Así desapareció la información de más de 800 contratos que firmó Prosperidad Social por 2,5 billones de pesos

Como si fuera un allanamiento judicial, el 22 de julio de 2024 más de 100 funcionarios de la Contraloría llegaron a las oficinas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para buscar información de centenares de convenios interadministrativos firmados desde hace más de 10 años para obras en diferentes municipios del país.

Aunque los proyectos llevan una década vigentes en el DPS, por primera vez se hace una evaluación completa de la gestión fiscal de los contratos con que comprometieron billonarios recursos pero de los que no hay soportes que indiquen cómo se ejecutaron.

La mayor parte de esos dineros se destinaron a la construcción de infraestructura social en las regiones más necesitadas. El grupo élite de la Contraloría investigó cada proceso para saber si las obras se hicieron o no.

La sorpresa llegó cuando, al iniciar la auditoría, encontraron que no había información completa sobre el destino de la plata. En la revisión, un contratiempo hizo que el trabajo del ente de control quedara a medias: cientos de documentos, soportes y archivos que hacen parte de los expedientes de cada convenio no estaban disponibles.

De los 889 convenios que los investigadores seleccionaron para auditar, y que comprometieron recursos por 2,5 billones de pesos, solo 25 tenían sus expedientes completos. Por ese motivo, solo pudo verificarse lo que pasó con el 2,31 por ciento de los recursos que el DPS destinó, que equivalen a 58.000 millones de pesos, y que supuestamente se usaron para atender las necesidades de la población vulnerable en Colombia.

CAMBIO accedió al informe de más de 870 páginas de la Contraloría General de la República, que alerta por la falta de información de cómo se entregaron los convenios y cómo los entes territoriales se gastaron la plata en su ejecución. El documento se convierte en la punta de lanza de un trabajo que apenas empieza, ya que ese organismo y el DPS tendrán que visitar, uno a uno, los proyectos para saber si las obras existen y cuál es el estado de cada una.

En medio de la diligencia fiscal, Prosperidad Social informó que casi la mitad de los convenios que se otorgaron entre 2018 y 2022 se firmaron en la vigencia 2021. Ese año es recordado por el escándalo conocido como Las Marionetas, con el que se entregaron recursos de la entidad con fines políticos al fallecido senador Mario Castaño. Quien dirigía el DPS en esa época era Susana Correa. En la nueva administración no encontraron la justificación técnica y legal de ninguno de los contratos que ella asignó.

La historia de una desaparición

Cuando Gustavo Bolívar llegó a la dirección del DPS, en marzo del año pasado, encontró una lista de más de 100 proyectos derivados de convenios interadministrativos que esa entidad había firmado con distintas alcaldías, incluso desde el año 2010, y que todavía seguían vigentes, porque las obras quedaron inconclusas: se estaban convirtiendo en elefantes blancos.

Eran proyectos para infraestructura social, principalmente para construir o reparar vías en lugares de difícil acceso y donde hay altos niveles de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Tras los hallazgos, se solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República, que paralelamente adelantaba una inspección al gasto de esa entidad.

La investigación de la Contraloría, que yo pedí desde mi llegada a DPS va de 2011 a 2022.
Son 892 convenios y de ahí nacen parte de los elefantes blancos que hemos terminado en 2024 con acompañamiento que pedí a la Contraloría.
La información desaparecida es de administraciones… https://t.co/gjlRPHnnqO pic.twitter.com/dTgnfGqxXk

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 8, 2025

El ente de control, con base en los reportes de las contralorías regionales y tomando también como insumo el registro nacional de obras inconclusas, escogió una muestra de 889 convenios interadministrativos firmados o vigentes entre 2020 y el primer semestre de 2024, con los cuales inició la auditoría.

Según la carta que la Contraloría le envió al DPS presentando la diligencia, ese órgano tenía un plazo de tres meses para terminarla. No imaginaban que Prosperidad Social no podría entregar la totalidad de la documentación requerida debido a que no aparecía en sus registros.

