Ley de Garantías: ¿por qué se disparó la contratación estatal antes del inicio de nuevas restricciones?

Los anuncios de nuevas vinculaciones en entidades del Estado han reavivado la discusión sobre los límites de la contratación pública en época electoral. Solo en la Unidad Nacional de Protección (UNP) se han creado por decreto cerca de 6.870 nuevos empleos, mientras que en Colpensiones se reportan más de 800 nuevas contrataciones para ampliar la planta actual.

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La Ley de Garantías es un mecanismo creado para evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines electorales. Sin embargo, las semanas previas a su entrada en vigencia se han convertido históricamente en un periodo de alta actividad contractual, en el que las entidades públicas aceleran procesos antes de que entren en vigor las restricciones.

Gerardo Hernández, director de Transparencia por Colombia, explica que la norma busca preservar la igualdad entre los candidatos y blindar la transparencia del proceso electoral mediante regulaciones orientadas a evitar que el poder de contratación del Estado se convierta en una ventaja política. Por eso, durante su vigencia se imponen límites a la celebración de nuevos contratos, convenios interadministrativos y modificaciones de planta.

Organismos veedores y entidades de control han advertido que lo que fue concebido como un freno preventivo a la contratación con fines electorales termina operando, en muchos casos, como un acelerador previo a la entrada en vigencia de la norma. La carrera por dejar contratos firmados antes del inicio de las restricciones ha generado picos de actividad administrativa que, aunque legales, reavivan los cuestionamientos sobre el espíritu y la efectividad real de la Ley de Garantías.

Contratación exprés: la carrera contrarreloj antes de la Ley de Garantías

El Ministerio del Interior, a través de los decretos 019 y 020 de 2026, creó 6.870 cargos permanentes para ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en plena época electoral. Según la cartera, la medida buscaría responder a los retos en materia de seguridad para garantizar la protección de líderes sociales y figuras políticas con alto nivel de riesgo durante el desarrollo de campañas legislativas y presidenciales.

La decisión encendió alertas entre organizaciones dedicadas a la supervisión de la contratación estatal, que advirtieron sobre el impacto de este tipo de medidas en el contexto preelectoral. Además, firmantes del Acuerdo Final de Paz advirtieron que la creación de nuevos cargos también implica cambios en sus esquemas y modificaría las condiciones de seguridad en territorios históricamente afectados por la violencia política.

“Las modificaciones en los esquemas de protección no pueden evaluarse únicamente desde una lógica administrativa, a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. En territorios donde persiste la violencia, cualquier ajuste en estas estructuras tiene efectos directos sobre la seguridad de líderes y firmantes del acuerdo”, explicó a CAMBIO el director del Observatorio Gestión de Conflictos y Construcción de Paz (Pazes), Luis Rueda.

El pasado 27 de enero, el Ministerio del Trabajo también ordenó por decreto la ampliación de planta de Colpensiones en 800 cargos adicionales. Ante el aumento del 32 por ciento en la planta de personal, el sindicato Colpeunidos advirtió que no existen estudios técnicos suficientemente claros que sustenten la necesidad de las nuevas contrataciones, lo que “podría comprometer el uso responsable de los recursos públicos”.

La Corporación Transparencia por Colombia insistió en que este tipo de decisiones, aunque puedan ajustarse a la legalidad formal, deben ser examinadas con especial rigor en contextos preelectorales. La organización recordó que la Ley de Garantías no solo impone prohibiciones, sino que también exige un estándar reforzado de justificación, planeación y publicidad en los actos administrativos que impliquen contratación o ampliación de plantas.

La cuenta regresiva ante nuevos límites impuestos por la Ley de Garantías

La Ley de Garantías entró en vigencia el pasado 8 de noviembre, cuatro meses antes de la jornada electoral en la que los colombianos votarán para renovar la Cámara y el Senado. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), desde ese momento quedó prohibida la firma de convenios interadministrativos por parte de gobernadores, alcaldes, secretarios y directores de entidades descentralizadas.

La próxima fecha clave en la entrada en vigencia de la Ley de Garantías será el sábado 31 de marzo. A partir de ese día, las entidades estatales no podrán celebrar contratos de manera directa sin convocatoria pública, salvo las excepciones previstas en la ley: actuaciones orientadas a la defensa del Estado, la atención de emergencias y la prestación de servicios esenciales.

Gonzalo Suárez, consultor colombiano en contratación pública y derecho administrativo, explicó a CAMBIO que quienes incumplan las restricciones incurren en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos. En ese sentido, los servidores públicos que realicen contratos directos podrán enfrentar penas de 64 meses de prisión, multas de hasta 300 salarios mínimos y la inhabilitación de sus funciones.

“La Ley de Garantías no solo aplica durante la primera vuelta, sino que se extiende hasta la eventual segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Ese periodo prolongado de restricciones hace que muchas entidades aceleren decisiones contractuales antes de su entrada en vigencia, ante la dificultad que implica adelantar procesos una vez comienzan a operar las prohibiciones”, explicó Suárez.

Las advertencias de los órganos de control ante el aumento de la contratación en días previos a la Ley de Garantías

La Contraloría alertó sobre un aumento inusual en la contratación estatal durante los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. De acuerdo con el ente de control, solo en septiembre pasado se comprometieron recursos por cerca de 4 billones de pesos y en octubre otros 3,5 billones, los niveles más altos registrados en lo corrido del año y muy por encima del promedio mensual observado hasta ese momento.

El pico más llamativo se presentó en la primera semana de noviembre, justo antes de que comenzaran a operar las restricciones electorales. Según la Contraloría, entre el 1 y el 7 de ese mes se suscribieron convenios y compromisos por cerca de 9 billones de pesos, de los cuales 6,1 billones se concentraron en un solo día. Para el organismo, esta concentración atípica reflejó una aceleración de decisiones contractuales previa al inicio formal de la Ley de Garantías.

Ante este comportamiento, la entidad anunció un seguimiento preventivo a los incrementos inusuales en la contratación de servicios, a las transferencias excepcionales de recursos públicos y a los convenios interadministrativos en los días previos al 31 de enero. Sus alertas fueron respaldadas por Transparencia por Colombia, que señalaron que estos picos de contratación se repiten en cada ciclo electoral y evidencian fallas persistentes en la planeación estatal.

La Procuraduría reveló que una de las principales alertas corresponde a recientes despidos y contrataciones en la Cancillería, solo un par de días antes de la entrada en vigor de la nueva fase de la Ley de Garantías. Ante las advertencias del Ministerio Público, partidos como Dignidad y Compromiso solicitaron medidas urgentes para evitar afectaciones a los derechos políticos de los funcionarios y posibles impactos en la prestación de los servicios consulares, especialmente de cara a las jornadas electorales en el exterior.

“Nos preocupa la opacidad en criterios utilizados para realizar contrataciones en áreas críticas de la Cancillería. La llegada de personas sin experiencia puede poner en riesgo las garantías a la participación de casi 6 millones de colombianos que residen en el extranjero, incluso en un contexto en el que la Ley de Garantías busca limitar la discrecionalidad administrativa y prevenir el uso electoral de los recursos”, explicó a CAMBIO Julián Silva, presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo).

Un par de días antes de las nuevas restricciones previstas en la Ley de Garantías, la Cancillería formalizó el nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. Para el vocero de Asodiplo, la decisión contrasta con recientes despidos de funcionarios con años de experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y evidencia cómo, en la antesala electoral, se adoptan reformas administrativas de alto impacto estructural que quedan por fuera del escrutinio reforzado que exige la Ley de Garantías.