Crisis de basuras en Bogotá: el litigio en el Consejo de Estado por la resurrección de un relleno sanitario

El Consejo de Estado admitió una tutela que pretende que se restaure la licencia ambiental del proyecto de relleno sanitario Parque Ecológico Praderas del Antelio, una iniciativa que se ubicaría en el municipio de Bojacá y que funcionaría como alternativa a la crisis actual de disposición de residuos en Bogotá y Cundinamarca.

La tutela persigue la revocatoria de una decisión que adoptó, en febrero de este año, la Sección Primera del Consejo de Estado. Dicha sección tumbó la licencia ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le había concedido en marzo de 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, al proyecto de relleno sanitario.

La licencia había sido negada en 2017 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que consideró que el relleno podría afectar varios cuerpos hídricos. Pero la Anla la concedió un año después al resolver un recurso que presentó la empresa Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P., promotora del proyecto. Inconforme con la decisión, el municipio de Bojacá presentó una demanda que terminó ganando en el Consejo de Estado.

La Alcaldía de Bojacá cuestionó, fundamentalmente, que la Anla no les notificó ni les permitió participar de una visita, que no verificó la compatibilidad del relleno con el uso del suelo y que tampoco tuvo en cuenta que el relleno podría afectar varios cuerpos de agua ubicados en lo que sería su parte sur, así como los humedales Chicaque y Tingüa Moteada. Dicha postura fue respaldada por la Procuraduría General de la Nación.

El fallo del Consejo de Estado que tumbó la licencia

La Sección Primera del Consejo de Estado le dio la razón al municipio y tumbó la licencia advirtiendo que hubo omisiones en la participación ciudadana y de la misma Alcaldía, pero principalmente la tumbó advirtiendo que no se contaba con suficiente información técnica sobre la posible afectación de los cuerpos hídricos aledaños.

“El hecho asociado a que el diseño de la tubería de aguas residuales atraviese los humedales Chicaque, Tingua Moteada Fute y Balsilla, plantea dudas sobre la precisión del área directa e indirecta de influencia del proyecto y el posible impacto negativo en caso de falla en la infraestructura”, señaló el fallo.

La Corte también señaló que la licencia ambiental “no da cumplimiento al deber de conservación de estos ecosistemas frágiles”, en referencia a la posible afectación de zonas de recarga de acuíferos. Y también puntualizó que no se acreditó que se tuvieran permisos para los vertimientos de los lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos sólidos en el relleno.

La tutela que presentaron los promotores del relleno

Inconformes con esta determinación que tumbó su licencia ambiental, la empresa de servicios públicos Parque Praderas del Antelio presentó una tutela pidiendo al Consejo de Estado que deje sin efectos la decisión de su Sección Primera. La tutela fue admitida por la magistrada de la Sección Cuarta Claudia Rodríguez Velásquez el pasado 19 de agosto.

“No hay en la actualidad otra empresa, pública o privada, que esté en capacidad real de ofrecer una alternativa viable, autorizada y técnicamente estructurada para la disposición regional de residuos sólidos. Parque Ecológico Praderas del Antelio era el único proyecto activo en esa dirección y zona. Su exclusión del mercado, sin una ponderación constitucional adecuada, no solo vulnera los derechos fundamentales alegados, sino que deja al Estado y al mercado sin capacidad de respuesta efectiva, agravando una crisis ambiental y sanitaria latente”, indicaron en el escrito.

Advierte la empresa que, si se restaura la licencia, el relleno comenzaría operaciones en aproximadamente dos años. Y aseguran que en esos dos años los “actuales rellenos sanitarios en operación agotarán su capacidad, lo que exige decisiones judiciales inmediatas”. Dicha conclusión de la empresa se basa en el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2023 de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Los promotores del Parque Ecológico Praderas del Antelio además sugieren que posiblemente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca les negó la licencia ambiental por el interés que tenían en que prosperara otro proyecto al que consideran como competencia. "No le asistía razón a la CAR, que además tenía un interés directo en que no se adelantara la construcción de un nuevo relleno sanitario por tener participación en Nuevo Mondoñedo, (bloqueando la existencia de una nueva solución para la disposición final de residuos sólidos se consolidaba la posición dominante de este último)”, señalan en la tutela firmada por el abogado Juan Pablo Estrada.

El extraño revés en la posición de la Anla

Este 27 de agosto se conoció un escrito de Álvaro Mauricio Buelvas, del equipo jurídico de la Anla, respaldando ante el Consejo de Estado la tutela de la empresa promotora del relleno y advirtiendo que el fallo que tumbó la licencia constituyó una “barrera institucional”.

La Anla, a través de dicho abogado, aseguró que el proyecto Parques de Antelio era “la alternativa más viable y técnicamente robusta para mitigar la crisis derivada del incremento en la generación de residuos”, citando que superó un riguroso proceso de evaluación de más de una década.

La Anla también aseguró que “actualmente se configura una crisis estructural en la disposición final de residuos sólidos, que afecta de manera directa a la ciudad de Bogotá y a diversos municipios del departamento de Cundinamarca”.

“El crecimiento poblacional y el dinamismo económico han generado un incremento sostenido en la generación de desechos, frente al cual los rellenos sanitarios existentes, tales como Doña Juana y Nuevo Mondoñedo, se encuentran al límite de su capacidad operativa, próximos a agotarla. Esta situación representa un riesgo inminente para la salud pública, el derecho al ambiente sano y la prestación eficiente del servicio público de aseo, conforme a los mandatos constitucionales y legales vigentes”, agregó la autoridad.

Pero horas después, el mismo abogado, aparentemente fue desautorizado, y presentó un nuevo escrito desistiendo del anterior.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado deberá resolver esta controversia fundamental para el futuro de la disposición de residuos en Cundinamarca. El consejero Germán Osorio Cifuentes, que participó del fallo que tumbó la licencia para el relleno, le pidió a su colega Claudia Rodríguez que desestime la tutela. ¿Habrá choque de trenes entre las secciones o respetarán la decisión adoptada?