Caso UNGRD: Wadith Manzur pide apartar al magistrado Héctor Alarcón y argumenta trato desigual en su detención
El senador electo, quien permanece privado de la libertad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un documento de 14 páginas en el que cuestiona la imparcialidad del togado y sostiene que las pruebas utilizadas para justificar su arresto no lo mencionan.
Por: Juan David Cano
Este jueves 23 de abril, el senador electo Wadith Manzur renunció a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el órgano que investiga a aforados constitucionales, entre ellos al presidente de la república. Horas después, presentó una recusación contra el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y paralizó una audiencia en la que cuatro congresistas vinculados al caso UNGRD discutían un recurso de apelación contra la decisión que los llamó a juicio el pasado 11 de mayo.
El senador electo, oriundo de Córdoba y militante del Partido Conservador, permanece privado de la libertad como parte del proceso que investiga el presunto saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la investigación, varios congresistas habrían acordado votar a favor de iniciativas del Gobierno de Petro en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de obra y mantenimiento administrados por esa entidad.
El argumento central: una prueba que no lo menciona
La recusación, de 14 páginas, no cuestiona el proceso en términos generales. Se concentra en un elemento puntual: un manuscrito hallado durante el allanamiento a la vivienda de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, exasesora del Ministerio de Hacienda. Ese documento fue uno de los soportes que el magistrado Alarcón utilizó en su aclaración de voto para respaldar la medida de aseguramiento que hoy mantiene a Manzur detenido.
El problema, según el escrito, es que ese manuscrito no contiene el nombre del congresista en ninguna parte. En cambio, sí menciona a otros dos parlamentarios: Liliana Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya. A ellos, el magistrado no les impuso medida privativa de la libertad.
Para Manzur, esa diferencia de trato no tiene justificación y argumenta que, si el documento fue la base para detenerlo, pero no aparece en él, la prueba debió valorarse a su favor y no en su contra. Y si el mismo documento menciona a otros congresistas sin que eso derivara en su detención, la aplicación del criterio fue desigual.
“Se me impone la medida más drástica restrictiva de la libertad, lo que es un trato diferencial e injustificado en mi contra, que quebranta el principio de igualdad y de imparcialidad”, indicó en el texto.
Por eso el escrito pide que Alarcón Granobles sea separado del conocimiento de todas las actuaciones futuras del expediente que agrupa el caso UNGRD en la Corte Suprema.
Otro eje de la recusación es el comportamiento del magistrado durante el debate interno sobre las medidas de aseguramiento. Según Manzur, Alarcón modificó su postura en varias ocasiones antes de terminar apoyando la detención, lo que a juicio de la defensa evidencia falta de consistencia y pone en duda su imparcialidad en el caso.
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