¿Por qué la JEP avanza a paso de tortuga?

“La JEP tiene una tarea muy compleja porque debe dar un cierre judicial a 50 años de conflicto, lo cual es extremadamente complicado”, explicó a CAMBIO Luis Gabriel Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI). “Respetando lo que hace la JEP, creo que han creado un sistema que se ha convertido en un laberinto del que no pueden salir”, advirtió el jurista, quien con celeridad llevó a juicio y logró condenas contra la junta militar argentina por crímenes cometidos durante la dictadura, retratada en la película Argentina, 1985.

“Hay que resolver la situación del Secretariado de las Farc de inmediato”, insistió, para evitar que el país pierda confianza en una institución creada a partir de los acuerdos de paz firmados con el Estado colombiano.

Este diagnóstico es compartido por otros expertos, quienes expresan su preocupación por la lentitud con la que avanza la jurisdicción en dictar fallos.

La situación coincide con la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los dos procesos —muy diferentes entre sí—, comprenden el escenario en el que está hoy el país.

Para la mayoría de las personas resulta difícil entender cómo, mientras Uribe era enviado a prisión, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, veía la noticia desde su casa y opinaba: “La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos”, escribió el excomandante de esa guerrilla.

Solo hasta estos jueves y viernes pasados se realizó en la JEP la audiencia de verificación en el 'macrocaso' de secuestro, un paso previo para emitir la primera sentencia contra una de las organizaciones responsables del baño de sangre en el que por poco naufraga el país. Los llamados a responder son los miembros del último Secretariado de las Farc.

La semana anterior, tres exmiembros de exsecretariado no asistieron por incapacidades médicas. El viernes Pablo Catatumbo se conectó virtualmente ante la advertencia de la JEP que si no lo hacía lo consideraba desacato.

Todos pierden

Durante la audiencia se evidenció una situación que causa desazón: el inconformismo tanto de víctimas como de algunos comparecientes, debido a la lentitud de la jurisdicción para responder a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En 20 días se conocerá la sentencia y las sanciones que deberán cumplir los procesados a los que se les investiga por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro. Se trata de un historial monumental. Los exintegrantes del Secretariado aceptaron su responsabilidad por la política sistemática de secuestros, que dejó más de 21.000 víctimas.

El proceso avanza con una lentitud que ha desconcertado a muchos. La audiencia fue convocada el 4 de junio y programada para el 9 y 10 de julio, pero por solicitud de las exFarc se aplazó para el 31 de julio y 1º de agosto. De los siete miembros del Secretariado citados, solo cuatro comparecieron: Jaime Parra, Pastor Alape y Julián Gallo, presencialmente, y Milton de Jesús Toncel de forma virtual. Rodrigo Londoño no asistió por una incapacidad médica; tampoco Rodrigo Granda, incapacitado hasta el 8 de agosto, ni ‘Pablo Catatumbo’, otro con excusa médica.

Las críticas fueron sonoras. Sigifredo López —único sobreviviente del grupo de 11 diputados secuestrados durante cinco años y asesinados por las Farc el 18 de junio de 2007 en un caso que causó tristeza en todo el país— afirmó que por lo que ha visto el camino que sigue es la impunidad.

Según López, la JEP, a pesar de contar con un equipo de investigadores similar al del CTI, no ha revelado verdades distintas a las ya obtenidas por la Fiscalía: “Los familiares de mis compañeros siempre pidieron saber quién fue el asesino, el custodio, pero nadie quiso decirlo. Además, querían saber sobre la participación de civiles, colaboradores, políticos. Se hablaba de políticos involucrados, pero nunca se conoció la verdad”.

“Esto atenta no solo contra la inteligencia, sino contra la dignidad de las víctimas. Nos jodieron la vida y, luego de 23 años luchando y siete años secuestrado, salen con esto, sin reparar a nadie ni decir la verdad”.

¡15.020 victimarios!

Entre quienes conocen el trabajo de este organismo se afirma que a la JEP se le exige que en cinco años investigue y sancione lo que la justicia ordinaria no logró en medio siglo. Y dicen que el volumen de su trabajo ha sido inmenso.

A la JEP se han sometido 15.020 personas: 9.925 excombatientes de las Farc-EP, 4.878 miembros de la fuerza pública y 217 comparecientes civiles, incluidos agentes estatales no militares y personas vinculadas a la protesta social.

Además, 11.746 víctimas individuales y 394 colectivos han sido acreditados para participar en el proceso judicial. A todos ellos se les ha escuchado, ya que esta instancia, además de ser una jurisdicción jurídica, se ha convertido en un espacio catalizador de las experiencias vividas durante más de medio siglo de guerra.

Sin embargo, las demoras en las sanciones afectan a los dos principales grupos involucrados: los exintegrantes de la fuerza pública y los exmiembros de las Farc.

Paola Molano, coordinadora de justicia transicional del centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, lo resume así: “La falta de sentencias ha impedido consolidar el cierre jurídico del conflicto político, que era uno de los principales objetivos de la creación de la JEP. Al no garantizar seguridad jurídica, especialmente al Secretariado de las Farc, los comparecientes siguen sin certeza sobre cómo avanzar en su proceso de reincorporación”.

