investigación, realmente eran manejadas por el legislador e, incluso, Construglobal antes tenía como razón social un centro de enseñanza de idiomas.

La acusación que revela CAMBIO puede ser objeto de un recurso de reposición. Una vez en firme, Mizger deberá defenderse en juicio.

Según la Sala de Instrucción, Mizger “habría utilizado indebidamente las influencias derivadas de su cargo para buscar y obtener financiación de proyectos en Galeras, Sucre”. Esas influencias se habrían ejercido ante el enlace del DPS con el Congreso en la época María Andrea Agudelo Torres y “respecto de funcionarios de Ministerio de Hacienda”.

Aún más grave, la Sala dice que Mizger “se habría apalancado del derecho al voto inherente al cargo ostentado para presionar al Gobierno nacional en la apropiación presupuestal Sucre”. Como se advirtió, el protagonista es, para la Corte Suprema, el “precursor, líder y organizador del concierto para delinquir”, por haber determinado al alcalde de Galeras para direccionar los contratos conseguidos, menos en el del alcantarillado que tiene un vicio, pero que se originó en otro momento: en el mismo convenio que delegó el manejo de los recursos que dio el Fonpet a la empresa Empagal.

¿Qué dijeron los otros mencionados?

José Carlos Mizger Pacheco aseguró ser inocente, y señaló que su relación con todos los involucrados solo giró en torno a la firma Alabama Project. También negó que su hermano tuviera poder para representarlo en negocios., y haber direccionado los cupos indicativos a cambio de coimas.

“Uno solamente va y dice pa' que parte se iba a ejecutar, hasta ahí llegó mi función. Busqué a un alcalde de uno de los municipios, que tuvieran un proyecto listo, realizado, y viabilizado, yo solamente fui, lleve el nombre y dije: 'se puede bajar aquí, en este municipio y fue en el municipio de Galeras”, declaró. Y dijo que la letra por 1.980 millones de la que fue garante era para que Martelo le pagara a la firma Alabama para “monetizar” recursos.

El exalcalde Remberto Amell negó todo. A la Corte le dijo que no habló nunca con Martelo Sarabia para contratos en Galeras y aseguró que Luzgre Pinto mintió. También descartó hablar con el congresista Mizger sobre cupos indicativos o recibir dinero del contratista Martelo. Pero ya cuando la Corte le preguntó sobre las licitaciones entregadas a los familiares del exrepresentante, Amell guardó silencio.

Los hermanos del excongresista Mara y Javier se acogieron a su derecho a guardar silencio. El primo Jorge Carlos Mizger Bettin, representante Construcivil, dijo que se enteró de la licitación que finalmente ganó por Secop y confirmó que se asoció con la empresa Construglobal de su prima.

Carlos Celestino Martelo Sarabia, del grupo Dicon y capturado, dijo que con Pinto lograron negociar con la empresa Alabama Project para Galeras, pero negó cualquier acto ilegal con los actores de esta novela. Incluso, dijo no recordar sus visitas al Congreso, aún cuando la Corte le mostró los registros de sus ingresos a la oficina de Mizger, y señaló que toda conversación que tuvo solo se refería a los negocios con la empresa internacional.

La ingeniera Vanessa Deyongh dijo en la Corte que sus afecciones de salud le impedían recordar eventos y así reconoció que habló con el alcalde de Galeras, pero advirtió no recordar el nombre de Remberto Amell. Dijo no recordar citas con los Mizger, olvidar sus idas al Congreso, en una declaración confusa y llena de imprecisiones.

¿Cómo terminará la historia?