Los avances y retos de Colombia en su intento por liderar una nueva política de drogas tras la descertificación

El pasado 14 de marzo, la Comisión de Estupefacientes de la ONU aprobó una resolución promovida por el Gobierno nacional con la que se pretende examinar a profundidad las limitaciones del actual régimen global de drogas. El documento, que marca un precedente en la cooperación para la reformulación de políticas de drogas, cobra aún mayor relevancia tras la decisión de la administración de Donald Trump de descertificar al país en esa materia.

Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lideró la propuesta con la que Colombia busca redefinir de forma conjunta el el enfoque global para superar el modelo estrictamente punitivo que ha predominado durante décadas a nivel global.

En una reciente publicación, la revista estadounidense Foreign Policy reconoció a Gil como una de las figuras clave para promover un panel multidisciplinario que permita definir medidas estructurales orientadas a superar la política estrictamente sancionatoria. Con su labor, la funcionaria ha logrado consolidar una ‘alianza para el cambio’ en la que diferentes países discuten alternativas innovadoras a la política global de drogas.

Luego de varios meses de intercambio de posiciones con representantes diplomáticos de diferentes continentes, Gil lideró la aprobación de la resolución en la que se definió que un grupo de 19 expertos independientes construirán una serie de recomendaciones específicas
y viables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

“Conseguimos lo que por mucho tiempo habíamos pedido: la revisión independiente del régimen global de drogas. La nueva política de drogas de Colombia propenderá por el bienestar de las comunidades más vulnerables que han sufrido el impacto desproporcionado de la represión y la criminalización”, aseguró Gil en su momento.

Las claves de la estrategia para liderar una nueva política de drogas tras la descertificación

El pasado 15 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó su decisión de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. Según la administración Trump, la medida se implementó debido a que —a su juicio— el país ha fracasado en cumplir sus obligaciones antinarcóticas por el aumento del cultivo de coca y la producción de cocaína.

Ante la descertificación, el enfoque con el que el Gobierno nacional busca realizar un análisis crítico del actual régimen global de drogas adquiere un mayor protagonismo. La propuesta central corresponde a un nuevo sistema internacional de fiscalización en el que se priorice los derechos humanos, el medioambiente y la salud pública.

En un reciente informe, presentado esta semana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconoció que las nuevas propuestas resultan fundamentales para promover oportunidades económicas que permitan a las comunidades más afectadas por la producción ilegal de drogas desarrollar alternativas sostenibles y mejorar sus condiciones de vida de manera integral.

La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, ha reiterado que el debate global sobre las drogas ha entrado en una nueva fase en la que se pretende examinar la arquitectura de fiscalización. En ese sentido, para la diplomática, uno de los avances más importantes corresponde al reconocimiento de la reducción de daños en la política internacional.

“En Colombia, el país que ha seguido de forma más estricta el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas. El enfoque punitivo se concentrará en los grandes eslabones del narcotráfico que se han lucrado de este negocio y han generado de violencia. Promovemos la alternatividad penal, la justicia restaurativa, terapéutica y la inclusión social”, indicó Gil en diálogo con CAMBIO, en marzo pasado.

Los retos de la nueva fase de la política global de drogas promovida por Colombia

En junio de este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó un informe en el que reveló que Colombia concentra más del 67 por ciento de los cultivos de hoja de coca en el mundo. Según el organismo, en 2023 el país registró 253.000 hectáreas de hoja de coca, más de dos tercios del total de 376.000 hectáreas identificadas a nivel global.

Con el aumento en el número de hectáreas de uso de cultivo ilícito, el modelo promovido por el Gobierno nacional tendrá que superar los desafíos del consenso en torno a la priorización de la salud pública, el desarrollo territorial, la protección del medio ambiente, la regulación justa y la inclusión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones.

Para Laura Gil, la participación de la sociedad civil en los procesos de la nueva fase de debate sobre la política de drogas vigente resultará clave para asegurar que las decisiones reflejen necesidades reales. En ese sentido, la diplomática ha reconocido que la inclusión de voces locales y expertos independientes es fundamental para diseñar políticas más justas, eficaces y sostenibles.

Uno de los desafíos más importantes tras examinar las limitaciones del modelo punitiva será el de garantizar que los estados miembro de la ONU se comprometen a aumentar su cooperación para apoyar alternativas de desarrollo. Por eso, las recomendaciones entregadas por el panel de expertos serán cruciales para orientar políticas más efectivas, equitativas y centradas en la reducción de daños a nivel global.

Finalmente, Foreign Policy destacó a Gil como una de las referentes internacionales para evitar que los esfuerzos se queden en el papel y no se puedan traducir en una nueva regulación global. Por ahora, la representante itinerante para la Política Global de Drogas ha anunciado que seguirá trabajando con países aliados y expertos para consolidar acuerdos que den impulso a una política de drogas más humana y efectiva.