Aunque no puede calificarse formalmente como un incumplimiento, sí representa una falta de rigor en uno de los compromisos clave del Acuerdo: otorgar seguridad jurídica clara y oportuna. Es decir, se está en un punto en el que todos pierden.

Progresiva falta de interés

Mientras más se dilatan las sanciones, más se debilita el impacto político de las decisiones de la JEP. El interés y la relevancia que tenía hace cinco años no son los mismos que hoy, después de siete años de funcionamiento. “Esta demora genera una sensación de deuda pendiente”, señala Molano.

De hecho, varios miembros del antiguo Secretariado ya pasaron por el Congreso, completaron los dos periodos previstos en el Acuerdo de Paz, y siguen sin recibir sanción alguna. Esto afecta la credibilidad pública del proceso, tanto en lo que respecta a las garantías para los excombatientes como a la confianza de la sociedad.

Respecto a las causas de esta demora, la experta señala que, aunque la complejidad de la tarea es innegable, también ha habido decisiones metodológicas que han dificultado la investigación. Solo varios años después del inicio de la JEP se emitió una resolución de conclusiones en el caso de secuestro, lo que permitió avanzar hacia la etapa de sanciones.

Hubo fragmentación de los casos y un intento de abarcarlo todo, en lugar de aplicar el criterio de selección para centrarse en los hechos más graves y en los máximos responsables. Esto ha implicado más trabajo y más retrasos.

“Los jueces han entrado en una revisión caso por caso, han hecho un requerimiento parcial, pero analizan miles de otras imputaciones, lo que va a evitar un cierre del proceso. Ese análisis fragmentado los ha atrapado en el laberinto en el que están ahora”, afirmó Moreno Ocampo en entrevista con CAMBIO.

En paralelo, comienza a crecer la presión social que exige que las “sanciones propias” incluyan algún componente de castigo. En este punto, la JEP enfrenta una encrucijada: muchos sectores consideran que ya es hora de aplicar sanciones. Se ha avanzado en verdad y reconocimientos, pero ahora se reclama justicia.

El dilema de las 'sanciones propias'

Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado, señala que el concepto de “sanciones propias” nunca fue suficientemente desarrollado ni en el Acuerdo ni en la ley estatutaria.

El docente explica que se dejó esa tarea a la JEP, sin referentes internacionales claros, ya que los modelos previos de justicia transicional se enfocaban en la verdad y la reparación, no en la sanción. “No había condenas, o si las había, se trataba de privaciones de la libertad en sitios especiales”, asegura.

¿Había otros caminos? Una posible sanción podría haber sido impedir la participación política de los excombatientes, pero el Acuerdo establece expresamente que los exjefes de las Farc, una vez desmovilizados, podían ejercer cargos públicos.

Además, la decisión de la JEP de emitir varias resoluciones de conclusiones ha provocado una ola de recursos judiciales por parte de las Farc, que alegan violación del Acuerdo, el cual contempla una única resolución por 'macrocaso'. Esto ha generado disputas interpretativas y nuevos retrasos.

También se ha reprocesado información y repetido análisis ya realizados por la Sala de Reconocimiento. “Esto ha hecho que la Sección de Reconocimiento funcione casi como una segunda instancia de investigación, cuando ese no era su propósito original”, apunta Molano.

“Si la sección asume ese rol, es lógico que tome más tiempo. El resultado es que solo ahora comenzamos a ver las primeras sentencias, aún con salvedades por recursos pendientes y otros factores”.

La situación es aún más compleja porque el Acuerdo de Paz y la ley estatutaria no contemplan privación de libertad en centros penitenciarios. Las alternativas son limitadas: prisión domiciliaria —prevista en el Código de Procedimiento Penal— o acciones concretas orientadas a la reparación, como tareas de desminado o trabajos con comunidades. Pero la JEP aún no ha definido cómo implementar eficazmente esas sanciones restaurativas.

Demoras preocupantes

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que la lentitud también responde a una tendencia a replicar esquemas de la justicia ordinaria, olvidando el enfoque restaurativo propio de la justicia transicional.

“Además, se han tomado decisiones procesales que modificaron el espíritu del Acuerdo de Paz, lo cual generó una serie de recursos por parte de los comparecientes, alargando aún más el proceso”, añade.

Estas demoras generan impactos preocupantes. Por un lado, víctimas y sociedad perciben que, tras siete años y millonarios recursos invertidos, no hay avances sustanciales. Por otro lado, los firmantes del Acuerdo expresan preocupación ante la falta de claridad y el posible abuso de los criterios de selección y priorización.

Por si esto fuera poco, en un contexto de polarización política y baja implementación del Acuerdo en los últimos gobiernos, la falta de resultados pone en riesgo el respaldo internacional.

La ONU y otras instancias requieren avances concretos para mantener su apoyo a la justicia transicional en Colombia. Y, claro, la sociedad quiere ver resultados concretos para no perder la confianza en uno de los sueños colectivos más extraordinarios: cesar la confrontación armada y llegar a acuerdos a punta de argumentos.

Y eso sin mencionar que las elecciones están a la vuelta de la esquina y aunque, hay que repetirlo, son procesos muy distintos, los actores políticos van a tener munición para usar al ver a Uribe preso y a los miembros de las Farc libres.