El uribismo busca recuperar oxígeno político en la calle

Preso, libre, condenado o absuelto, Álvaro Uribe Vélez siempre será un formidable animal político. En un día laboral o festivo, se despierta antes que cualquiera de sus seguidores para dar instrucciones, analizar propuestas, comparar datos, tirar línea. Así transcurre su jornada hasta altas horas de la noche, cuando ya buena parte del país duerme.

A su círculo más cercano, su esposa, doña Lina Moreno, contó que el día que él le confesó en la intimidad de su hogar en la Casa de Nariño que iba a buscar la reelección –para lo cual era necesario cambiar la Constitución–, ella tuvo un presentimiento: “Álvaro, no te lo van a perdonar y algún día te van a meter preso”.

Y así fue. Hoy está recluido en su casa campestre de Rionegro, empezando a cumplir una condena de 12 años tras ser hallado responsable de los delitos mencionados. Aunque se trata de un espléndido lugar, para él es un escenario inconcebible.

La sentencia lo sorprendió justo cuando trabajaba en el mecanismo de selección interna del candidato presidencial del Centro Democrático, una colectividad que, en las elecciones de 2022, fue simple espectadora.

Para las elecciones de 2026, en el CD albergaban la ilusión de que, con el desgaste natural del petrismo, sumado al deseo de cambio de los electores, las posibilidades de volver al poder eran enormes.

Aunque tres mujeres reclamaban su derecho por haber estado junto a él desde los días lejanos en que empezó a buscar la Presidencia, en 2000, y apenas tenía un margen de intención de voto del 3 por ciento –María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín–, se especulaba que el expresidente favorecería a Miguel Uribe Turbay.

Una campaña en pausa

De hecho, el senador y aspirante presidencial se encontraba en un acto de campaña ante un pequeño grupo de seguidores en el barrio Modelia de Bogotá cuando se produjo el atentado criminal en su contra. Por solidaridad ante la delicada situación de salud del joven congresista, la campaña entró en pausa. A este hecho se suma la decisión de la justicia contra el exmandatario. Unos obstáculos que no estaban en las cuentas de ningún uribista.

Por eso, las marchas convocadas por el CD para este jueves son trascendentales. El uribismo no solo busca dignificar la imagen de su líder en las calles, sino también recuperar oxígeno político y volver a tomar la iniciativa en momentos en que el tiempo apremia.

Aunque Uribe está en detención domiciliaria y la jueza Sandra Heredia enumeró y sustentó en detalle las razones que la llevaron a tomar esta decisión, el analista y docente universitario Carlos Arias considera que, así como las marchas convocadas por el Gobierno son expresión de un sector ideológico y político que debe ser respetado, también lo son estas manifestaciones.

Arias, sin embargo, subraya que, aunque estas movilizaciones representan el sentir de una parte del país, también deben verse en el contexto de que podrían usarse como una forma de presión hacia la justicia, ya sea en la segunda instancia de apelación del tribunal o en el escenario de la casación.

“Esto no solo pondría en riesgo la independencia de los poderes, sino que también podría aumentar la polarización política en un momento en que las posiciones de centro –que no se alinean con extremos emocionales o ideológicos– pierden fuerza, junto con sus candidatos”.

Por eso, él considera que no se trata únicamente de una marcha de los seguidores de Uribe –aunque claramente esa es la convocatoria–, sino que, y allí radica el fondo del evento, es una movilización que, al descalificar el fallo contra Uribe, recoge más el sentimiento antipetrista que un respaldo netamente uribista. “Muchos de los manifestantes saldrán a protestar no tanto por Uribe, sino en contra de Petro. Y creo que esto no ha sido dimensionado por el Gobierno, sus candidatos ni su estructura política”, asegura el experto en comunicación política.

