Los contratos y los vicios: la plaza de mercado que tiene contra las cuerdas al congresista Jhoany Carlos Palacios

Lo que era un simple contrato de obra de cuatro meses para mejorar la plaza de mercado de Istmina, Chocó, se convirtió en una pesadilla, por falta de estudios previos, que ahora tiene en serios problemas al exgobernador del Chocó (2016-2019) y actual representante a la Cámara por el partido Liberal Jhoany Carlos Alberto Palacios. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

CAMBIO tienen en su poder el escrito de acusación de 124 páginas de la Sala de Instrucción que detalla todas las irregularidades que se habrían presentado en relación con un contrato para mejorar la plaza de mercado y que terminó envuelto en múltiples problemas por falta de los estudios necesarios y actuaciones irregulares que habrían provocado un detrimento patrimonial para el Chocó.

Con ponencia del magistrado César Reyes, la Sala de Instrucción llamó especialmente la atención a la actuación de Palacios Mosquera por no dar por terminado la obra cuando ya había múltiples advertencias de vicios estructurales, técnicos y presupuestales “que denotaban la errónea planificación del proyecto en general y que demandaban la necesidad de iniciar un nuevo proceso licitatorio revestido de legalidad, el cual evadió por completo al disfrazarlo con (un) otrosí”.

Esto se hizo, dijo la Corte, “avalando los ajustes en tiempo y recursos con el deleznable argumento de tratarse de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual condujo a un incremento injustificado de los costos y al retraso evidente de la entrega de la obra con serios perjuicios”. Todo a pesar de la experiencia que tenía Palacios en la materia.

En efecto, Palacios, nacido en Istmina, es abogado, especialista en derecho de trabajo. Fue secretario de Gobierno de su municipio, juez promiscuo en Istmina, Acandí y Condoto y tras su paso por la Gobernación, fue asesor del congresista Carlos Alberto Escobar. Luego fue elegido gobernador.

Los convenios

¿Por qué deberá responder en juicio Palacios Mosquera?

El contrato principal es el 002 del 24 de julio de 2017 para el “fortalecimiento socioeconómico regional mediante el mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado de Istmina, Chocó” que se financió con recursos del Sistema General de Regalías de la vigencia 2015-2016 y que se firmó entre la Gobernación y el consorcio Plaza de Mercado Istmina, representado por Johan Manuel Perea, Didier Córdoba y Yenier Salazar.

El contrato estaba previsto para durar apenas cuatro meses y se firmó por 2.165 millones de pesos, pero luego se hizo una adición por 1.029 millones y para siete meses más de obra. En total, costó 3.194.891.745 pesos. El contrato, según la Corte, no tuvo ni estudios previos, ni pliego de condiciones o plan de manejo ambiental.

El segundo contrato es el 002 del 14 de agosto de 2017 para la interventoría técnica, administrativa y financiera para el mejoramiento de la plaza de mercado, que se firmó entre la gobernación y Marthy Lenia Murillo Gil, por un total de 249.482.951 pesos.

El tercer negocio jurídico que se cuestiona es el otrosí 2 del 1° de noviembre de 2018, con el cual se le hizo la adición al contrato principal, a pesar de que ya para esa fecha se había advertido de la liquidación del fideicomiso correspondiente y del que la comisión de seguimiento y monitoreo del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema general de Regalías ya habían detectado hallazgos comprometedores. Incluso, la obra se había suspendido dos veces.

El cuatro reclamo hecho a Palacios Mosquera señala que, con todas estas actuaciones irregulares, permitió la apropiación de recursos del erario porque permitió que se pagara, en septiembre de 2017, un anticipo por 1.082 millones de pesos a pesar de que el pliego de condiciones definitivo no estaba autorizado, entre otros.

Lo que se hizo mal

Con pruebas técnicas, periciales y testimoniales, la Sala de Instrucción señaló que toda la obra, que era una remodelación de la plaza de mercado, se hizo sin estudios previos y se justificó como un desarrollo de un proyecto de transporte cuando no lo era, lo cual para la Corte Suprema es simplemente inexplicable. En concreto, se dijo que era que para “optimizar la transitabilidad de los vehículos y aumentar la seguridad de los usuarios en la vía”.

“Se elaboraron por la Gobernación los documentos denominados estudios previos y pliego de condiciones definitivo totalmente ajenos al proyecto, como se demostró, sin que el aforado verificara su existencia como requisitos esenciales de la etapa precontractual, y tampoco al celebrar el contrato”, dice la acusación.

A esto se suma que, en palabras sencillas, aunque la obra se pactó, no fue posible desalojar a los vendedores que la usaban mientras se hacía la remodelación sino hasta diciembre de 2017, lo cual fue consecuencia de no tener en cuenta las condiciones sociales alrededor de la obra.

El proyecto tuvo suspensiones y, según los testimonios recolectados, fue el propio gobernador Palacios el que decidió ajustar el contrato. “Todas las paredes estaban dañadas, tocó demolerlas en su totalidad y hacerlas de nuevo”, dijo José María Córdoba, ingeniero civil encargado de supervisar la obra.

En abril de 2018, cuando ya estaba suspendido definitivamente el contrato, la interventora hizo dos informes técnicos que decían que por el “pésimo estado de parte de la estructura de la edificación”, la obra debía “ser demolida y construida nuevamente”. Esos informes, no obstante, primero decían que esto era culpa de la falta de planeación, pero luego calificaron lo sucedido como un “imprevisto por causa mayor”.

Para la Corte no tiene sentido que el gobernador no haya dado por finalizada la obra para arrancar un nuevo convenio y que, al contrario, haya modificado el pliego de condiciones y aprobado el anticipo del 50 por ciento de la obra, que fue calificada como un “desembolso irregular”.

“(…) en atención a su formación profesional y amplia experiencia en el servicio público a través del ejercicio de cargos de dirección, confianza y manejo, era conocedor que apropiarse de los bienes o recursos públicos en provecho propio o de terceros es un delito que atenta contra la administración pública y no hizo nada por evitar el resultado”, señaló la Corte.

Palacios Mosquera asegura que no cometió delito alguno y que el proceso se hizo de forma debida. El actual congresista presentó un recurso contra la acusación, pero este fue negado por la Sala de Instrucción, por lo que ahora Palacios deberá responder en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.