El drama de los afiliados a la EPS SOS y Savia Salud: quejas, tutelas, interventores suspendidos y crisis financiera

“Reclamar medicamentos se ha vuelto un desastre en las droguerías asignadas por la EPS SOS. Después de varias horas, no hay medicamentos”, escribió un usuario en la plataforma X. “Haciendo fila desde las cuatro de la mañana y otra vez no hay medicamentos para diabetes e hipertensión, qué karma pagamos los usuarios de EPS SOS”, dijo otro usuario sobre la EPS intervenida por el Gobierno, precisamente para mejorar su situación financiera y la atención a sus usuarios.

Estas son algunas de las decenas de quejas de usuarios de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) enviadas a la Superintendencia Nacional de Salud en redes sociales. Pero esta no es la única entidad promotora de salud en aprietos. También se ven varios reclamos sobre la EPS Savia Salud.

“Imposible agendar una cita con Savia Salud y Metrosalud. ¡Por ningún mecanismo sirve! ¿Cómo se piden citas para afiliados de Savia?”, afirmó un usuario. “¿Quién responde cuando una EPS como Savia Salud no tiene medios reales para pedir citas? Vulneran el derecho a la salud”, aseguró otro.

En junio de 2023, la SuperSalud efectuó la intervención forzosa administrativa de la EPS Savia Salud por el mal manejo de recursos públicos, el aumento en las quejas por la asignación de consultas médicas especializadas, barreras en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a servicios de imagenología. Casi un año después, en abril de 2024, también intervino la EPS SOS por incumplimientos en sus finanzas, en la atención de quejas y por fallas en la atención a los usuarios.

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En ambos casos, la Supersalud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios; reemplazó al representante legal y a la junta directiva, y en su lugar designó agentes interventores. Estos funcionarios son personas encargadas de actuar como representantes legales y administradores de la entidad para garantizar el aseguramiento en salud, la continuidad en la prestación del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

Sin embargo, en los últimos días, la Procuraduría General de la Nación ordenó suspender por tres meses a los actuales agentes interventores de la EPS SOS, Carlos Alberto Betancur Castañeda, y de la EPS Savia Salud, William Humberto Salgado Gamboa, por el incumplimiento de sus funciones.

La entidad explicó que en ambos casos detectó “un deterioro en la sostenibilidad financiera”, al evidenciar un aumento de los gastos administrativos y el crecimiento de los pasivos, así como el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados, el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela durante las intervenciones.

De hecho, ya había un antecedente con EPS Savia Salud. La Supersalud, en julio de 2025, había emitido una medida cautelar contra esta entidad para que, en un plazo que no excediera cinco días hábiles, entregara 41.811 medicamentos e insumos pendientes con corte al 25 de junio de ese año. También le ordenó asistir a reuniones de seguimiento y verificación del avance en la entrega, y anunció una serie de auditorías a los operadores logísticos involucrados. Esto ocurrió antes de que Gamboa fuera nombrado como agente interventor en noviembre.

También la Procuraduría ordenó la apertura de investigación contra los exagentes interventores de la EPS Servicio Occidental de Salud, Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Sergio Andrés Gil Celis, así como contra los exinterventores de Savia Salud, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Óscar Gálvez Mateus.

¿Qué pasará con los usuarios?

Cuando las EPS SOS y Savia Salud fueron intervenidas, continuaron con normalidad los servicios de salud. Los usuarios no tuvieron que cambiar de médico ni solicitar nuevas autorizaciones para trámites y citas ya aprobados. Tampoco se cambiaron las droguerías autorizadas para la entrega de medicamentos, hospitales ni clínicas asignadas para los afiliados.

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En otros procesos, el Gobierno ha garantizado la continuidad del acceso a la salud. Por tanto, si un agente interventor es suspendido, los servicios deben seguir ofreciéndose sin interrupciones mientras se adoptan nuevas decisiones administrativas.