Ni en el DPS, ni en las alcaldías, ni en las interventorías responden

Los casi 900 proyectos con que se conocería la gestión fiscal del DPS eran contratos interadministrativos firmados entre esa entidad y el mismo número de alcaldías en el país, bajo la figura de contratación directa, permitida en la ley de contratación. Una vez se giraban los recursos, la alcaldía adelantaba un proceso llamado “contratación derivada”, con el que conseguía, a través de una selección pública, a una empresa que se encargara de ejecutar la obra para la cual se aprobó la plata.

Los entes territoriales también debían contratar una interventoría que vigilara en todo momento el contrato derivado, desde su firma hasta su liquidación. Entre tanto, el DPS, que se convirtió en la entidad líder de los convenios, debía designar a un supervisor del proyecto que adjudicó la alcaldía y a otro funcionario que hiciera control a la interventoría del mismo.

Eso quiere decir que en cada uno de los convenios entregados había cinco instancias que tenían que estar pendientes de la ejecución y el gasto de los dineros. No obstante, en muchos de los casos, ni en el DPS, ni en las alcaldías, ni en las interventorías, la trazabilidad de las obras apareció.

En medio de la inspección que adelantaba la Contraloría a Prosperidad Social, esa entidad tuvo que recurrir a diversos sistemas de información para buscar los expedientes de los convenios. Acudieron a los sistemas de información financiera, los archivos y la gestión documental, así como a la plataforma Secop. Incluso desempolvaron cientos de cajas en bodegas donde hay documentos. A pesar del esfuerzo, fue muy poco lo que se encontró.

El siguiente paso fue hacer la solicitud a cada una de las alcaldías y a los interventores de los proyectos, pero el resultado allá tampoco arrojo buenos resultados. Como en 2024 entraron nuevas administraciones, la mayoría advirtió que no tenían registros de los contratos firmados previamente o se limitaron a responder que no conocían los documentos que les pedían. Muchos alcaldes ignoraron la solicitud.

En el informe de la Contraloría, en manos de CAMBIO, se evidencia que para cada contrato se hicieron 33 requerimientos. Entre lo solicitado se contaban, por ejemplo, la copia del convenio o contrato interadministrativo, la copia de las pólizas que amparan el convenio, otrosíes o modificaciones, actas de designación de supervisión, informes de supervisión, actas de inicio y de liquidación y los soportes de pago.

El ente de control concluyó que en “algunos casos la información y/o documentación no se presentó o estaba incompleta en diferentes aspectos bien sea en lo financiero, técnico, jurídico, social, presupuestal y en lo referente a procesos de seguimiento y control”.

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Lo más grave es que también había archivos que no se presentaron en orden cronológico. Además, algunos documentos eran ilegibles y otros repetidos. En otros contratos los archivos digitales estaban dañados, vacíos o solo se abrió un folio, sin que se cumpliera con los requerimientos de calidad de los soportes. Incluso se encontraron carpetas vacías.

2021: el año con más convenios pero con menos información

El 44 por ciento de los convenios interadministrativos que se entregaron en el DPS durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), y que hoy son objeto de fiscalización de la Contraloría, fueron firmados en 2021. Fue justo en ese año cuando se pactaron compromisos con varios congresistas que estaban cobrando los apoyos legislativos.

Ese escándalo se destapó años después y fue conocido como Las Marionetas. Su principal protagonista fue el senador del Partido Liberal Mario Castaño. Varios de los contratos que beneficiaron al senador figuran en la lista de los proyectos que intentan auditar la Contraloría y sobre los que la actual administración del DPS no ha podido encontrar información.

Hay un punto que llama la atención: tanto el órgano de control fiscal como Prosperidad Social han advertido en la investigación que adelantan que en varios de los expedientes contractuales no reposa la totalidad de los documentos que soportan la etapa precontractual.

