Desapariciones, homicidios y extorsiones: la otra pesadilla de los migrantes que renuncian al sueño americano

Cada año, miles de migrantes latinoamericanos inician su viaje hacia Estados Unidos con la esperanza de que su sueño esté detrás de los desiertos, ríos y fronteras superados en el recorrido; pero una gran parte de quienes inician esas travesías para superar la violencia y acceder a nuevas oportunidades, se ven obligados a abandonar un camino lleno de abusos y vulneraciones a sus derechos.

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Un reciente informe tripartito de las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica reveló que la pesadilla no termina al cruzar las fronteras de regreso a sus territorios. En su ruta de retorno, los migrantes de América Latina se encuentran con nuevas amenazas a su seguridad, que agravan las heridas de un viaje marcado por el miedo y la incertidumbre.

En desarrollo de la VIII Cumbre de Movilidad Humana y Trata de Personas, las entidades defensoras de los derechos humanos informaron que las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump provocaron una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte en lo corrido de este año. En contraste, ha aumentado la migración inversa de quienes deciden regresar a sus países de origen.

Tras enfrentar la violencia, detenciones y rechazo, al menos 14.000 migrantes han retornado desde México y Estados Unidos en los primeros ocho meses del año. En su camino de vuelta a sus territorios, una gran parte de quienes regresan enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de casos de violencia basada en género, discriminación, trata de personas y extorsión.

La Defensoría del Pueblo encontró que una gran parte de las personas que deciden retornar a sus hogares permanecen varadas por largos periodos en diferentes zonas de las rutas de retorno debido a la falta de recursos. Su situación se agrava aún más por la limitada asistencia humanitaria y la falta de protección de rutas migratorias, provocada en parte por la suspensión de fondos de cooperación internacional.

La pesadilla continúa: las vulneraciones a los derechos humanos en la migración inversa

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de Panamá, Costa Rica y Colombia consolidaron una alianza estratégica para visibilizar los riesgos a los que se enfrentan los migrantes que intentan regresar a sus territorios. Para las organizaciones, las revelaciones de las entrevistas, reuniones y observaciones reflejan una realidad compleja y persistente que demanda atención inmediata.

El 86 por ciento de los migrantes consultados denunciaron conocer casos o ser víctimas de abusos en las rutas de regreso a sus países de origen. En sus declaraciones, los ciudadanos denunciaron casos de secuestro, extorsiones, robo y graves abusos por parte de organizaciones ilegales que operan principalmente en zonas de México y Guatemala.

Las defensorías de los tres países latinoamericanos encontraron que uno de los mayores factores de riesgo para hechos relacionados con violencias basadas en género corresponde a que niñas y mujeres adultas se ven obligadas a pasar sus noches en casas abandonadas, parques públicos y lugares informales. En este contexto, las zonas más críticas se encuentran en Miramar y en la frontera entre Costa Rica y Panamá.

La investigación conjunta de las INDH permitió establecer que el 46 por ciento de las personas que desisten de continuar su ruta hacia Estados Unidos adoptaron su decisión debido al endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. No obstante, también hay quienes toman el camino de regreso por temor a ser deportados y debido a la falta de recursos para completar su travesía.

“La inseguridad, violencia, secuestros y otros abusos sufridos en el tránsito migratorio también ha incidido en los motivos de retorno de esta población, así como la falta de accesos a servicios y asistencia en el tránsito. La población migrante que transita en sentido inverso presenta niveles significativamente mayores de vulnerabilidad”, se lee en el informe.

Falta de acceso a la justicia y escasas garantías de protección internacional: los desafíos de la migración inversa

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un 37 por ciento de las personas que se ven obligadas a regresar a sus hogares enfrentan condiciones económicas críticas. Además, su situación se vuelve aún más compleja por cuenta de las redes de tráfico de personas que cobran tarifas para permitir su tránsito por ciertas rutas.

Las defensorías de Colombia, Panamá y Costa Rica alertaron que los grupos ilegales que ejercen control en rutas migratorias ofrecen “paquetes” de servicios, que incluyen transporte y falsas promesas de “protección” durante el recorrido. Sin embargo, los migrantes se exponen a graves riesgos para su integridad ante la falta de controles estatales.

Los migrantes que regresan a sus territorios abordan embarcaciones pequeñas, inseguras y sin los permisos requeridos para navegar en mar abierto para completar sus recorridos y evitar los escasos controles de las autoridades. Según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, esos riesgos han provocado incidentes graves que terminan en tragedias.

Las vulneraciones de las que son víctimas las poblaciones migrantes se agudizan aún más por la impunidad persistente sobre graves delitos cometidos en su contra. Con su monitoreo, las INDH encontraron que los gobiernos de la región carecen de medidas particulares para investigar los hechos violentos y garantizar el acceso oportuno a la justicia.

“Una gran parte de las personas que expresaron haber sufrido algún tipo de violencia y abuso no denunciaron los hechos, debido a la falta de información sobre sus derechos y la falta de instituciones a dónde acudir. También destaca la falta de confianza en las autoridades”, se explica en el informe presentado este 29 de agosto.

Los graves hallazgos sobre la migración inversa en Colombia

En lo corrido de 2025, Migración Colombia ha identificado 14.422 personas en flujo inverso hacia territorio colombiano. Según la Defensoría del Pueblo, la mayor parte de la población que ingresa nuevamente al país busca regresar a sus zonas de origen en Venezuela, Perú y Chile, o evalúan la posibilidad de permanecer en el país ante la falta de oportunidades.

En la investigación, las organizaciones reiteraron que el alto flujo migratorio en zonas costeras ha desbordado las ya limitadas capacidades institucionales. Así mismo, se identificaron zonas del recorrido en el que la autoridad es ejercida parcial o totalmente por grupos armados al margen de la ley, que cometen delitos sin una respuesta efectiva de las autoridades.

En la Ruta Caribe, el trayecto desde la ciudad de Colón (Panamá) hacia Capurganá (Colombia), se identificaron casos de trata y tráfico de migrantes, explotación sexual y trabajo infantil por supervivencia. Por eso, la Defensoría interpuso una acción popular en favor de la población migrante por la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a agua potable, salubridad pública y dignidad humana.

“La negativa de hoteles de dar hospedaje, y de las aerolíneas a prestar servicio a migrantes sin pasaporte, junto con la falta de rutas terrestres, ha generado una situación de calle para muchas personas. Se han reportado casos graves de deshidratación, quemaduras, desnutrición y afectaciones de salud mental”, concluyeron las entidades en su informe.