Gobierno califica de inaceptable suspensión del traslado de ahorros a Colpensiones

El choque entre el Gobierno nacional y las altas cortes por la reforma pensional sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Consejo de Estado de frenar, de manera provisional, el traslado masivo de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones. La medida desató una fuerte reacción del Ejecutivo, que calificó la determinación como “inaceptable”.

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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó la rapidez con la que el alto tribunal adoptó la medida cautelar y advirtió que esta decisión detiene el traslado de los ahorros de cerca de 120.000 trabajadores que habían optado por el Régimen de Prima Media. Según el Gobierno, la suspensión termina favoreciendo a los fondos privados y afecta los intereses de los afiliados.

Consejo de Estado frena traslado de recursos pensionales

La decisión judicial fue adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que ordenó frenar temporalmente el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos previsto en el decreto 415 de 2026. El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar le dio trámite urgente a una de las demandas contra la norma e incluso resolvió suspender sus efectos antes de escuchar formalmente al Gobierno.

En el documento, el tribunal advirtió que el decreto podría generar consecuencias irreversibles en el sistema pensional, especialmente por su impacto financiero. Además, señaló que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al reglamentar la reforma, introduciendo cambios que no estaban contemplados en la ley.

¿Por qué el tribunal cuestiona el decreto del Gobierno?

Uno de los puntos centrales de la controversia es el alcance del traslado de recursos. Mientras la reforma permitía mover los ahorros de personas que ya consolidaron su derecho a pensión, el decreto incluyó también a afiliados que aún no cumplen con los requisitos para jubilarse. Para el Consejo de Estado, esta ampliación constituye una extralimitación.

El documento judicial también advierte que sustituir las condiciones fijadas por la ley por nuevas reglas podría afectar el equilibrio del sistema y generar impactos financieros difíciles de revertir.

El decreto 415 hacía parte de la estrategia del Gobierno para implementar aspectos de la reforma pensional, pese a que esta permanece parcialmente suspendida por la Corte Constitucional de Colombia. En particular, el Ejecutivo se apoyó en disposiciones vigentes como la llamada “ventana pensional”, que permite el traslado entre regímenes a personas cercanas a pensionarse.

Con base en esa interpretación, el Ministerio de Trabajo ordenó a las administradoras de fondos privados transferir los recursos a Colpensiones en un plazo de hasta 30 días. La medida impactaba tanto a más de 22.000 jubilados ya trasladados como a cerca de 97.000 afiliados en proceso de cambio de régimen.

Advertencias del sector y disputa jurídica

El decreto también generó alertas en el sector privado. La Asofondos había advertido previamente sobre posibles irregularidades y acudió a la Corte Constitucional para solicitar medidas que evitaran la ejecución de la norma. En su momento, el gremio señaló que el Gobierno podría estar desconociendo decisiones judiciales vigentes.

Mientras tanto, el proceso judicial apenas comienza. El Consejo de Estado deberá decidir de fondo si anula o no el decreto, en un trámite de única instancia. Para ello, entidades como los ministerios de Hacienda y Trabajo deberán sustentar la legalidad de la medida y explicar cómo fue estructurada.

En paralelo, la Corte Constitucional continúa sin resolver de manera definitiva la validez de la reforma pensional, lo que mantiene en incertidumbre el futuro del sistema. Por ahora, la suspensión del decreto representa un nuevo freno a los planes del Gobierno y profundiza la tensión institucional en torno a uno de los cambios más ambiciosos de su agenda social.