Eso quiere decir que no hubo un comité técnico que decidiera la pertinencia de uno u otro convenio. Tampoco actas o documentos que justificaran la necesidad de los mismos y no se sabe cómo se escogieron las alcaldías que fueron beneficiadas. Aunque la idea del programa de infraestructura social era impactar en las regiones más pobres, la administración de Prosperidad Social en 2021 no dejó registro de la forma en que adjudicó los recursos.

Susana Correa era quien estaba al frente del DPS en ese momento. A pesar de que no ha sido llamada a declarar en el proceso que la Fiscalía y la Corte adelantan por Las Marionetas, hace unos meses la revista Semana reveló el interrogatorio completo de Juan Carlos Martínez, considerado la mano derecha de Mario Castaño, en el que vincula a la exfuncionaria en el direccionamiento de los contratos.

Según Martínez, fue en la oficina de Correa, y con la presencia de ella, donde se cuadró la entrega de contratos por más de 20.000 millones de pesos para “pagarle una deuda al senador Castaño”. Para eso se firmó el convenio interadministrativo 501 entre el DPS y Proyecta Quindío, con el que se debían construir algunas vías en diferentes regiones del país.

CAMBIO se comunicó con Susana Correa para preguntarle cómo escogió los proyectos a los que les entregó recursos públicos, cuál fue el mecanismo de selección de las obras y por qué la información no quedó guardada en los expedientes de los convenios. La exfuncionaria respondió que los proyectos se escogieron respetando prioridades sociales y de infraestructura a nivel territorial, y que la información plena debe estar en los respectivos archivos de la entidad.

“Siempre cumplí y respeté las normas, la división de funciones y los presupuestos de la función pública. Durante mi gestión siempre se garantizó el acceso a la información y se entregaron en tiempo los requerimientos solicitados por los entes de control. Quien me conoce sabe de mi rectitud y honestidad”, dijo.

¿Convenios en el gobierno Petro?

La auditoría al DPS abarcó los años 2020 a 2024. Sin embargo, este medio pudo establecer que la Contraloría buscaba proyectos firmados o que hubiesen tenido alguna novedad contractual durante esos cuatro años. Como muchos de esos contratos se firmaron tiempo atrás, pero tuvieron modificaciones, ajustes y otras variables en las vigencias señaladas, fueron sujetos de control.

Sin embargo, no hay registros de convenios que se hayan firmado entre 2023 y el primer trimestre de 2024. Eso significa que ni la administración de Cielo Rusinque ni la de Laura Sarabia ejecutaron recursos con esa modalidad de contratación. Gustavo Bolívar, por el contrario, ha entregado cinco contratos a Findeter y a EnTerritorio, pero esos no hacen parte de la vigilancia que se le hizo a la entidad.

Arranca una nueva investigación: ¿dónde están los 2,5 billones de pesos del DPS?

Ni para la Contraloría ni para el DPS se acabó la investigación. Aunque es claro que hubo deficiencia para poder hacer control interno, al no contar con los expedientes completos, ambas entidades empezarán a buscar dónde están los 2,5 billones de pesos de los convenios que se han entregado con plata para la población más necesitada.

Desde Prosperidad Social le confirmaron a CAMBIO que ya iniciaron el envío de 800 oficios para ir a visitar las obras en cada uno de los municipios donde se entregaron los contratos. Por su parte, la Contraloría ya está haciendo lo propio para fiscalizar el recurso. Ambas partes verificarán con sus equipos y en persona si las vías se construyeron, se rehabilitaron o si se hicieron las placas huella prometidas.

En caso de que sí se encuentre ejecución, también se verificará el costo de cada proyecto y si corresponde con lo entregado. Si, por el contrario, no hay obras pese a que se pagó por ellas o quedaron inconclusas generando detrimento, podrá iniciarse un proceso de responsabilidad fiscal y hasta se dará traslado a otras autoridades para que llamen a los involucrados.

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le dijo a CAMBIO que ya trasladó la denuncia también a la Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones correspondientes en caso de que haya conductas penales por la presunta pérdida de plata.