Ministro de Defensa ordena investigación por minería ilegal en base militar en Caucasia
El ministro de Defensa ordenó una verificación inmediata tras las denuncias sobre presunta explotación de minera ilegal en terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia.
Por: Nataly Ríos
El Ministerio de Defensa anunció una investigación urgente luego de conocerse una denuncia periodística de actividades de minería ilegal en predios de una base militar en el municipio de Caucasia, Antioquia. La decisión fue comunicada por el jefe de la cartera, el general retirado Pedro Sánchez, quien aseguró que habrá “cero tolerancia” frente a cualquier posible relación entre integrantes del sector defensa y estructuras criminales dedicadas a delitos ambientales.
Según indicó el ministro, la orden impartida busca esclarecer los hechos revelados recientemente en medios de comunicación y establecer si existieron omisiones, conductas irregulares o eventuales vínculos con redes dedicadas a la extracción ilícita de minerales.
“En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”, señaló el ministro.
El funcionario fue enfático en advertir que no habrá margen para la impunidad: “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”.
El pronunciamiento se da en medio de la ofensiva nacional contra la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en varias regiones del país. “Cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales. Este año, hemos intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal. Esto representa un aumento de resultados superior al 40 por ciento en comparación con el año anterior”, escribió Sánchez en su cuenta de X.
Las autoridades también señalaron que han fortalecido operaciones contra otras economías ilícitas como el narcotráfico, señaladas de financiar estructuras como el EGC-Clan del Golfo, el ELN y las disidencias armadas de alias Calarcá y alias Mordisco.
El funcionario agregó su respaldo a los uniformados que cumplen sus funciones en el territorio. “Expreso mi respaldo a nuestros militares y policías que honran la institución y combaten con toda la determinación a estos carteles criminales”, agregó el ministro.
Finalmente, el Gobierno reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilegales a través de las líneas habilitadas por las autoridades, garantizando absoluta reserva en la información suministrada.
Denuncias por minería ilegal en Caucasia
La reacción del Ministerio de Defensa se produjo luego de que saliera a la luz un informe periodístico realizado por Federico Ríos para The New York Times donde reveló que en Caucasia, Antioquia, la minería ilegal de oro habría llegado hasta el perímetro de una base del Ejército Nacional.
De acuerdo con la investigación, imágenes captadas con drones y testimonios de trabajadores evidenciaron operaciones extractivas ilegales en terrenos bajo control de la Fuerza Pública. Según los relatos recaudados, los mineros deben pagar al grupo armado ilegal Clan del Golfo un impuesto por el derecho a explotar La Mandinga y lo que enciende las alertas sobre la influencia de estructuras criminales incluso cerca de instalaciones oficiales.
Inicialmente, el comandante de la base militar, el coronel Daniel Echeverry, negó la existencia de actividades mineras dentro del predio. No obstante, tras una inspección en la zona se constató la presencia de la explotación ilícita, situación que llevó a ordenar el retiro inmediato de quienes se encontraban operando allí.
Durante ese procedimiento se registraron tensiones entre soldados y trabajadores. Parte de la maquinaria usada en la extracción fue quemada, mientras algunos mineros reaccionaron con amenazas y y palos en contra de los militares.
Tras estos hechos, el ministro de Defensa ordenó una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y esclarecer si existió tolerancia o permisividad frente a economías criminales a pocos metros de una unidad militar.
Otra línea de investigación revelada por The New York Times señaló que parte del oro extraído ilegalmente en esta mina estaría llegando incluso a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, entidad encargada de fabricar monedas oficiales de inversión respaldadas por el gobierno de ese país. Cada año, esa institución comercializa más de 1.000 millones de dólares en monedas de oro certificadas como material “100 por ciento estadounidense”.
Sin embargo, según el informe periodístico, detrás de esa certificación existiría una cadena de suministro que permite el ingreso de oro extranjero, buena parte de él proveniente de explotaciones ilícitas, que luego sería mezclado y legalizado antes de entrar al mercado formal. La investigación advierte que el sistema convertiría a la Casa de la Moneda en el último eslabón de una red internacional que blanquea minerales obtenidos de manera irregular para abastecer la alta demanda global.
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