Ahora o nunca

Dependiendo de cómo evolucione la carga emocional de la marcha de este jueves, podrá determinarse si la sentencia contra Uribe terminó siendo el catalizador involuntario de una derrota electoral para el Gobierno, o si, por el contrario, fue la estocada que debilitó a la oposición de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

“Constituyen una prueba de la capacidad de movilización que aún conserva el uribismo y de su intención de reconfigurar la narrativa política tras la histórica condena judicial al exmandatario”, dice la analista María Lucía Jaimes.

Bajo consignas como “Uribe inocente” y “Marchamos por la democracia y las libertades”, los manifestantes buscan no solo rechazar el fallo, sino reafirmar su legitimidad política frente a lo que consideran una persecución judicial con motivaciones ideológicas. “En ese sentido, la movilización no es solo una protesta, sino el primer paso de una estrategia de resistencia simbólica y proyección electoral con miras a 2026”, dice ella.

Estas marchas, como se ha dicho, también reflejan una creciente polarización en el país. Mientras un sector importante de la ciudadanía respalda la decisión de la justicia como un avance institucional, otro denuncia una supuesta instrumentalización del sistema judicial con fines políticos.

“Lo que está en juego no es únicamente la figura de Uribe, sino el relato mismo sobre la justicia, la democracia y el papel de los liderazgos históricos en la coyuntura nacional”, agrega Jaimes.

Las movilizaciones de este jueves marcarán un punto de inflexión: medirán la fuerza real del uribismo en las calles y pondrán a prueba la capacidad del país para tramitar sus diferencias dentro del marco democrático.

Tanto el Centro Democrático como otros sectores afines a la derecha se unieron en bloque para rechazar la decisión de la jueza Sandra Heredia y llamaron a sus seguidores a prepararse para obtener una victoria en las urnas que reivindique a Uribe.

Un caso jurídico y político

A siete meses de las elecciones legislativas –previstas para el 8 de marzo de 2026–, muchas voces han pedido separar lo político de lo judicial. El uribismo ha hecho caso omiso, insistiendo en que el fallo responde a una persecución contra su líder, quien enfrenta quizá sus horas más difíciles.

El propósito es claro: mostrar que Uribe no es un delincuente, sino una víctima de un complot impulsado por enemigos que no le perdonan haber enfrentado a las Farc hasta, en la práctica, doblegarlas. Una tesis discutible, pero que está calando en el discurso de sus seguidores.

Hoy, en la más reciente encuesta de intención de voto presidencial, el senador Uribe Turbay, de 38 años, encabeza la lista. Desde el atentado del 7 de junio, pasó de estar dentro del margen de error a ocupar el primer lugar entre 70 aspirantes. Entre los estrategas del uribismo existe la convicción de que este sentimiento de solidaridad también se replicará en el caso del expresidente. Un apoyo así es un capital político de gran peso en una campaña.

Incluso antes del veredicto, Uribe y el uribismo ya intentaban posicionar la idea de que su proceso judicial era una injusticia. Y hoy será uno de los gritos de batalla.

“La interpretación sobrepolitizada con la que se ha abordado la sentencia por parte de los sectores cercanos a Uribe y medios de comunicación afines hace que se conciba el fallo como una decisión exclusivamente ideológica y no como un ejercicio institucional y racional”, dice Gabriel Ignacio Gómez, doctor en Justice Studies de la Arizona University, magíster en Instituciones Jurídicas de la Wisconsin-Madison University, en un artículo en Razón Pública y titulado ‘La condena a Álvaro Uribe y las relaciones entre política y justicia en una sociedad polarizada’.

“Esta es una lectura perversa que desconoce la autonomía relativa del campo jurídico, en el cual existen unas reglas de juego basadas en el respeto por el ordenamiento jurídico, unas prácticas y un sistema de creencias compartido internamente entre jueces y abogados”, asegura el experto.

Aunque se trata de una sentencia de primera instancia –susceptible de apelación–, marca un hito: es la primera vez en la historia republicana que un expresidente es condenado. Y no cualquiera, sino el más poderoso del último cuarto de siglo en Colombia.

