El billonario lío de la Agencia Nacional de Tierras y el MinHacienda con el contralor general
El año pasado, la agencia encargada de la reforma rural integral suscribió compromisos por 2.7 billones de pesos, pero no tuvo cómo pagarlos. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre la iliquidez en la entidad, que habría puesto en riesgo la ejecución de sus programas de acceso a la tierra.
Por: Ana María Cuesta
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, emitió una advertencia dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, por el riesgo que representa para el patrimonio público el hecho de que el año pasado se constituyeran reservas presupuestales inducidas en la ANT, por un valor superior a los 2.7 billones de pesos.
Por reservas inducidas se entienden aquellos compromisos presupuestales asumidos en un año específico y que no pudieron desembolsarse en esa misma anualidad. Por esta razón, se trasladan para la vigencia fiscal siguiente para que se paguen en dicho año.
El ente de control indica que los recursos que la ANT no tuvo en sus manos en 2024, y que en efecto comprometió porque así le fueron prometidos, equivalen al 65 por ciento del total del presupuesto que tenía asignado para dicha vigencia, que correspondía a poco más de 4.2 billones de pesos. Pero gran parte de la responsabilidad en este lío obedece principalmente a actuaciones del Ministerio de Hacienda, a cargo de Ávila.
“Ante la ausencia de asignación oportuna del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante la vigencia 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se vio en la necesidad de constituir reserves presupuestales inducidas por un valor total de 2.791.967.038.652 pesos, con cargo a la vigencia 2025”, indica la alerta del contralor.
La Contraloría cree que hay un "riesgo real y manifiesto de afectación al patrimonio público, en la medida en que ha generado iliquidez en la entidad, comprometiendo seriamente su capacidad para cumplir con los compromisos contractuales adquiridos, así como con la ejecución de programas fundamentales orientados al acceso y formalización de tierras rurales”.
Dicha situación limita la ejecución efectiva del gasto -añade el organismo-, y genera “una afectación directa en la ejecución de proyectos estratégicos, particularmente en el programa de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, eje de la Reforma Rural Integral”.
Un riesgo fiscal y de trascendencia social
El ente de control encontró que 2.3 billones de los recursos de las reservas inducidas obedecen a compromisos de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, es decir, en procesos de compra de predios.
“Este riesgo se configura como real y manifiesto, no solo en términos de impacto fiscal y financiero, sino también por su trascendencia social, al comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Reforma Rural Integral, afectando a comunidades vulnerables como campesinos, mujeres rurales, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado”, señala la advertencia.
La Contraloría también cuestionó que, en 2023, la ANT constituyera reservas por 232.617 millones de pesos y dejara vencer 119.742 millones de pesos de las mismas. Esto, en su criterio, “genera riesgos de demandas contractuales por incumplimientos”.
También subrayó la baja ejecución presupuestal que tuvo la Agencia Nacional de Tierras el año pasado, pues sólo ejecutó el 20.6 por ciento del presupuesto asignado -868.160 millones de pesos-, lo que considera “muy por debajo del promedio esperado, teniendo en cuenta el carácter prioritario de los programas financiados”.
Finalmente señaló como llamativo que para 2024 se aprobara un incremento del 126 por ciento para el presupuesto de la ANT, y casi nada terminara ejecutándose.
Juan Felipe Harman: "no coincidimos con el contralor"
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, le respondió a CAMBIO que la mayoría de los 2.7 billones de pesos que se comprometieron en 2024, sin que estuvieran disponibles, hacen parte de cuatro convenios que su entidad suscribió con la Sociedad de Activos Especiales y con el Fondo de Reparación para las Víctimas, para adquirir predios.
En ese sentido, no comparte la visión que expuso el contralor general en la mencionada advertencia.
“¿Qué es lo que ha ocurrido? Que por la crisis fiscal que se generó en materia de PAC - Plan Anual Mensualizado de Caja- el año pasado pues no nos hicieron los giros oportunos para poder cancelarlos. Entonces, no coincidimos con él en que esto se tipifique como una reserva inducida, porque nosotros incluso le solicitamos a Hacienda en su momento debido los pagos correspondientes para obligar el convenio, para pagar, para girar el recurso efectivo”, dijo Harman.
“Pero lo que sí es cierto es que nosotros estamos a la espera de que Hacienda pueda seguir coordinando el giro de los pagos por reserva: hoy han avanzado prácticamente en alrededor de 500.000 millones de pesos de esos pagos. Y bajo esas condiciones es que nosotros seguimos trabajando, tanto con la Sociedad de Activos Especiales como con el Fondo de Reparación, que son la inmensa mayoría de reservas que se contabilizan en esa cifra que tú apelas”, agregó.
El director de la ANT asegura que los convenios para la compra de tierras se están ejecutando y que no existe riesgo alguno sobre ellos por el hecho de que no se hayan pagado en su totalidad. “Creo que es el elemento clave en nuestra versión. Ambos convenios están ejecutados. Lo que no están es obligados, o sea, pagos. Nosotros dependemos sustancialmente de los giros de Hacienda”, dijo.
La Contraloría vigilará que se corrija esta anomalía con los presupuestos para la reforma rural integral, pues consideran fundamental que la ANT “cuente con un PAC actualizado y aprobado para evitar reservas inducidas que comprometan la legalidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública”.
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