Las razones por las que la familia de Valeria Afanador pidió que la Fiscalía entregue dibujos, videos y elementos personales de la menor

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años hallada sin vida a orillas del río Frío, en Cajicá, sigue estremeciendo al país. Su desaparición, el 12 de agosto, movilizó durante 18 días a familiares, autoridades y vecinos en una búsqueda angustiosa. Su hallazgo no trajo alivio, sino nuevas preguntas.

El dictamen preliminar de Medicina Legal concluyó que Valeria murió por asfixia por sumersión. No presentaba signos de violencia física ni sexual, aunque sí escoriaciones en el tórax y en una mano, ocurridas antes del deceso y que hoy son objeto de investigación. La Fiscalía, además, indaga responsabilidades del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución donde estudiaba la menor y que no contaba con el certificado técnico de bomberos, requisito de seguridad que podría derivar en sanciones.

En medio de estas dudas, la familia de Valeria decidió acudir a los jueces. CAMBIO tuvo acceso a la acción de tutela que interpusieron contra la Fiscalía. 

Lo que pidió la familia de Valeria

Los padres solicitan una copia íntegra del expediente: todas las órdenes de policía judicial, informes, grabaciones y audiencias. Además, piden acceso a los videos de las cámaras de seguridad del colegio y de los alrededores, en la semana previa a la desaparición. También, reclaman el análisis pericial de dibujos que Valeria y sus compañeros realizaron días antes. 

Por otro lado, exigen la entrega bajo cadena de custodia de objetos personales que permanecen en la institución. Finalmente, solicitan información técnica, como la triangulación de antenas de celular que podría ubicar movimientos clave en las horas críticas.

Las razones detrás de la petición

En la tutela, los padres sostienen que la Fiscalía ha respondido con evasivas o no ha contestado de fondo en los plazos legales. Para ellos, esa falta de claridad vulnera su derecho de petición y los deja al margen de la investigación. Los padres, explican que acceder al expediente y a las pruebas no es una estrategia para entorpecer, sino para acompañar el proceso con peritos privados que puedan verificar de manera independiente cada elemento.

Su temor principal es que las pruebas se alteren o se pierdan. “Queremos colaborar con el análisis y celeridad del proceso”, insisten en el texto, y para alcanzarla necesitan las grabaciones, los dibujos y los objetos personales en condiciones verificables. Solo así, dicen, podrán reconstruir el rompecabezas de lo que ocurrió ese 12 de agosto.

En la tutela también denuncian la revictimización que sienten por parte del sistema judicial. Señalan que han tenido que insistir en distintos despachos porque el caso pasó de una fiscalía de desaparición a una de secuestro y luego a homicidios, con respuestas parciales y contradictorias. Esa dispersión, escriben, ha profundizado su dolor y ha incrementado su desconfianza.

La solicitud que elevan al juez es concreta: que se ordene a la Fiscalía entregar el expediente completo, habilitar las copias forenses y responder de fondo a cada requerimiento. Solo así –afirman– podrán ejercer sus derechos como víctimas, contribuir al avance de la investigación y evitar que la muerte de Valeria quede atrapada en silencios y trámites.