Uribe sigue siendo una figura con respaldo considerable. Su influencia ha sido determinante en las elecciones de los últimos 25 años: presidenciales, comicios locales en regiones históricamente olvidadas, al Congreso, y, claro, en el plebiscito en el que logró imponerse.

Así las cosas, Uribe puede levantarse, y con él, el uribismo. La situación podría convertirse en un símbolo de persecución política y revanchismo ideológico, reavivando el fervor de sus bases y de sectores críticos del Gobierno.

Se perdió una batalla, no la guerra

Aunque el veredicto fue un golpe fuerte, en términos de comunicación política no toda crisis representa una derrota definitiva. Si se gestiona con habilidad, puede convertirse en una oportunidad para reorganizar fuerzas y relanzar una línea ideológica.

La apelación aún está pendiente, lo que abre una ventana discursiva poderosa: la de la persecución política. Esta narrativa no es nueva para el uribismo, pero podría cobrar fuerza en el contexto actual. La idea de que Uribe es víctima de una revancha histórica puede activar emocionalmente a sectores que, aunque no simpatizan con el Centro Democrático, sí rechazan el petrismo y la gestión actual.

Más allá del caso individual, esta coyuntura podría marcar un renacer del uribismo como movimiento ideológico. Varios precandidatos –dentro y fuera del Centro Democrático– podrían usar el símbolo Uribe para levantar banderas de oposición al oficialismo, sin necesidad de ser uribistas puros. Bastaría con que encarnen valores como seguridad, orden, rechazo al populismo de izquierda y oposición al comunismo.

La apelación es la próxima batalla legal para Uribe y su defensa. El proceso puede extenderse por meses o incluso años, pero mientras tanto, la estrategia política del Centro Democrático ya está en marcha para capitalizar el relato de persecución. La movilización social, el respaldo internacional y la reafirmación del liderazgo de Uribe son herramientas clave para mantenerse vigente.

La condena a Uribe se inscribe en un contexto de alta polarización política. Sus seguidores ven la sentencia como una injusticia y un ataque político, mientras que sus opositores la interpretan como un triunfo de la justicia y un posible cierre de una etapa marcada por excesos y violaciones a los derechos humanos.

En río revuelto

Este clima de confrontación alimenta un ambiente tenso, en el que la movilización callejera puede ser apenas el primer paso de un pulso electoral que definirá el rumbo del país. En ese escenario, el uribismo podría retomar fuerza, sobre todo si logra canalizar el descontento de sectores críticos del Gobierno de Petro, especialmente en temas de seguridad y economía.

¿Puede el uribismo reinventarse? Para lograrlo, deberá superar varios desafíos: las evidentes fracturas internas, la imagen desgastada –por escándalos pasados como los falsos positivos– y la relación con la justicia. La sombra de la condena compromete su credibilidad y legitimidad política.

A pesar de ello, el uribismo tiene la capacidad de construir una narrativa emocional –de víctima, luchador y defensor del orden– que movilice a su base leal y atraiga a sectores inconformes con el Gobierno actual.

Para este 7 de agosto están previstas marchas en 25 ciudades en Colombia y en siete del exterior, algunas con el eslogan de apoyo, otras abiertamente contra lo que llaman injusticia y violación al debido proceso. Esto refuerza la tesis de que el fallo contra Uribe no solo tiene implicaciones judiciales, sino que redefine el tablero político.

Con la decisión, el exmandatario pierde automáticamente sus derechos políticos a votar o ser elegido durante el tiempo que dure la condena. A sus 73 años, sin embargo, él sabe que ya no se trata de él sino de posicionar un heredero que recoja su ideario político “para recuperar la patria”, como afirma.

El uribismo atraviesa un momento crítico: puede declinar o convertir esta crisis en una oportunidad para reorganizarse y fortalecerse como fuerza electoral. La estrategia de movilización en las calles, el respaldo internacional y la unidad de la derecha serán factores clave en la serie de movimientos de esta colectividad que empiezan hoy.